Los despachos que litigan contra España por las renovables denuncian prácticas intimidatorias por parte del Gobierno

Un ejemplo de esta estrategia se vio en el pleito abierto por la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, en Alemania contra la empresa energética local RWE, en un intento de que la Justicia del país le impidiera acudir a los tribunales de Estados Unidos para exigir al Reino de España el pago de la compensación de 28 millones de euros reconocida en un arbitraje internacional y que el Gobierno se ha negado a abonar hasta la fecha.

Noticia Relacionada

La última idea para atraer inversiones a España: un escudo fiscal a prueba de gobiernos

Bruno Pérez

En la resolución judicial, a la que ha tenido acceso ABC, se refleja como el Estado español insta a la Corte alemana a imponer una sanción económica de hasta 250.000 euros o alternativamente una pena de prisión de seis meses por cada infracción cometida, «que se aplicará contra el representante legal respectivo». El Gobierno español entiende que la reclamación del pago de un laudo arbitral por una empresa de la Unión Europea a un país de la UE incumple la legislación comunitaria y, por tanto, es ilegal.

Como ya publicó ABC, la Corte de Essen rechazó por «inadmisible e infundado» el recurso interpuesto por el Ministerio de Transición Ecológica español con el objetivo de que las autoridades alemanas impidieran a RWE acudir a las instancias jurisdiccionales de Estados Unidos para instar la ejecución del arbitraje internacional, pero la agresiva estrategia jurídica empleada por las autoridades españolas no ha pasado desapercibida.

Para Nick Cherryman, socio fundador del despacho Aavagard, bufete especializado en la resolución de disputas internacionales y representante legal de uno de los actores que litiga contra España a cuenta de la retirada de las primas a las renovables, «la aplicación de este tipo de tácticas intimidatorias es un proceder lamentable e impropio de un país miembro de la Unión Europea, ya que es un tipo de comportamiento que vemos por parte de dictaduras o países fallidos o discordantes de otras partes del mundo».

Fuentes de grandes despachos españoles especializados en este tipo de litigios confirman que en efecto se trata de una práctica bastante inusual y que si ya es extraño que se pida una multa económica a los representantes legales de la contraparte, que se acompañe de una posible pena de prisión es mucho más insólito.

Según fuentes jurídicas, España arrastra una carga todavía no asumida de más de 1.500 millones de dólares (más de 1.400 millones de euros) por laudos arbitrales contrarios a sus intereses a cuenta de la retirada de las primas a las renovables que dictó el Gobierno de Mariano Rajoy.

La estrategia del Gobierno español hasta la fecha ha sido dilatar el pago de esos laudos con el argumento de que la legislación comunitaria le impide ejecutar los laudos arbitrales dictados a favor de empresas europeas y con el motivo jurídico de que ese pago podría ser considerado una ayuda de Estado. La Abogacía del Estado ha tenido incluso el respaldo de la Comisión Europea en su batalla legal por impedir que los fondos y las empresas afectadas acudan a jurisdicciones como Reino Unido, Australia o Estados Unidos para instar la ejecución de esos laudos desde fuera de la UE o incluso para embargar bienes y derechos españolas para hacer efectivo ese pago.

«La Abogacía del Estado ha perdido la gran mayoría de las denuncias que han sido efectivamente juzgadas mediante los procedimientos de arbitraje contemplados en el derecho internacional», subraya Nick Cherryman. «El Reino de España debe hoy más de 1.500 millones a las empresas afectadas, que invirtieron 70.000 millones para hacer de España una potencia en el ámbito de las energías renovables y que han sufrido un trato lamentable y contrario a los principios elementales de la seguridad jurídica y el imperio de la ley», asegura el abogado. «En vez de cumplir las sentencias, España se ha lanzado a una huida hacia adelante que ya ha supuesto un despilfarro de más de 250 millones en honorarios de abogados y consultores, condenas en costas y acumulación de intereses de demora, e incluso ha provocado el 'default' de diversos títulos de deuda, encareciendo la financiación del Tesoro», remacha.