La declaración de la renta de este año llega con cambios de última hora para los parados y los mutualistas

En las últimas semanas, al compás del permanente vaivén regulatorio que se ha instalado esta legislatura, el Gobierno ha tocado una serie de disposiciones con una incidencia muy significativa en la declaración de la renta de este año y que afectan a colectivos como los antiguos mutualistas o los parados. Este año, más que nunca, hay que estar al día para hacer la declaración de la renta. Estas son las principales cuestiones que debe conocer.

El próximo miércoles, 2 de abril, arrancará la que se prevé como la campaña de renta más multitudinaria de la historia. A la espera de que la Agencia Tributaria presente sus expectativas oficiales, en las reuniones internas mantenidas hasta la fecha se ha hablado de la posibilidad de que hasta dos millones de nuevos contribuyentes hagan la declaración, según fuentes sindicales. El fuerte crecimiento del empleo y la estrategia fiscal del Gobierno, orientada a que cada vez más perceptores de rentas presenten la declaración, ha incrementado en cerca de cuatro millones la base de declarantes del IRPF y se espera que este año la cifra total supere los 25 millones de declarantes, que suponen más del 80% de los perceptores de rentas. Y ello pese a que el umbral de renta que activa la obligación de declarar cuando se tiene más de un pagador y una segunda renta superior a 1.500 euros pasará este año de 15.000 euros a 15.876 euros, en línea con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El umbral general que marca la obligación de declarar con un solo pagador permanece en 22.000 euros.

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Desde hace semanas los contribuyentes pueden solicitar sus datos fiscales a la Agencia Tributaria, pero no será hasta este 2 de abril cuando puedan empezar a presentarse las declaraciones. Se podrá hacer por los cauces habituales. Por vía telemática, a través del programa Renta Web, al que se puede acceder a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria (https://sede.agenciatributaria.gob.es); de manera telefónica; o de forma presencial, tanto en las sedes de la Agencia Tributaria, como en las oficinas habilitadas por comunidades autónomas y entidades locales. Las declaraciones podrán presentarse hasta el 30 de junio o hasta el 25 de junio si el pago se hace vía domiciliación bancaria. Una de las principales novedades de este año afecta al medio de pago. Desde este año los pagos de la declaración de la Renta podrán hacerse por tarjeta de crédito o débito o a través de la aplicación Bizum.

Los cientos de miles de antiguos mutualistas a los que el Supremo reconoció el derecho a ser compensados por los impuestos pagados de más por sus aportaciones a la jubilación entre 1967 y 1978 llegarán a la campaña de renta sin saber a qué atenerse. Hacienda decidió revocar en diciembre el sistema de devolución rápida dispuesto en la última campaña por la Agencia Tributaria y que hasta noviembre había permitido devolver más de 1.300 millones a los afectados. La avalancha de solicitudes recibida reveló que la estimación de coste de 1.700 millones que se había calculado inicialmente se había quedado corta y que la factura podía rozar los 6.000 millones, lo que aconsejó acometer un cambio para repartir esa factura durante los cuatros siguientes ejercicios, hasta el año 2028. La maniobra desencadenó una lluvia de críticas al Gobierno y alguna iniciativa parlamentaria para restaurar el sistema original, con visos de mayoría parlamentaria.

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Ante este panorama, la ministra de Hacienda anunció el jueves que se adoptarán las medidas normativas necesarias para liquidar todas las devoluciones pendientes en esta campaña de renta. La pregunta ahora es qué cauce utilizará el Gobierno para regular esto en un periodo tan corto de tiempo. De momento continúa vigente el cambio de diciembre que exige a los mutualistas reclamar su devolución de forma parcial durante los próximos cuatro años.

El otro cambio de última hora afecta a los desempleados. En principio este campaña de renta iba a ser la primera en la que se activara la obligación impuesta por el Ministerio de Trabajo de que todos los perceptores de una ayuda por desempleo tuvieran que presentar la declaración de la renta para poder mantener su prestación o subsidio. El cambio iba a obligar a unos 100.000 beneficiarios que hasta ahora no tenían ese imperativo a presentar declaración y, en la mayoría de los casos, a asumir una carga fiscal que hasta ahora no soportaban. Tal vez por ello Trabajo reculó y hace un par de semanas redactó una instrucción suspendiendo la aplicación de esa obligación al menos para este año, por lo que los desempleados que no tengan esa obligación (por no superar el umbral mínimo que marca la obligación de declarar o por no haber ingresado más de 1.500 euros de un segundo pagador) no tendrán por qué presentar la declaración de la renta.

El paquete de ayudas fiscales aprobadas para los afectados de la dana plantean una serie de singularidades a la hora de declarar. Para empezar las ayudas directas por destrucción o reparación de elementos patrimoniales recibidas por los afectados estarán exentas de tributación en el IRPF, también las que hayan recibido de las empresas a las que pertenecen y serán deducibles los gastos en que hayan incurrido para afrontar esas reparaciones o sustitución de elementos patrioniales. Los profesionales cuyos negocios se hayan visto afectados tendrán una reducción extraordinaria del 25% en sus módulos.

