Consumo plantea introducir el IVA en los pisos turísticos para frenar el aumento de oferta ilegal

Según el titular de Consumo, el 10% del parque inmobiliario en algunas ciudades de España se destina ya a las viviendas de uso turístico, provocando que «suban los precios, las personas jóvenes que no se pueden emancipar, las familias que no tienen acceso a un alquiler y se tengan que ir de las ciudades».

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Blanca Martínez Mingo

El ministerio de Pablo Bustinduy se ha puesto en contacto con las ciudades españolas para que colaboren en la operación que pretende detectar la publicidad de vivienda vacacional sin licencia

Así, ha puesto como ejemplo a la ciudad de Madrid, en la que ha denunciado que «hasta el 90% de los pisos turísticos no disponen de licencia para ello». También ha criticado que ciertas ciudades apliquen una moratoria que «no cumple con la normativa». Durante su intervención, también ha instado a «las ciudades de toda España» a que se sumen a la investigación del Gobierno para «perseguir» la publicidad de los pisos turísticos ilegales: «Es una situación descontrolada e inaceptable».

«Esta situación está afectando a la vida de muchísimas de nuestras ciudades, haciendo que los precios del alquiler suban una barbaridad y que la gente tenga que abandonar sus barrios. Es una problemática esencial», ha criticado Bustinduy. En esta línea, ha resaltado que «el turismo es una actividad económica muy importante para las ciudades y España, pero no puede ser a costa de, por ejemplo, que se sacrifique o que se dificulte el derecho a la vivienda, el derecho a vivir en tu ciudad, a vivir en la ciudad en la que trabajas».

Estes pasado martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y sus comisiones de Vivienda y de Turismo para empezar a trabajar de forma conjunta con el objetivo de abordar la situación de los pisos turísticos. Entre las posibles soluciones se planteó la posibilidad de estudiar algunas modificaciones legislativas, como la Ley de Propiedad Horizontal, tal y como adelantó la ministra ayer por la mañana en el programa la 'Mirada Crítica' de Telecinco.

En concreto, la decisión de estudiar una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal se basa en dos sentencias del Tribunal Supremo (1643/2023, de 27 de noviembre, y 1671/2023, de 29 de noviembre), que hablan de la necesidad de dar más poder de decisión a los vecinos y las vecinas de las propiedades de fincas. «Lo que voy a hacer es ofrecer una norma con la idea de facilitar todos los instrumentos. Si es necesario abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, haremos una propuesta», detalló, además de añadir que «para poder llegar a esa consecución, necesitaremos después forjar los acuerdos parlamentarios, y tengo confianza en que en un asunto como este lo vamos a hacer».