Consumo investiga a varias inmobiliarias por cobrar honorarios al inquilino en la gestión del alquiler

Consumo, sin señalar a empresas concretas, asegura que ha emplazado a estas compañías a que adopten las medidas pertinentes a fin de que los contratos de asistencia al inquilino cumplan con los «requerimientos legales y se respeten los derechos de los consumidores y usuarios protegidos por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios». Como acción precisa, el ministerio señala que las firmas supervisadas están exigiendo un pago por intermediación equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA. El mismo honorario que se cobraba habitualmente, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, antes de la entrada de la norma.

Asimismo, con este reglamento como paraguas, el departamento de Bustinduy asegura que ha informado a las mismas agencias de que este tipo de cláusulas contractuales o la imposición al arrendatario de cualquier otro cargo de «análoga naturaleza» podría ser considerado como «abusivo» y recaer en sanciones que pueden oscilar entre los 10.000 y 100.000 euros.

La entrada de la prohibición del cobro de honorarios al inquilino en el marco de la ley de Vivienda ha supuesto un antes y un después para las agencias inmobiliarias que tienen en el negocio del arrendamiento su principal fuente de ingresos. Desde finales de mayo de 2023, es el casero el que tiene que pagar estos honorarios a la agencia y no el arrendatario y ese cambio de papeles ha abocado a miles de propetarios a autogestionar sus inmuebles.

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Muchas inmobiliarias se han adaptado a la situación saltándose directamente la nueva normativa o buscando resquicios legales para poder seguir cobrando a los inquilinos por la intermediación en la firma del contrato. Como ya adelantó este periódico, muchas de ellas están abogando por camuflar esos honorarios como gastos de asesoramiento.

Las agencias, por su parte, han defendido desde el primer momento que la mayoría del sector se ha adaptado al nuevo marco legal y a día de hoy siguen sosteniendo que les ha golpeado más la falta de oferta de pisos en alquiler suscitada por la nueva ley que la propia prohibición de cobrar honorarios. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) estimó una caída del 30% del ‘stock’ de arrendamiento tan solo en los primeros cinco meses con la norma en vigor.