El desafío de dar forma a una nueva era desde un presente incierto

Si tenemos en cuenta todas estas edificaciones y las previsiones de un 3,5% en la actividad de construcción en España, podríamos solo hablar del lado más positivo del sector de las infraestructuras. Sumando además que el Estado va a recibir 163.030 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): 79.870 millones en subvenciones a fondo perdido y 86.160 millones en préstamos financieros. Aumenta la inversión, llega dinero de Europa y el país cuenta con empresas fuertes con talento capaces de dar respuesta a los desafíos del sector. Sin embargo, hay obstáculos que no dejan al sector crecer como debería y hay elementos que juegan en su contra, como el aumento del precio de los materiales o la incertidumbre que traen consigo los posibles aranceles de Donald Trump.

Anna Merino, socia de Economics en Strategy, consultoría estratégica de PwC, habla del rol de especial importancia de la obra civil por su contribución a la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo social y económico como carreteras y puentes, depuradoras, redes de distribución de agua, centros de datos, etc. «Las infraestructuras modernas impulsan el crecimiento de la productividad y la competitividad, la salud pública y la calidad de vida, ayudan en la conectividad y a abordar el reto demográfico, así como la transición energética», resalta. Además de los beneficios sociales mencionados, en 2022 la construcción de todas estas infraestructuras tuvo un impacto en la economía española de 18.352 millones de euros de PIB y 272.875 empleos. «Por cada millón de euros invertido se generan 780.571 euros en PIB y 12 empleos. Para un país, una elevada calidad institucional, un capital humano capaz de incorporar al sistema productivo los avances que se generan, así como unas infraestructuras adecuadas son elementos esenciales para el desarrollo económico», puntualiza Merino.

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Desde Seopan, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, creen que el plan de rearme europeo es una oportunidad para impulsar la red de infraestructuras estratégicas transfronterizas y facilitar, entre otros aspectos, el transporte de equipos pesados por ferrocarril. «Es una oportunidad para las infraestructuras y no debemos dejarla de lado», afirma Julián Núñez, presidente de la entidad. «La sostenibilidad y la resiliencia son ejes prioritarios en la política de infraestructuras global y nacional, contando para ello con el impulso del PRTR, que ha movilizado 15.279 millones de euros en licitación de obra civil en 2019-2024», añade. Su reciente y último informe de necesidades de inversión en infraestructuras en España realizado con la ingeniería Sener identifica múltiples líneas de inversión relacionadas con la modernización y adaptación sostenible de infraestructuras, que representan más de 113.000 millones de euros en modernización de infraestructuras de transporte (55.000 millones), del ciclo integral del agua (44.500 millones) y de medio ambiente y de equipamiento público (14.200 millones).

Núñez recuerda que el crecimiento esperado del 3,5% se debe al incremento de la edificación residencial de obra nueva (+9%) y, en menor medida, por la rehabilitación de viviendas (+3,2%). «La obra civil, sin embargo, mostrará un crecimiento más moderado (+1,4%), debido a la finalización del impulso del PRTR en la contratación pública, impulsado por el Estado (+2,3%) y con un crecimiento limitado en comunidades (+0,5%) y administraciones locales (-1,3%)», añade. En cuanto a la edificación no residencial, se estima un crecimiento del 1,7% en 2025, apoyado en el aumento de la licitación pública de equipamiento social (+32%) y de edificación no residencial pública (+15%), «aunque la actividad privada continúa en descenso (-8,1% en superficie visada), y en rehabilitación residencial continúa la tendencia positiva del pasado ejercicio, con un aumento previsto del +3,2% inherente al crecimiento de metros cuadrados autorizados para reforma en 2024», puntualiza. El presidente de Seopan recuerda que la prioridad para la obra civil sigue siendo la reforma de la regulación y práctica de la contratación pública «para alcanzar el objetivo de inversión pública que el país necesita en creación y modernización de infraestructuras, de 350.000 millones de euros en la próxima década».

Miriam Martínez García, directora del Máster Universitario de Planificación y Gestión de Infraestructuras de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), considera que uno de los retos más relevantes que enfrenta el sector es «la optimización de la explotación de las infraestructuras apoyándose en una adecuada digitalización de las mismas. Aún queda mucho camino por recorrer en algunos sectores de la ingeniería civil, a nivel global», resalta. La introducción del IoT o de la Inteligencia Artificial (IA) son los pasos que ya estamos comenzando a dar, «y sin duda el Gemelo Digital (DT) que revolucionará las operaciones en nuestras infraestructuras. La hibridación de la ingeniería civil con la tecnología es sin duda nuestro futuro», puntualiza.

Recuerda que el sector está poniendo un gran énfasis desde hace tiempo en el diseño y la construcción de infraestructuras capaces de resistir los efectos del cambio climático, mediante el empleo de materiales y técnicas que aumentan la durabilidad y la adaptabilidad de las infraestructuras, haciéndolas más resilientes, con el uso de tecnología LED, los sistemas inteligentes de transporte (ITS), el reciclaje de materiales de construcción, etc. «Además, se sigue innovando en formas de construcción nuevas, más eficientes, que generen menos consumo energético, menos residuos, etc.», señala.

