CSIF exige al Gobierno que garantice la jubilación parcial anticipada a todo el personal de las administraciones

La organización exige que se proceda «de manera inmediata» a la regulación de este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral, así como la convocatoria de la Mesa de Negociación. «De lo contrario, pondremos nuestros servicios jurídicos a disposición de nuestros afiliados para la defensa de este derecho», anticipan.

El acceso a la jubilación parcial anticipada lleva años aplicándose con normalidad entre el personal laboral del conjunto de las administraciones. Sin embargo, la nueva regulación, fruto del acuerdo al que se llegó el año pasado y que ha sido ratificado en febrero por el Congreso, «pone en riesgo la continuidad de este derecho». CSIF constata que varias administraciones, tanto autonómicas como locales ya han manifestado que paralizarán las solicitudes sobre jubilaciones parciales con contrato de relevo, amparadas en una interpretación restrictiva de la norma, a la hora de compatibilizar esta modalidad de contrato con la regulación y las garantías de acceso al empleo público.

Función Pública se había comprometido a implantar una tasa adicional de empleo para que el personal laboral del sector público pueda seguir jubilándose anticipadamente y a modificar la normativa vigente para que no se pierda este derecho entre los funcionarios. Según han explicado desde UGT, esta tasa adicional de empleo no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado, para que así se puedan sacar más plazas y se pueda aplicar la jubilación parcial con contrato de relevo.

Con este compromiso, se daba solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre y que entrará en vigor a partir del próximo martes 1 de abril.

Además, CSIF defenderá este miércoles en el Consejo General de Muface la continuidad del sistema de mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas) para los trabajadores públicos tras el choque con el Gobierno hasta que se ha llegado a un acuerdo y después de las dudas planteadas por la Autoridad Fiscal (Airef) en su último informe.

La organización sindical considera que el sistema de cobertura sanitaria de Muface, al que se pueden acoger hasta 1,5 millones de trabajadores públicos, ha funcionado «eficazmente durante décadas». Por eso, exigirá que se garantice en el nuevo concierto la asistencia sanitaria de calidad. «No aceptamos que el modelo se ponga en cuestión, como se ha propuesto desde Sumar y sugerido por el propio ministro de Función Pública», indica la organización. «Esperamos que el informe de la Airef no sea una excusa que el Gobierno utilice para desmantelar el modelo, ya que el Ejecutivo ha anunciado en ocasiones su intención de promover una amplia reflexión«.

La Autoridad Fiscal concluía este mismo lunes en un informe que Muface es un sistema ineficiente, que ampara diferencias de trato sustanciales con los usuarios del sistema público en determinadas pruebas médicas y atenciones especializadas, al tiempo que deriva hacia la sanidad pública la atención de las contingencias más graves y más costosas. Por eso, recomienda lo que a simple vista asoma como un desmantelamiento controlado del mutualismo administrativo, por la doble vía de hacer voluntaria la adscripción al mismo -actualmente es obligatoria- y de fomentar la adscripción paulatina de los nuevos mutualistas al sistema sanitario público.

Ante esta coyuntura, CSIF se opone frontalmente a cualquier recorte y tomará las medidas que considere necesarias en su defensa. «Consideramos que el mencionado informe debe servir exclusivamente para mejorar y fortalecer el funcionamiento del mutualismo administrativo (una condición laboral obligatoria para todos los funcionarios una vez que logran su plaza) y en ningún caso debe ser una excusa para iniciar un debate sobre su continuidad«, indican.

Además, exigirá al Consejo General de Muface que garantice en el nuevo concierto la continuidad asistencial -especialmente de los mutualistas de DKV-, que se garanticen y amplíen los cuadros médicos, y que se investiguen los supuestos rechazos de tratamientos oncológicos.