El Consejo Económico y Social se rebela contra la entrada de la patronal amiga de Begoña Gómez

La propuesta a los 61 consejeros miembros del organismo consiste en una modificación del artículo 4.3 del reglamento de creación del CES que puntualiza que no será posible la representación en el Consejo de aquellas organizaciones, en este caso dentro del grupo de empresarios, que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal, como es el caso de la catalana Pimec. Esta es una de las patas, junto a los autónomos de Sumar, Uatae, de Conpymes, la organización empresarial arropada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y la mujer de Pedro Sánchez cuando fue creada en 2021 tras una cuidada operación diseñada desde La Moncloa.

El aval del Gobierno a la creación de esta patronal la convertiría en una pieza clave en la 'vendetta' contra los empresarios. La foto en el acto inaugural sería sólo el principio de un goteo de respaldos públicos a una organización que tiene a sus dos principales patas, Pimec y Uatae, investigadas por la Justicia por fraude en las subvenciones públicas y delito de falsedad documental.

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Susana Alcelay

La nueva redacción que se propone a los consejeros del CES para añadir al apartado de los 20 designados por las patronales puntualiza que «estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativa en el ámbito autonómico, quedando excluidas de este supuesto aquellas que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal, todo ello con arreglo a la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».

En el BOE del pasado 22 de mayo el Ejecutivo daba tres meses al Pleno del CES, hasta el 22 de agosto, para modificar el reglamento de funcionamiento interno a fin de incluir en su composición «a las organizaciones empresariales que gocen de la condición de más representativas a nivel comunidad autónoma». La incorporación de Pimec al órgano consultivo era un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por la vicepresidenta, que concluiría en la entrada de esta patronal amiga en el diálogo social.

Como una lluvia fina, y a golpe de decreto, la patronal que busca rivalizar con CEOE ha ido entrado en organismos del Estado, algunos sin casi actividad, como el Consejo Nacional de la Pyme, otros como el Consejo Económico y Social, muy activos con sus dictámenes. En febrero el Ministerio de Trabajo abría las puertas a Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en la que hasta la fecha las empresas sólo estaban representadas por CEOE y Cepyme. Después, el Gobierno les hacía hueco en el CES y, posteriormente, y por decreto, se modificaba la regulación del Consejo Estatal de la Pyme rompiendo con ello el monopolio de CEOE y Cepyme, en una operación con la que también se colaba en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada a la patronal que dirige José María Torres. El Ejecutivo abría así las puertas de la representación institucional a Conpymes y a Pimec, y despejaba también así su objetivo de abrir el melón de la representatividad y de sentarse en las mesas donde se negocian las reformas laborales y los convenios colectivos. Detrás de muchos de estos pasos, casi todos, estarían las presiones de Junts para colocar a sus afines en negociaciones clave.

El CES conoció la incorporación de la patronal independentista sus órganos de dirección a finales de mayo, cuando el BOE publicó el decreto de la reforma de desempleo. Entonces, el Consejo hizo público un duro comunicado en el que manifestó «su profundo malestar» por la forma en que se había llevado a cabo la reforma de la composición de este organismo, «sin haber realizado ningún tipo de consulta con el propio Consejo y las organizaciones que lo conforman».

«La función que se desarrolla en el CES -dijo entonces- se califica como diálogo social institucionalizado, dentro del marco de la democracia participativa, y las organizaciones que lo conforman, con acreditada representatividad, tienen la finalidad reconocida constitucionalmente de representar y defender intereses constitucionalmente protegidos».

Fuentes consultadas por este diario explican que «sería muy llamativo» que el Gobierno siguiera adelante con sus planes si hoy recibiera un revés de los miembros del CES. Supondría, en todo caso, un duro revés en los planes de la vicepresidenta, la más firme defensora que revisar la representatividad.

Como ya informó este diario, desde hace meses CEOE prepara una estrategia judicial con el asesoramiento de expertos laboralistas de primer nivel para desbaratar la hoja de ruta que sigue el Ejecutivo con Conpymes. Todos estos movimientos para debilitar a CEOE han empezado a dirimirse en la vía contencioso administrativa, donde los abogados de la patronal están argumentando defectos de forma en los decretos del Gobierno, que llegan a contradecir el Estatuto de los Trabajadores y las reglas de la participación institucional.