Correos cierra con 95 millones de pérdidas el primer año de su plan de ajuste

Ese es el saldo del primer año del plan de ajustes activado por el equipo del presidente Pedro Saura tras los excesos de la era de Juan Manuel Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, en la que se alumbraron un puñado de proyectos faraónicos, como el de gestionar un puente aéreo entre Asia y Latinoamérica a través de Madrid, el de una empresa de transporte ferroviario de mercancías, el de un 'market place' tipo Amazon al servicio de las pymes españolas o incluso uno para convertirse en el proveedor de servicios en la nube de las administraciones públicas, en los que se enterraron decenas de millones de euros sin ningún retorno.

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El año 2024 fue el inicio de un giro estratégico radical en la compañía. Saura metió en el cajón los ambiciosos pero ruinosos proyectos de su antecesor, que aspiraban a convertir Correos en una especie de campeón nacional de la logística al estilo DHL, y activó una política de contención de gastos, que ha impactado de manera particularmente intensa en la red de oficinas y en las campañas estacionales, para las que apenas se ha contratado el personal eventual con el que se venían cubriendo las vacantes.

La mejora de ingresos del negocio de la paquetería pero sobre todo esta decidida estrategia de contención del gasto, muy cuestionada desde los sindicatos, que han venido denunciando la insuficiente dotación de las carterías a partir de la que explican el deterioro del servicio y los retrasos acumulados en el reparto de los envíos y las notificaciones administrativas, ha servido para acortar de manera sustancial la fenomenal brecha entre los ingresos y los gastos del operador postal, que en 2023 superó los 250 millones de euros -si se añaden a las pérdidas oficiales de 120 millones los 132,9 millones que le inyectó 'in extremis' el Estado en diciembre a modo de ingreso a cuenta- y que el año pasado se redujo a 95 millones.

La hoja de ruta trazada por la nueva dirección de Correos, cuyo éxito determinará la aplicación efectiva de la inyección de 3.000 millones de euros en cuatro años comprometida por el Gobierno y la SEPI para sacar al operador postal de la desesperada situación financiera en la que se encuentra -que incluso ha obligado a la SEPI a reducir en 211 millones de euros el capital de la compañía para evitar que entrara en causa de disolución- prevé que el operador postal deje de tener pérdidas en el año 2026.

Ese objetivo pasa de forma inexorable, según reconocen todos los actores implicados en el proceso, por el plan de salidas incluido en el acuerdo marco firmado por la empresa con los sindicatos más representativos de Correos el pasado enero y que debería acordarse antes del 15 de marzo. Como ya adelantó ABC el objetivo es que alrededor de 7.000 de los empleados más veteranos de Correos, y la práctica totalidad de los funcionarios que aún quedan en la compañía, decidan acogerse al mismo, de adscripción voluntaria y en el que entrarán los trabajadores de más de 61 años que acrediten un número determinado de años cotizados.

A diez días del fin del plazo, la negociación apenas ha avanzado, según han denunciado esta semana tanto UGT como CSIF, si bien todos esperan que ocurra como con el acuerdo marco, que se tenía que cerrar antes del inicio del año y se acordó a media mañana del 31 de diciembre.

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El elemento clave será las condiciones que se ofrecerán a los empleados para acogerse a este plan de salidas voluntarias. Según coinciden en señalar varias fuentes de la negociación, Hacienda ha dispuesto una bolsa de 500 millones de euros para sufragar la factura de este proceso, siempre bajo la condición ineludible de que sirva para reducir la carga de costes de personal de Correos hasta el 70% de sus ingresos operativos, la cifra que Gobierno y SEPI han fijado como de obligado cumplimiento para avalar el plan de salvamento de la compañía.

La reducción del tamaño actual de la plantilla hasta unos niveles más adecuados a la operativa que se espera en el futuro es la llave para el resto de elementos del plan estratégico, incluido el llamado SIEG, el nuevo abanico de servicios públicos no postales que prestará Correos y que justifican la mejora de su asignación anual desde los Presupuestos hasta los 400 millones.