CSIF eleva la presión sobre el Gobierno y llamará a la huelga a los funcionarios si la segunda licitación de Muface queda desierta

La intención del sindicato es llamar a la huelga a los colectivos más afectados por la crisis de Muface, lo que afectaría según la relación elaborada por el propio sindicato a los centros educativos públicos, ministerios, organismos oficiales, delegaciones del gobierno y otros centros de la Administración General del Estado y la empresa pública Correos. El comunicado precisa que en los próximos días los delegados sindicales de CSIF iniciarán una campaña para informar de los motivos de este huelga y promover la concienciación de los funcionarios respecto a la situación.

Los reiterados llamamientos a la tranquilidad y a la confianza en que la situación se resolverá realizados por el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública (de quien depende la licitación del concierto), Óscar López, en las últimas semanas ya no convencen al sindicato CSIF, que en su comunicado emplaza al Ejecutivo «a que ponga fin a la situación de incertidumbre que vive Muface, garantizando la continuidad del actual modelo y una asistencia sanitaria de calidad, que han dejado de recibir».

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El sindicato dice estar recibiendo a diario centenares de quejas por desatención sanitaria, que como ha adelantado este miércoles ABC, está documentando a fin de elevarlos a la Comisión de Garantías de Muface y en última instancia denunciarlos ante las instancias económico-administrativas o incluso judiciales, ante la posibilidad de que pudieran estar suponiendo un incumplimiento de los compromisos de prestación de servicios de las aseguradoras o incluso de Muface.

Ante la deriva de la situación, CSIF entiende que la situación solo se puede resolver «si la oferta del Gobierno satisface a las compañías aseguradoras», algo que no ha ocurrido con la primera oferta planteada por Función Pública, ni al parecer tampoco con la segunda de la que se descolgaron a la primera de cambio DKV y SegurCaixa Adeslas, que se encargan de la asistencia sanitaria de dos de cada tres mutualistas que han elegido voluntariamente la cobertura privada.

El sindicato sugiere que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ya no es un interlocutor válido para alcanzar una solución y por ello plantea la implicación directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para dar prioridad política a este asunto».

La renovación del concierto de Muface, que venció el pasado 31 de diciembre y que el Gobierno ha prorrogado por la fuerza haciendo uso de la Ley de Contratos del Sector Público hasta el próximo 31 de marzo, lleva atascada desde el pasado mes de octubre por las diferencias en torno a la asignación económica del mismo entre el Gobierno y las aseguradoras.

La primera oferta de un incremento de las primas por asegurado del 17% en dos años fue rechazada de plano por las tres aseguradoras que se vienen encargando de la asistencia sanitaria de los 1,5 millones de funcionarios y familiares con póliza privada a través de Muface, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, que denuncian unas pérdidas de más de 600 millones de euros por el anterior concierto. La segunda oferta, que planteaba una mejora del 33% en tres años, ligeramente superior a la primera, tampoco convenció de primeras a Adeslas y DKV, en tanto que Asisa aún valora la posibilidad de asumir en solitario la atención sanitaria del colectivo que opta por cobertura privada en Muface, una solución que no convence al Gobierno y que en el sector sanitario se observa como arriesgada.

El Ministerio ha intensificado en los últimos días los contactos con las aseguradoras para tratar de encontrar una vía, a ser posible mediante la reparación de las pérdidas ya asumidas por las aseguradoras y las potenciales que se pudieran derivar del nuevo concierto, para resolver la crisis y evitar tener que ir a una tercera licitación, si bien este último es un escenario que ya se empieza a contemplar.