Las Cortes aprueban los cimientos del estado de bienestar

Añadió que desde el punto de vista político, «la gestación y tramitación de esta ley ofrece un singular interés. Únicamente quiero subrayar -aseguró- tres puntos sustanciales del nuevo sistema que se propone y en los que hemos puesto un particular empeño. Y, asimismo, otro punto adicional sobre el que también gravita nuestro especial interés: la democratización o popularización de la gestión de la Seguridad Social; la reincorporación de los inválidos a la vida activa y la aportación del Estado al sostenimiento de la Seguridad Social». El punto adicional se refería al régimen especial de la agricultura y del mar.

«Nosotros -añadió Romeo Gorría- no solamente no somos partidarios de la estatificación a ultranza, sino que nos lo prohíbe nuestra condición política y la fidelidad justa y sentida a los principios. Pero sí sostenemos que la plenitud con nuestras estructuras político-sociales se dispone a mover la participación del pueblo en la responsabilidad y en la gestión de cuanto le afecta».

«¿Puede atreverse alguien a sostener que se practica, aunque sea remotamente, una política de estatificación cuando la rectoría de los órganos de la Seguridad Social se encomienda a la representación electiva sindical de los asegurados?», se preguntó. Explicó que al asumir las mutualidades laborales la gestión que hasta el presente tenían confiada las compañías mercantiles de seguros, «tengo que hacer constancia de mi respeto y consideración por aquellas compañías que, honrando su actividad, desempeñaron un importante papel en el escenario de nuestros seguros sociales y cubrieron, con un personal cuya protección prevé especialmente la ley, un servicio de difícil prestación y trascendente finalidad». No obstante, indicó que «esta limitación en la gestión de la Seguridad Social, el proyecto, lejos de contradecir la libre iniciativa privada, la afirma y fortalece».

Para el titular «la invalidez del trabajador constituye uno de los problemas más dramáticos de la política social». Explicó que «para restituir a nuestros inválidos a la actividad profesional y a la alegría de sentirse otra vez útiles a la comunidad, no podemos regatear esfuerzo alguno. Queremos -dijo- que, una vez cumplido el proceso de rehabilitación y de readaptación, las puertas de las empresas estén abiertas de par en par para ellos. No sólo porque serán trabajadores en plenitud de rendimiento para la actividad que se les haya asignado, sino porque en el seno de la empresa deberán ser un motivo de orgullo permanente». Argumentó Jesús Romeo Gorría que «la aportación del Estado al sostenimiento de la Seguridad Social, otra de las sustanciales conquistas del proyecto de ley, es sencillamente la expresión de la solidaridad social. A través del impuesto, muy especialmente cuando el sistema fiscal es de carácter progresivo, la comunidad retribuye al trabajador una parte del bienestar que su sacrificio y su esfuerzo le han proporcionado».

Explicó que «el desfase entre el nivel de vida del trabajador agrícola y el de la industria o los servicios, cuya corrección nosotros ya iniciamos con la igualación del salario mínimo, entraña una grave situación, cuyas consecuencias políticas no nos es lícito desconocer». Y dijo: «Urge devolver al campesino la conciencia de su valía; urge, sobre todo, demostrarle que el Estado español -como es así- ni le ignora ni le desconoce, ni mucho menos vuelve la espalda a sus problemas. Hay que situar a los hombres del campo -sostuvo- en condiciones de prestar dignamente su trabajo y de mirar serenamente al infortunio. La solución del problema de los trabajadores del campo requiere una política coordinada que excede con mucho del ámbito de la Seguridad Social». En este sentido, señaló que «el Ministerio de Trabajo se compromete resueltamente con el campesino español a que antes de que termine 1964 con la colaboración de la Organización Sindical, elevará al Gobierno un proyecto de ley que marque el primer paso en la solución del problema de la Seguridad Social de los trabajadores agrícolas. También con los trabajadores del mar se adquiere idéntico compromiso que con los trabajadores agrícolas».

Al referirse a la política financiera y fiscal, afirmó que de su signo depende el mantenimiento del poder de consumo de las clases trabajadora y media, de los pensionistas, de los medianos y pequeños agricultores, de los empresarios modestos, de los funcionarios; en suma de una inmensa parte de la población española. «¿Qué es sino consecuencia de un problema estructural la tensión social de las minas de carbón?», se preguntó el titular, y contestó: «Su depresión tiene reflejo en su mutualidad. Y si tales tensiones nacen de ahí, comprenderéis que la acción particular del Ministerio de Trabajo queda muy limitada».

Al pedir el voto -terminó su discurso el señor Romeo Gorría-, «señores procuradores, estoy pidiendo, si me lo concedéis, la colaboración, la ayuda, el interés y la participación de todos vuestros representados. Delante están las empresas con su aportación, los médicos con su servicio, los funcionarios con su labor, los trabajadores con su esfuerzo. Delante están, repito, los hombres del mar y de la tierra, unánimes en la esperanza de su comunidad. España está detrás. El discurso del ministro de Trabajo fue acogido con una prolongada ovación y puesto a votación el dictamen, se aprobó con el voto en contra de once procuradores.