Del mismo modo, las aportaciones para los afectados realizadas por particulares a través de ONG y asociaciones serán deducibles en el IRPF y se beneficiarán de la mejora del tratamiento fiscal de las donaciones introducida por la reforma de la ley de mecenazgo, que permite a partir de la declaración de la renta de este año desgravarse un 80% por los primeros 250 euros de donación y un 40% por la cuantía restante, que podrá elevarse hasta el 45% si la donación venía haciéndose durante los últimos años. Estas ventajas no serán aplicables a las donaciones realizadas a las cuentas de particulares.

No es una obligación fiscal nueva, pero resulta que ahora Hacienda dispone de una información que antes no tenía para exigir su cumplimiento. Las ventas de bienes a través de 'marketplaces' o de servicios ofrecidos a través de plataformas web están sujetas a tributación cuando generan una ganancia patrimonial o un rendimiento económico. Hasta ahora se han movido bajo el radar, pero desde el año pasado Hacienda dispone de información sobre las transacciones realizadas por esta vía y puede detectar cuando un contribuyente lo ha convertido en un rentable negocio. No se trata de gravar los pequeños intercambios entre particulares, sino a los contribuyentes que han convertido esas plataformas en un negocio. Los que acumulen más de 30 operaciones o ventas de bienes y servicios por encima de los 2.000 euros tienen la obligación de declarar su operativa en la renta de este año.

En 2024 y como consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional se aprobó una mejora de la reducción aplicable a los rendimientos del trabajo, que pasará de los 6.498 euros de 2023 a los 7.302 euros, y también de la cuantía sobre la que se aplica desde los 14.047,5 euros hasta los 14.852 euros. La aplicación de esta reducción está limitada a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros (hablamos de salarios brutos de unos 25.000 euros) y se traducirá en un relevante reducción de la carga fiscal de los asalariados con rentas más bajas.

En la campaña de renta de este año entrarán también en vigor los cambios en la reducción sobre los rendimientos del alquiler introducidos por la Ley de Vivienda. La reducción general que hasta la campaña de renta del año pasado permitía a los caseros tributar únicamente por el 40% de los rendimientos generados por sus alquileres se recorta de modo que tendrán que tributar en el IRPF por el 50% de sus rendimientos, salvo que hayan acometido una reforma en la vivienda, lo que les permitiría seguir aplicándose la reducción del 60%, o por un puñado de casos específicos que solo aplicarán sobre los contribuyentes con pisos en zonas declaradas como tensionadas, todas ellas en Cataluña.

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Los caseros que hayan firmado un contrato de alquiler en una zona tensionada con arrendatarios de entre 18 o 35 años o hayan cedido su vivienda a una administración pública podrán aplicarse una reducción mejorada del 70%; y podrá llegar a ser del 90% si además el propietario se ha avenido a reducir un 5% el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

No se aplican en el borrador de la renta y tal vez por eso pasan desapercibidas pero según los datos de Tax Down pueden contribuir a rebajar hasta en 400 euros la factura fiscal de los contribuyentes. Son las deducciones fiscales en el IRPF de las comunidades autónomas, un abanico de cerca de 300 medidas que permiten deducir un amplio espectro de gastos y circunstancias familiares y sociales pero que el 80% de los contribuyentes admite desconocer y solo un 8% de aplica. Según los datos de esa misma firma, un aprovechamiento óptimo de estas ayudas fiscales permitiría elevar el ahorro medio actual de 270 euros que se estima en la actualidad hasta los 400 euros, nada menos.

Un pequeño listado. En Murcia se pueden desgravar los gastos de internet; en la Comunidad Valenciana, hasta un 30% de la cuota del gimnasio; Baleares garantiza una desgravación fiscal a los ciudadanos que fijen su residencia en las islas para ocupar puestos de difícil cobertura; y en Asturias los jóvenes tienen una desgravación general para sus gastos. En los últimos años, las comunidades autónomas se han volcado sobre todo en el mercado de alquiler de vivienda, tanto aprobando ayudas para aligerar la carga que supone a los inquilinos como para estimular a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado.

La Universidad Abierta de Cataluña (UOC) da un listado de consejos a la hora de hacer la declaración de la renta. Algunos son de procedimiento: no dejar la declaración para el último día, revisar el borrador y comprobar que los datos son correctos (la Agencia Tributaria no se responsabiliza si no lo fueran y podría incluso sancionar al contribuyente si incluye en su declaración datos erróneos) y en el caso de los matrimonios chequear si sale mejor hacer la declaración individual o conjunta.

Otros son más de carácter operativo. Recuerdan que las transferencias realizadas por Bizum no hay por qué declararlas, salvo que superen los 10.000 euros; que hay que declarar las ganancias o pérdidas patrimoniales por operaciones con criptomonedas; y conservar los documentos o facturas durante cinco años por si hubiera que documentar alguna operación. Desde Edenred también aconsejan valorar las fórmulas de retribución en especie, que según sus estimaciones pueden permitir ahorrar hasta 1.300 euros al año en la declaración.