La deficiencia institucional y regulatoria echa el freno de mano a la economía española

El documento plantea un escenario paradójico: la economía crece, pero lo hace altamente condicionada no solo por un entorno internacional convulso, sino también por unos pilares que se tambalean -deficiencia institucional y regulatoria- y lastran la actividad empresarial, la variable más debilitada del ciclo actual. Si bien la inversión ha aumentado, esta lo ha hecho de manera muy limitada, apenas un 4,8% por encima de los niveles de finales de 2019, lo que demuestra la escasa propensión de la empresas a invertir, especialmente en sectores tradicionales. Entre los culpables, este contexto institucional que, lejos de alentar, mina la confianza del empresario y, en, consecuencia las decisiones de inversión.

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En este sentido, nuestro país sale mal parado con respecto a la media de la UE y la OCDE en los principales indicadores que miden la eficiencia regulatoria, el control institucional y la estabilidad política. De hecho, el 60,4% de las empresas españolas consideran que la regulación es el principal obstáculo para invertir, más del doble que la media de la UE (24,5%).

El informe refiere una deficiencia regulatoria nacional un 33,4% superior a la media de la UE y de la OCDE. Con una puntuación de 133,4, España ocupa el puesto 12 de 38. Para confeccionar este índice los componentes en los que se basa son: Estado de derecho, justicia civil, calidad regulatoria y propiedad física, lo que explica la vergonzosa puntuación y muchos de los problemas que obstaculizan la competitividad y el desarrollo económico. Desde limitaciones en la rapidez y accesibilidad de los procesos judiciales, pasando por una falta de confianza en la Administración o la excesiva burocracia que actúa como barrera al sector privado, hasta la «deficiente gestión» de la ocupación ilegal de viviendas.

En la misma línea, nuestro país presenta mayor debilidad que el promedio de UE y la OCDE en aquellas instituciones destinadas a supervisar el ejercicio del poder público que el promedio de la UE. A la vanguardia, España se sitúa entre los quince países de la OCDE que mayor presencia de corrupción presentan, concretamente ocupa el puesto 14 de 38 al obtener un valor de 10,3 sobre 100, según el indicador de corrupción política del IEE. Los datos hablan por sí solos, la desvirtuación y degradación institucional arrastra al país a una pérdida de confianza, esencial para los agentes económicos y la población en general.

Finalmente, en el índice de inestabilidad institucional, España recibe una puntuación de 141,1, valor por encima de la media de la OCDE (114,9) y un 41,5% superior al promedio de la UE. Esta baja puntuación refleja la limitada capacidad de nuestras instituciones para generar un entorno estable y predecible que anime tanto a la inversión empresarial como a la atracción de capital extranjero.

Así las cosas, el IEE recalca la importancia de la calidad institucional y regulatoria como «uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento óptimo de una economía de mercado«. De no producirse una simplificación normativa, la mejora del control institucional, el fomento la competencia empresarial y la reducción de cargas fiscales y regulatorias, España corre el riesgo de consolidar una economía dual, donde el crecimiento económico venga determinado por esta debilidad estructural.