El Consejo de Estado mostró su perplejidad por la ley de Ribera para la nueva CNE

En cuanto al contenido, como adelantó ayer ABC, la redacción vinculaba la nueva autoridad independiente al Ministerio de Transición Ecológica haciendo peligrar así su independencia, y establecía un control demasiado laxo por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En cuanto a la forma, el Consejo de Estado detectó que Ribera había eludido la petición de varios informes, había acelerado la tramitación hasta concentrar la mayor parte de ella en cuatro días, y la redacción incluía desde contradicciones entre artículos a constantes errores fruto de una elaboración realizada con demasiada prisa.

«Produce cierta perplejidad que se haga referencia a la ausencia del secretario (del consejo) o persona que lo sustituya y no se diga, en cambio, a quién corresponde dicha sustitución», llegó a apercibir el órgano que preside Carmen Calvo en la página 72 de su informe, demostrando cierto hartazgo por los errores de bulto que incluía el anteproyecto. «No se entiende la razón por la cual se dice que el impacto de la norma sobre la competencia 'será necesariamente positivo', pues las funciones que se atribuyen a la CNE son, en lo sustancial, las que ya tenía la CNMC», reprochó en otro momento por la falta de solidez del texto.

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Y es que, para empezar, Transición Ecológica no pidió el informe del Ministerio de Justicia ni del Consejo General del Poder Judicial pese a que la nueva ley implica cambios en la jurisdicción contencioso-administrativa y el régimen procesal, al establecer, por ejemplo, que la CNE puede solicitar autorizaciones judiciales previendo plazos determinados para que los juzgados resuelvan.

Tampoco consta que el Departamento que entonces encabezaba Teresa Ribera solicitara el informe de la Agencia Española de Protección de Datos aunque, como le advirtió el Consejo de Estado, la ley de la CNE regula supuestos en los que «recabará información de los operadores de los sectores eléctrico y gasista».

Para rematar, la vicepresidenta europea también se decidió a redactar su ley sin contar con la opinión de las comunidades autónomas cuando los territorios tienen «una importancia básica dado el papel que cumple la CNE dentro del conjunto de los sistemas eléctrico y gasista, y habida cuenta de que corresponden a las comunidades autónomas las competencias de desarrollo y de ejecución en dichos ámbitos», como le reprendió el Consejo de Estado.

No obstante, al Consejo de Estado aún le parecieron más graves los defectos que tuvo la tramitación de urgencia decretada por el Consejo de Ministros a petición de Ribera. El principal perjuicio fue que la mayor parte de los trámites se llevó a cabo del 5 a el 8 de julio de 2024, y se solicitó el dictamen urgente del Consejo de Estado el 9 de julio, justo el día en que llegaron a Transición Ecológica los informes de los ministerios de Derechos Sociales, Política Territorial, Transportes, Industria y Economía.

De este modo, Ribera tuvo «apenas dos días para examinar las observaciones realizadas en dichos informes, muy numerosas y algunas de mucho calado», denunciaba el Consejo de Estado haciendo referencia al informe de Economía que desveló ayer ABC. «Todavía el 12 de julio emitió el Ministerio de Hacienda su informe, muy crítico con el proyecto, y en el que se señalaba la insuficiencia del análisis presupuestario realizado y la falta de aportación del plan inicial. Asimismo, se hacían numerosas observaciones (...) y se ponían en duda las dos principales decisiones adoptadas en el anteproyecto: la justificación suficiente de la decisión de crear la CNE y la regulación del Fondo para la Gestión de las Liquidaciones», proseguía el Consejo de Estado.

La reacción de Ribera a las duras críticas que Hacienda dirigió a ese fondo alimentó la perplejidad del Consejo de Estado puesto que, en lugar de corregir los errores, la entonces vicepresidenta decidió suprimir el nuevo fondo por completo, pese a ser una parte muy importante de la iniciativa. «Se ha optado sin más por eliminar toda la regulación del anteproyecto, suprimiendo la creación de dicho Fondo. Y ello a pesar de que del Ministerio de Hacienda no parecía desprenderse una oposición total a la creación de dicho Fondo sino una necesidad de ajustar su regulación», reprendía el órgano consultivo.

«El examen de dichas observaciones se ha llevado a cabo de una forma que cabe, cuanto menos, calificar de apresurada», valoraba el órgano consultivo. Esta no fue una frase aislada sino una idea repetida en varios puntos del informe. «Se echa en falta un análisis más sosegado y sobre todo una reconsideración del texto en su conjunto, de la justificación de las soluciones y decisiones adoptadas», recriminaba el Consejo de Estado, pidiendo a Transición Ecológica que hiciera esta labor «tratando de hacer una última lectura sosegada del texto, para darle coherencia interna».

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Ribera decidió seguir adelante con el proyecto aceptando e incorporando buena parte de las observaciones del Consejo de Estado y de sus propios compañeros de Gobierno, desistiendo de muchas de sus propias ideas. Así, el Consejo de Ministros aprobó el texto como proyecto de ley el pasado 25 de septiembre y lo remitió al Congreso, donde se encuentra actualmente en trámite de enmiendas.

Aunque Ribera recibió varias peticiones para que esta nueva ley se sometiera a evaluación un tiempo después de su entrada en vigor para medir su efectividad y poner remedio a los posibles errores, Ribera se cerró en banda. Tenía la mirada puesta ya en Bruselas y no tuvo interés en dejar mecanismos que puedan detectar sus posibles desaciertos en el futuro. Aunque ello implique posibles disfunciones para el mercado energético.