Tal y como recuerda la docente, una buena planificación surge del conocimiento y del análisis de la realidad, y de la proyección a futuro de las necesidades reales, «y sin duda siempre requiere información de partida verosímil, esto no ha sido siempre así lamentablemente, y tenemos unas cuantas muestras de ello en nuestra geografía». Señala que la gestión de las infraestructuras es un rol habitual en los ingenieros, y «solemos tener conocimientos técnicos de base, pero no tan específicos como se requiere en una empresa concesionaria, por ejemplo, o en la Administración y en particular se adolece de formación económica, esta suele ser nuestra asignatura pendiente», reflexiona. La Escuela de Ingenieros de Caminos de la UPM, desde el Máster en Planificación y Gestión de Infraestructuras, está aportando su granito de arena para complementar la buena formación de base de los ingenieros que realizan la planificación y explotación de infraestructuras. «La DANA del pasado octubre puso en evidencia muchas deficiencias en algunas infraestructuras», añade.

«Los ingenieros nos tomamos muy en serio el mantenimiento de las infraestructuras, pues somos conscientes desde nuestra época de formación que las infraestructuras tienen una gran relevancia en las vidas de las personas», asegura Miriam Martínez García. El problema está en que la toma de decisiones a este respecto «las deben tomar las Administraciones, nosotros nos limitamos a ejecutarlo», añade.

Para el catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la UMP la cuestión de la planificación y gestión de infraestructuras trae heridas o cicatrices, pero cree que desde la perspectiva universitaria hay que ser honesto. «En primer lugar, en relación con el agua es necesario retomar la idea de un Plan Hidrológico Nacional, protección frente a inundaciones, eventos extremos, realización de encauzamientos y necesidades de presas, limpieza de ríos y transferencia de las competencias al Ministerio de Transportes», resalta. Un segundo aspecto con relación al mar, echa en falta «un plan de Costas para analizar las causas y posibles recuperaciones de la débil y frágil franja que son las playas sujetas al cambio climático y la subida del nivel del mar». En el campo de la energía, «la apuesta por la energía limpia y las centrales nucleares de última generación».

Concha Santos, presidenta de ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas (responsables del 20% de la obra pública que se ejecuta en España) resalta dos problemas fundamentales en la contratación pública. Por un lado, «el desajuste de los precios de licitación con la realidad de los costes de ejecución de las obras y los riesgos que asumen las empresas contratistas, que conlleva el riesgo de licitaciones desiertas». Y por otro, «la complejidad y rigidez de los procedimientos ligados a la fase de ejecución, que limita la capacidad de gestión del director de obra, lo que complica una gestión ágil, afectando a los plazos». Algo que afecta por igual a todos los contratos, independientemente de su envergadura o complejidad técnica, por lo que hay que enfocarse en reformas que puedan optimizar el sistema en su conjunto.

«Entre ellas cabría destacar la modificación del mecanismo actual de revisión de precios, de manera que sea automática en todos los contratos y que además incluya la revisión de la mano de obra en un entorno como el actual, de aumento continuado de los costes laborales; la revisión de la regulación de las ofertas anormalmente bajas para evitar el riesgo de viabilidad de los contratos, o la simplificación de la compleja tramitación del sistema actual de modificados para evitar las demoras en los plazos durante la ejecución contractual», pone como ejemplos. No obstante, además de reformar ciertos aspectos de los procedimientos de la contratación pública, hace falta igualmente «hacer un uso adecuado de los mismos a fin de optimizar la eficiencia del gasto público y maximizar el retorno al ciudadano».

Esta semana Seopan presentó ante la prensa su habitual informe anual que recoge la situación del sector y los desafíos que tiene por delante y uno de los temas abordado fue precisamente la modernización en la contratación pública. «Trabajamos en una propuesta importante para una ley de contrato en el sector público que queremos discutir con el Gobierno», explicó Julián Núñez. Esta asociación apunta que el sector requiere de diversos cambios regulatorios relacionados con la necesaria obligatoriedad de la revisión de precios y la reactivación del modelo concesional para realizar las inversiones prioritarias que urgen en el país, el impulso de los modelos colaborativos para mejorar la eficiencia en la contratación pública y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos, la limitación del uso de medios propios por parte de las administraciones públicas y la renovación de un sistema de clasificación de contratistas ineficiente y obsoleto.

Cabe recordar que son varios los materiales sujetos a un gran aumento de precios en 2024, como el acero (+36%), aluminio (+12%), electricidad (+54%), gas (+29,6%) y cemento (+5,6%). De ahí que pidan restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, eliminada en 2015 por la Ley de Desindexación. Además, para Seopan es prioritario ampliar el límite máximo revisable de la revisión excepcional de precios del 20% al 30% para reequilibrar los contratos de obras anteriores a 2021, al comprometer gravemente la ejecución de importantes proyectos de alta velocidad y de carreteras del Estado.