La crisis política frustra la batalla que libra Yolanda Díaz contra las empresas

La reducción de la jornada a 37,5 horas sin merma salarial iba a ser el gran proyecto de legislatura, pero el rechazo del partido de Carles Puigdemont lo ha dejado, por el momento, en papel mojado. Con el revés del Parlamento a cuestas, ahora la también ministra de Trabajo amaga con aprobar un decreto sólo con el registro horario, que sería monitorizado en tiempo real por la Inspección de Trabajo para hacer cumplir la norma. No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas, de hasta 10.000 euros por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros. «Si deciden votar en contra de la reducción de jornada, voy a hacer lo que tengo que hacer, un real decreto que tiene rango reglamentario. El reglamento lo firmo yo», ha señalado la vicepresidenta, que a cambio de apoyar al presidente del Gobierno en sus horas más duras exigió sacar adelante sus planes laborales. Aunque la fragilidad del Ejecutivo hace que la última palabra la tenga el Parlamento.

Los choques por una política laboral dura han sido un goteo constante de enfrentamiento con las empresas; ocurrió con las subidas del salario mínimo, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales o la devolución del control de los despidos colectivos a la Inspección. Todas las modificaciones fueron impuestas, saltándose el diálogo social.

Y Díaz insiste. La nueva batería de modificaciones que guarda en la recámara sigue el mismo camino. Es el caso de la extinción 'a la carta' o el eterno estatuto del becario, así como sentar a los sindicatos en los consejos de administración o blindar las subidas del SMI para que sean automáticas y en cuantía «igual o superior» al 60% del salario medio neto, con lo que el indicador quedaría en unos 1.200 euros netos. Su evolución suma un alza del 60% desde que gobierna Sánchez y ha provocado choques con el mundo empresarial por el impacto en pymes y autónomos y en sectores como el campo y de empleadas de hogar, donde ha hundido el empleo.

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Gonzalo D. Velarde

El encarecimiento del despido es una vieja ofensiva, pese al último varapalo del Supremo. En un reciente sentencia, el Alto Tribunal ha cerrado la puerta a que los tribunales eleven las compensaciones por despido improcedente por considerarlas «adecuadas».

Pero la vicepresidenta no se resigna a perder definitivamente la refriega de las indemnizaciones de 45 días por año que eliminó la reforma laboral de 2012, salvo para aquellos que tengan una antigüedad previa a ese año. No pudo en 2021 modificar las extinciones por exigencia de La Moncloa, pero ahora insiste en hacerlo y en poner en marcha fórmulas disuasorias para el empresario o restaurativas del daño causado con un despido. Cuenta con el respaldo del Consejo de Europa que, en dos ocasiones, ha dicho que las extinciones improcedentes no reparan el daño causado ni son disuasorias.

Otro de los flecos pendientes es el estatuto del becario, del que hace ya meses Trabajo aseguró que era el proyecto legislativo «más prioritario», una modificación legislativa que busca acabar con los falsos becarios, que selló con los sindicatos hace casi dos años y que está paralizada por las fuertes reticencias que ha provocado en el PSOE, además de entre las empresas y la comunidad universitaria. El pasado diciembre sacó a concurso público esta reforma, que supondría un antes y un después para los que desarrollando una actividad formativa, y por las sanciones que incluye, que podrán superar los 225.000 euros en caso de infracciones muy graves.

El círculo de las reformas lo completa la denominada ley para democratizar la vida en las empresas, que pretende sentar a los sindicatos en los consejos de administración. Para desplegar estos cambios, la ministra ha encargado un estudio a un grupo de 13 expertos, que tendrán hasta septiembre para emitir su informe. Díaz se justifica con la equiparación con otros países europeos, algo que no comparten los empresarios, dadas las diferencias en el tejido empresarial de otros países respecto a España, donde más del 95% de las compañías son pymes y autónomos.

Y polémica entre las polémicas está la revisión de las reglas de la representatividad empresarial para satisfacer las exigencias de Conpymes, la patronal con base independentista. Lograr un sitio en el diálogo social ha sido objetivo de esta organización apoyada por el Ejecutivo desde que echó a andar en 2021. Desde entonces se ha ido colando, por la puerta de atrás, en instituciones del Estado como el CES o Consejo Estatal de la Pyme y en la Comisión Nacional de Convenios.