El Congreso da vía libre al plan para inyectar 400 millones anuales a Correos y que deje atrás los números rojos

La abstención de los populares permitirá que las modificaciones de la ley del servicio postal universal necesarias para desplegar el plan de rescate de Correos se incorporen como disposición adicional a la norma a todos los efectos en su tramitación parlamentaria y, en última instancia, que entren en vigor cuando el texto sea ratificado, lo que parece previsible, por el Pleno del Congreso.

Fuentes al tanto del proceso que ha permitido este acuerdo político clave para el futuro de la empresa postal admiten que las negociaciones se han prolongado durante meses y no solo en el ámbito parlamentario. El sindicato CC.OO. -mayoritario en Correos- ha ido dando cuenta en sucesivos comunicados de sus contactos con diferentes grupos parlamentarios para promover una mayoría que permitiera sacar adelante el plan y fuentes parlamentarias enfatizan también el papel que han jugado los contactos mantenidos por representantes del sindicato UGT de manera más discreta y al más alto nivel para llegar a este punto. El sindicato CSIF, tercero por representación, se felicitaba también este miércoles del hito parlamentario alcanzado para cuya consecución también asegura haber trabajado.

El operador postal del Estado está en una situación financiera crítica. Hace apenas unos meses la dirección de Correos y la SEPI acordaron reducir el capital social de la sociedad para evitar que esta entrara en causa legal de disolución, después de acumular un agujero de 1.200 millones de euros en los años posteriores a la pandemia que muchos atribuyen a la gestión del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, y otros a un imprevisible desplome del negocio postal tradicional, que suponía el 80% del negocio de la compañía.

El plan para rescatar Correos pasa por transformar a la bicentenaria empresa postal del Estado en una especie de ventanilla única de servicios administrativos, financieros y de todo tipo en los territorios de la España vacía, aprovechando la tupida red de sucursales de las que dispone y a cambio de casi cuadruplicar la asignación actual que recibe de los Presupuestos Generales del Estado desde los 110 millones de euros hasta los 400 millones.

En concreto, el proyecto acordado en su día por Hacienda, SEPI, la empresa y los sindicatos prevé incrementar hasta los 150 millones de euros la asignación que recibe Correos por la prestación del servicio postal universal, que básicamente garantiza la llegada de los envíos postales a todo el territorio incluidas las zonas donde no resulta rentable económicamente prestar este servicio, así como la prórroga automática de la asignación de este servicio a Correos hasta el año 2030, dado que según la ley postal esa concesión vencía este año y debía abrirse a los operadores privados. Si se aprueba esta norma esa apertura no se dará hasta la próxima década.

La segunda pata del plan de rescate es el llamado SIEG, que reconocerá a Correos la posibilidad de prestar servicios de interés económico general en sus sucursales y el derecho a recibir una retribución anual por ello que se calcula en unos 250 millones de euros anuales. Según la enmienda aprobada este miércoles entre esos servicios estarán la tramitación de las solicitudes administrativas presentadas por los ciudadanos y las empresas, la entrega a los ciudadanos de los documentos expedidos por las administraciones pública, la gestión del pago de impuestos y multas, la gestión del pago a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas o los servicios de acreditación de identidad digital. Cualquiera de estos trámites podrán llevarse a cabo en sucursales de Correos, especialmente cuando no haya una oficina de la administración en un radio razonable.

La enmienda ha introducido una novedad respecto al texto tumbado en enero, que permitirá al Gobierno realizar anticipos a cuenta a Correos por la prestación de estos servicios en el momento en que se aprueba la ley y aunque no se haya firmado el contrato programa con la Administración que regulará la prestación de estos servicios SIEG. La medida supondrá un alivio financiero importante para una empresa que en los últimos años ha tenido que recurrir a préstamos bancarios para pagar las nóminas de sus empleados.

La norma habilitará también a Correos a prestar servicios financieros y reforzará su cualidad de servicio de interés general por otros cauces. Una de las novedades que prevé esta enmienda respecto a la norma que se incluyó en el decreto ómnibus es que el operador postal tendrá que poner a disposición del Estado sus medios personales y materiales cuando así se le requiera por razones de seguridad pública o emergencia. Fuentes al tanto de estos retoques explican que este cambio se ha introducido a raíz de lo sucedido con la DANA al ponerse de manifiesto el papel fundamental que puede jugar la red de sucursales de Correos en situaciones de emergencia a la hora de ayudas a prestar servicios que ayuden a recobrar la normalidad de las actuaciones administrativas. No solo en caso de desastres naturales sino también de ciberataques u otro tipo de emergencias.

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