en los presupuestos en 2022
El Constitucional anula la cesión al Gobierno vasco de las competencias para nombrar interventores y secretarios locales
Considera que su ejecución a través de los Presupuestos de 2022 desbordó el contenido que le es propio a los proyectos presupuestarios
El Gobierno de Sánchez reiteró el traspaso de esa competencia en uno de los reales decretos aprobados a finales de 2023 para esquivar las dudas sobre su constitucionalidad
La resolución deja en el aire la resolución efectiva de las 55 plazas de habilitados nacionales convocadas por el Ejecutivo de Vitoria en 2022
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex lehendakari vasco, Enrique Urkullu
La cesión al Gobierno del País Vasco a través de la Ley de Presupuestos de 2022 de las competencias para controlar el proceso de selección de los interventores, secretarios y tesoreros municipales de los ayuntamientos vascos fue ilegal. El Pleno del Tribunal Constitucional ha ... estimado por mayoría, en una resolución dada a conocer este jueves, el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Popular contra la disposición incluida en el proyecto presupuestario por la que se cedieron a la Comunidad Autónoma del País Vasco «todas las facultades previstas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local respecto de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional».
La maniobra traspasó al Gobierno de Vitoria las competencias sobre los procesos de selección y nombramiento de los llamados habilitados nacionales, es decir, de los interventores, los tesoreros y los secretarios de ayuntamiento a los que la legislación española reserva la función de hacer cumplir el ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. Es a ellos a los que se reserva de manera explícita tareas de carácter público obligatorio como la fe pública, es decir la constatación de la legalidad y validez de los actos administrativos; el asesoramiento legal preceptivo, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los ayuntamientos, su contabilidad, su tesorería y su recaudación.
La sentencia concluye que la disposición incluida en los Presupuestos de 2022 desborda el «contenido posible de una ley de presupuestos y vulnera, en consecuencia, la Constitución", al tratarse de una norma en materia de función pública que no guarda conexión ni con el régimen retributivo de los funcionarios ni con la cuenta de ingresos y gastos del Estado.
Algo debía maliciarse el Gobierno sobre la orientación de la sentencia del Constitucional porque incluyó en uno de los reales decretos aprobados en la recta final del año pasado este traspaso competencial de nuevo y además introdujo una disposición transitoria con la cual pretende dar legitimidad de forma retroactiva a los procesos en tramitación en el momento de aprobación de la norma.
Más de 200 plazas en el aire
La disposición adquiere sentido porque el Ejecutivo vasco estrenó el nuevo perímetro competencial que le atribuyó la norma ahora anulada por el Constitucional ese mismo año 2022, con una convocatoria de 55 plazas -amparada en el margen legal proporcionado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año- dentro del proceso de consolidación y estabilización de empleo público en el País Vasco, que tras la resolución conocida este jueves quedarían en el aire sin esa cláusula normativa y quién sabe si también a pesar de ella.
La sentencia del Constitucional se conoce apenas unas semanas después de que Junts y ERC hayan presentado sendas enmiendas a la misma norma con la que el Gobierno ha vuelto a reconocer esa atribución al País Vasco para extender esa cesión competencial a Cataluña.
Apsital, la asociación profesionales que representa los intereses de los habilitados nacionales, muy crítica con la cesión de las competencias sobre sus procesos de selección y sus nombramientos a las administraciones autonómicas, ha recibido este jueves con satisfacción la resolución del Tribunal y no descarta actuar para anular los procesos selectivos realizados bajo el amparo de la norma.
«Consideramos que es una buena noticia y estamos estudiando la viabilidad de impugnar la ofertas de estabilización dictadas al amparo de esta cesión«, ha asegurado el portavoz de la asociación profesional, Alberto Bravo Queipo de Llano, en declaraciones a ABC. »Ahora se ha incorporado a un real decreto ley, que tampoco es el cauce constitucional adecuado, por lo que adoptaremos las medidas que procedan para garantizar el mantenimiento del carácter nacional del cuerpo«.
El Gobierno vasco acaba de convocar 177 plazas de habilitados nacionales dentro de la oferta de empleo público de 2024 al amparo del traspaso de competencias dictado por el Gobierno.