Cuerpo permite que la reducción de jornada de Díaz vaya al Consejo de Ministros sin cambios

La Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) tenía previsto tratar este lunes la reducción de la jornada, una medida que ha provocado varios desencuentros entre Cuerpo y Díaz desde que comenzara el año. Después de una ristra de críticas entre ambos y tras dos reuniones urgentes de los ministros, finalmente acordaron un calendario de tramitación: hoy se estudiaría en la CDGAE, una especie de órgano interministerial donde se tratan los asuntos económicos que irán a Consejo de Ministros. El objetivo de Díaz era que el texto que pactó con UGT y CC.OO. no sufriera ningún cambio, como parece haber sido, según distintas fuentes de esa reunión.

Una vez que pase el filtro de otra comisión, la de los Secretarios de Estado, que se reúnen todos los jueves, el acuerdo será presentado el próximo martes para después pasar a la tramitación parlamentaria. Será ahí cuando comiencen a aparecer distintas dificultades para sacarlo adelante, en un proceso que se anticipa complejo. El Gobierno no tiene la mayoría suficiente como para aprobarlo, ante la postura que han tomado algunos grupos parlamentarios como Junts o PNV, en cierta medida.

Ante esta situación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lleva varias semanas tanteando a los empresarios para valorar qué cambios podría incluir en la norma. Matices que pasarían, por ejemplo, por nuevos periodos de transición para determinados negocios, sin obligar a todas las empresas a implantar la jornada laboral a finales de este año, con tabla rasa, como estaba previsto.

Además, la patronal está planteando a Economía que puedan incluirse periodos transitorios para las micropymes: empresas de menos de 10 trabajadores en las que pasar a las 37,5 horas en los próximos meses, a corto plazo, sería más complicado, recuerdan desde la patronal al Gobierno. En cualquier caso, los sindicatos insisten en que hay mucha pyme que ya está acogida a la jornada reducida por convenio y que la norma, tal y como está planteada, no les afectaría, algo en lo que choca con las patronales.

La otra gran cuestión a tratar será determinar qué ocurre con las empresas que ya tienen en vigor un convenio colectivo recién pactado. Con la nueva ley, tendrían que volver a modificar la parte de la jornada laboral. En este caso, se estudia la posibilidad de dejar desplegar ese acuerdo en esos sectores, provincias o empresas concretas, hasta que culmine su vigencia. Y solamente después ya aplicar la normativa negociada por Díaz.

El Ejecutivo también quiere recuperar buena parte de las ayudas planteadas en la negociación entre Trabajo y los agentes sociales para que los negocios amortiguaran el impacto que sufran. Aunque diversas fuentes consultadas por ABC indican que lo que se está tratando es de concretar qué bonificaciones serían: importes, requisitos, etc. «No pueden ser ideas generales, como hasta ahora», indican fuentes empresariales.