El 'cupo catalán' tiene en vilo a más de 3.800 funcionarios de Hacienda

De concederse lo que ERC pide, que no es otra cosa que recaudar el 100% de los impuestos de titularidad estatal en Cataluña, necesariamente esos empleados públicos dejarían de trabajar para el Gobierno central y pasarían a depender del gobierno autonómico. O al menos, es lo que suponen los funcionarios, pues ABC ha contactado con la Asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), y con Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, y ambas coinciden en que aún no se les ha explicado qué sucederá con sus representados en caso de que el PSC y PSOE acaben cediendo a las demandas de los independentistas.

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Daniel Tercero

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La última oferta de la ministra es la creación de un consorcio tributario sobre el que se conocen pocos detalles, más allá de que consistiría en que el Estado y la Generalitat compartieran impuestos.

Claro está, a partir de aquí, apuntan los representantes de ambas asociaciones, lo importante será saber si este ente consorciado se plantea solo como un primer estadio que de paso a una agencia tributaria catalana.

Según ha explicado a ABC José María Peláez, portavoz de la IHE, la impresión general de los inspectores de Hacienda en Cataluña es que se les viene encima un «terremoto» sobre el que no tienen ningún control. En caso de que esa agencia tributaria catalana se hiciera realidad, Peláez deduce que a sus funcionarios les propondrían integrarse en ella, algo que considera una pesadilla a nivel técnico. En primer lugar, porque «la mayoría de inspectores no querrían quedarse en Cataluña», ha explicado. Según el portavoz, buena parte de los inspectores que trabajan allí proceden de otras comunidades autónomas, y esto se debe a que «en Cataluña no hay cultura de oposición», dice.

Por lo que explica Gestha, con los técnicos de Hacienda pasaría algo similar, pues los datos que maneja este sindicato es que la mayoría de ellos rechazaría integrarse en la agencia catalana; es más, según han explicado a ABC, entre sus representados las demandas de traslado ya son más altas que en las otras comunidades.

Son muchas las veces que la IHE y Gestha han alertado contra la cesión de los impuestos a Cataluña, y no solo por los problemas que acarrearía para los funcionarios. Ambas organizaciones coinciden: entregar la «llave de la caja», como se dice, atenta contra la Constitución, que solo reconoce la singularidad de los regímenes de País Vasco y Navarra.

Un efecto inesperado de la quiebra de la Agencia Tributaria, según explica José María Peláez, sería la salida de Cataluña del sistema de información tributaria, que es uno de los activos más importantes de la AEAT, y que supondría un «grave obstáculo en la lucha contra el fraude».

Cierto es que actualmente el País Vasco y Navarra no están en ese régimen común, y de hecho, eso acarrea no pocos problemas. A modo de ejemplo, Peláez explica lo que sucede con el modelo 347, que es una relación informativa que tienen que presentar clientes y proveedores en transacciones superiores a los 3.000 euros. Como las haciendas vasca y navarra no tienen obligación de compartir toda la información con la AEAT, cuando los funcionarios inspeccionan transacciones hechas desde otras regiones de España con estas comunidades autónomas con frecuencia se topan con que falta información; no saben si una de las partes ha presentado el modelo.

Y estas discrepancias de datos se dan con muchas otras operaciones. La salida de la caja común de una comunidad que representa el 19% del PIB español sería como abrir un «agujero negro» informativo, ha zanjado el portavoz de los inspectores.

En lo que inspectores y técnicos difieren es en ese hipotético consorcio tributario que pretende la ministra. Para los primeros no es más que algo a lo que las fuerzas independentistas «se agarran», asegura su portavoz, para conseguir el traslado de la totalidad de la recaudación, aunque sea de manera progresiva.

Gestha, en cambio, sí ve margen para una gestión de los impuestos compartida sin que necesariamente acabe redundando en una entrega de la recaudación a Cataluña. Según ha explicado a ABC el portavoz de este sindicato, José María Mollinedo, la «confusión» generada hasta ahora en torno a este debate ha sido deliberadamente acentuada por la parte catalana, pues los funcionarios estatales y autonómicos podrían integrarse en este ente común sin que se produjera la cesión tributaria que todos temen.