El denunciado por suplantar a ACS dice a la jueza que todo es «una venganza de Florentino»

Tal y como desveló ABC, ACS y la abogada del propietario de la finca extremeña donde se erige una de las mayores plantas solares de Europa, se querellaron contra el intermediario después de éste intentara reunirse con el dueño del terreno para hacerle una oferta «en nombre de ACS». Para ello usó un correo electrónico del grupo Cobra, antigua filial de la empresa de Florentino Pérez, y tarjetas de visita de ACS. La multinacional denunció que Gómez Carpintero no tenía relación laboral alguna con ellos en el momento de los hechos ni tampoco mandato para comprar la finca. El quid de la cuestión está en que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obliga a Iberdrola a devolver la finca al propietario original, al que se la habían expropiado, y desmontar la mayor parte de la planta. Los denunciantes intuyen que el querellado fingió actuar de parte de ACS porque es sabida la animadversión de Florentino Pérez con Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y que quizás por ese motivo el dueño original de los terrenos accedería a venderlos.

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El intermediario insistió ante la jueza que «en ningún momento» habló en nombre de ACS y justificó haber usado un correo del grupo constructor porque era suyo y legítimo (fue dado de baja cuando trascendieron los hechos). Gómez Carpintero, que sólo respondió a su abogado, manifestó que intentó contactar con el dueño de la finca pero no realizó oferta en nombre de nadie, «sólo quería conocer el estado de la finca y hacer una oferta a título particular», informan a este diario fuentes jurídicas.

Respecto a la supuesta deuda de 25 millones de euros, fuentes próximas al querellado reconocen a ABC que no los han reclamado por vía judicial porque no han encontrado un bufete idóneo para enfrentarse a ACS, pero especifican que sí enviaron sendos burofaxes a Florentino Pérez y a José María Castillo, consejero delegado de Cobra, exigiendo esas comisiones por distintas intermediaciones en el extranjero.

Gómez Carpintero, en un correo electrónico incorporado a la causa, manifestó esto: «Tal y como te expliqué, mi contrato en el grupo ACS es directamente con el consejero delegado, y soy el único que trabaja con estas condiciones, y no me interesa que se haga público. Es por este motivo que te ruego le digas a la señora letrada que no autorizo a hacer público este mail, ni mi contacto». El intermediario asegura que mantiene «contratos en vigor», pero que en ningún caso iba a hacer una oferta en nombre de ACS.