La convergencia de España con la UE encalla en la ausencia de reformas económicas

En el camino el Gobierno ha visto como sus socios parlamentarios le tumbaban su propuesta de reforma del subsidio del paro -reencauzada de nuevo hacia el Parlamento hace un par de semanas-, desactivaban su intento de reforma de la ley del Suelo y cuestionaban su eventual apoyo al proyecto de Presupuestos para 2024 hasta el punto de aconsejar al Gobierno dejarlo en el cajón para no exponerse a un revés parlamentario que podría haber resultado definitivo para la estabilidad del delicado juego de equlibrios parlamentarios que mantienen a Sánchez en La Moncloa. De camino, también, el Gobierno ha preferido retrasar la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación para no pasar el trago de que la Comisión Europea le propinara un recorte a los 10.000 millones previstos por su incapacidad para sacar adelante algunas de las reformas comprometidas.

La situación no solo atestigua la precariedad de los apoyos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez, sino sobre todo su incapacidad para aprobar las reformas económicas que el país necesita para dar carrete al fuerte crecimiento alentado desde 2022 por la recuperación de la actividad tras la pandemia y la llegada de los fondos del plan Next Generation EU, del que España es el mayor receptor.

El asunto que empezó siendo una preocupación menor ha saltado a la primera línea de las inquietudes de los analistas respecto a España. El pasado viernes la agencia de 'rating' DBRS Morningstar ensombrecía su anuncio de mejora de la perspectiva del rango crediticio A del Reino de España, de estable a positiva, por las tensiones sociales y políticas en el país, «que ahora son una característica persistente del entorno político y que podrían debilitar la capacidad del Gobierno para legislar políticas clave».

La firma canadiense, la más relevante al margen de las tres grandes agencias globales de 'rating', S&P, Fitch y Moody's, no oculta que las favorables perspectivas de comportamiento de la economía y reducción de los desequilibrios fiscales trasladadas por el Gobierno «se verán desafiadas por la persistencia de las demandas de mayor gasto público y los riesgos para el desarrollo de su agenda política». «La dependencia del Gobierno del respaldo de formaciones favorables a la independencia de Cataluña y la retirada del Presupuesto de 2024 demuestran el riesgo (de esta situación) sobre el desarrollo en tiempo y forma de las reformas y la política fiscal», remacha.

Las consideraciones realizadas por DBRS no son muy diferentes de las ya deslizadas por otras agencias como Moody's o S&P, que pese a las buenas cifras económicas que está acreditando el Reino de España en los últimos años han continuado condicionando cualquier mejora de la calificación sobre el Reino de España a la estabilización de la situación política y social en Cataluña y a las «fragilidades políticas», como las describió S&P, generadas por la fragilidad de los apoyos parlamentarios del Gobierno.

Al cabo, el análisis no solo de las agencias de 'rating' sino de las instituciones internacionales y de algunos importantes agentes domésticos como el Banco de España, que ya han elevado en sus informes la inestabilidad política como el principal foco de riesgo para el crecimiento a futuro de España, es que esa precariedad parlamentaria puede imposibilitar la consecución de los apoyos necesarios para aprobar las reformas estructurales que el país necesita desde hace años para superar sus problemas endémicos o, en el mejor de los casos, condicionar su contenido, de forma que su impacto «sobre la mejora de la renta per cápita o sobre el crecimiento potencial de la economía» sea menor, como ha advertido DBRS.

«Podemos conformarnos con una tasa de paro estructural del 12% o con tener una renta per cápita un 14% inferior que la media europea, pero si lo hacemos corremos el riesgo de quedarnos atrás en ámbitos que van a ser críticos como la digitalización o la transición energética», avisa José María Romero, director del Área de Economía de Equipo Económico.

La consultora publicó hace unos días un informe de situación sobre España que subrayaba la necesidad de impulsar las reformas económicas necesarias para estabilizar la situación fiscal del país, impulsar la competitividad de la economía y mejorar la productividad. El informe reflejaba también el hecho sin precedentes de que alcanzado el ecuador del año no se haya presentado una sola iniciativa legislativa que haya recibido el respaldo del Congreso y de que en las últimas cinco legislaturas se hayan sacado adelante menos leyes que en cada una de las diez legislaturas previas.

«Es cierto que a corto plazo no es relevante o incluso puede ser favorable si se evitan así reformas mal orientadas, pero se está desperdiciando el tiempo para corregir las deficiencias estructurales de la economía, que las tiene, y apuntalar un crecimiento más robusto a futuro», advierte Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank.

«Estamos perdiendo oportunidades en un momento en que las cosas están cambiando muy rápidamente», asegura Coronil. «Alemania o Dinamarca están creando hubs de inversión en ámbitos como farma o semiconductores y la convergencia con Europa en términos de renta per cápita de países como Polonia o Estonia indica que se puede hacer mucho para aprovechar los cambios que se están dando en las cadenas de suministro».