Cuenta atrás para el seguro obligatorio de patinetes a partir del 2 de enero

En la Ley de Seguros de Automóviles, aprobada en las Cortes el pasado mes de julio, el Ejecutivo ha introducido el concepto de vehículo personal ligero, «que son los vehículos a motor eléctrico que circulan por el suelo mediante una o más ruedas, dotados de una única plaza y que pueden alcanzar una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h si su peso es inferior a 25 kg o una velocidad máxima entre 6 y 14 km/h si su peso es superior a 25 kg». Estos vehículos, que son prácticamente todos los patinetes que existen en el mercado, deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. «Se busca aquí compatibilizar el impulso al transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes causados por estos nuevos vehículos», anunció el Gobierno.

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Esta cobertura vendría a ser como el seguro a terceros que ahora tienen los coches. Y al fijar unas condiciones exactas que deben tener los productos, eso obliga a las aseguradoras a cambiar su abanico de ofertas actual ya que hasta ahora era voluntario en la mayoría de casos (algunos municipios sí que habían regulado) y las coberturas eran más bajas de lo que establece la ley.

Entre otras cosas, la normativa marca que los importes de la cobertura de estos seguros tendrán que ser como mínimo de 6,45 millones de euros por siniestro en los daños a las personas y 1,3 millones de euros por siniestro en los daños a los bienes. Importes bastante elevados, como señalan fuentes del sector asegurador, que les obligan a cambiar sus productos. Se desconoce cuántos patinetes puede haber en España pero algunos cálculos apuntan a un millón de vehículos.

La norma establece que los vehículos deberán contar «con un certificado de circulación, estar inscritos en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico y ostentar una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o, en su caso, matrícula, con la finalidad de garantizar la cobertura de las indemnizaciones por los daños personales y materiales a los perjudicados por accidentes en los que intervengan este tipo de vehículos». La realidad es que el Gobierno todavía no ha puesto en marcha el registro de vehículos y el tiempo corre. Hace escasos días el Ministerio de Economía sacó a consulta pública el reglamento de estos vehículos donde se establecen ciertas especificaciones técnicas sin las cuales las compañías todavía no pueden sacar con certeza sus productos.

Fuentes del sector asegurador confirman que las compañías están esperando a la puesta en marcha del registro y la aprobación del reglamento para sacar definitivamente su oferta comercial con toda la normativa ya sobre la mesa. No ocultan su inquietud por el hecho de que falta mes y medio para la entrada en vigor del seguro obligatorio y todavía no tienen visibilidad sobre a lo que atenerse.

Las aseguradoras se encuentran en estos momentos diseñando aún sus productos, y así se puede leer en las páginas webs de algunas de ellas. Una de las grandes incógnitas será el precio al que cada compañía pondrá este producto ya que las coberturas mínimas son muy elevadas en cuanto a la responsabilidad civil.

Hasta la fecha, multitud de compañías contaban ya con seguros voluntarios de patinetes. Es el caso de Axa, Línea Directa, Mutua Madrileña, Mapfre, Zurich, Caser… cada una contaba con un producto particular para cubrir estos vehículos. Los precios de los seguros, hasta la fecha, oscilaba entre los 20 y los 100 euros anuales, pero todo hace indicar que esas cantidades podrían ser mayores una vez entre en vigor la obligatoriedad. En este sentido, algunas entidades dudan todavía de si sacar o no estos seguros ya que hay escasa evidencia previa de siniestralidad.

En la reciente consulta pública que ha sacado el Gobierno para el reglamento, el ministerio recoge que «la irrupción masiva de los vehículos personales ligeros en la circulación urbana ha generado la necesidad de un marco jurídico que aborde la responsabilidad civil derivada de su uso. La principal justificación para esta iniciativa regulatoria reside en la insuficiencia manifiesta de la protección de las víctimas bajo el esquema de aseguramiento actualmente ofrecido por el mercado asegurador», lo cual supone un dardo para las propias compañías del sector. La intención del Ejecutivo «es aplicar un sistema jurídico protector lo más parecido posible al que rige para los vehículos a motor».

En este sentido, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) contará con un papel dentro de la regulación para garantizar la cobertura ante cualquier situación que pueda quedar fuera del marco protector. «En el marco del seguro voluntario actual, el CCS no opera con sus funciones de fondo de garantía. Esta carencia deja a las víctimas desprotegidas en supuestos críticos donde el mecanismo de seguro privado es inoperativo o insuficiente, tales como cuando el vehículo causante es desconocido o el vehículo circula sin el seguro obligatorio preceptivo», indica la consulta pública. Así, cuando el culpable sea desconocido o vaya sin seguro, sería el Consorcio el encargado de cubrir los daños, para luego intentar repercutirlos al hipotético culpable.