Alivio a 14 millones de conductores, golpe a 150.000 grandes ahorradores
El tumultuoso paso de la reforma fiscal por el Congreso se lleva por delante el alza al diésel
La puja con sus socios por la subida fiscal sume al Gobierno en el caos
Catorce millones de propietarios de vehículos diésel pueden respirar esta mañana algo más aliviados. La rocambolesca reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que comenzó a las cinco de la tarde de ayer y finalizó entrada la madrugada tras un ... mercadeo de enmiendas y vagos acuerdos de compromiso para mantener viva al menos hasta el jueves la reforma fiscal acordó por mayoría la retirada de la subida de los impuestos al diésel para conseguir su equiparación con la gasolina acordada en su momento por el PSOE, Junts y PNV. La medida, pospuesta durante años por cuestiones circunstanciales como la pandemia o la posterior escalada de los precios energéticos, es un compromiso del Gobierno con la Comisión Europea, cuya aplicación práctica supondría un sobrecoste de entre cinco o seis euros para los propietarios de vehículos gasóleo cada vez que llenan el depósito.
Menos suerte tendrán los 150.000 grandes ahorradores que reciben más de 300.000 euros de rendimientos del capital según las estadísticas oficiales de IRPF. La Comisión de Hacienda de ayer votó a favor de ir un paso más allá de la subida fiscal que planteaba el PSOE y elevar del 29% al 30% el tipo de IRPF aplicable a las rentas de capital que superen ese umbral. El golpe fiscal medio que tendrían que soportar de aplicarse finalmente este nuevo régimen fiscal -que depende de que la norma supere la votación del Pleno del Congreso el próximo jueves- sería de unos 600 euros.
Tampoco han tenido suerte los fumadores. Una mayoría parlamentaria respaldó tanto la subida del impuesto especial sobre el tabaco, que afecta a más de diez millones de consumidores, como la implantación de una nueva figura fiscal que gravará el líquido de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo, cuyo consumo es cada vez mayor y que ya estaban gravados en catorce países europeos.
El Congreso ha dejado, igualmente, la puerta abierta a que se despliegue un IVA del 21% sobre los alquileres turísticos. Se rechazó la enmienda de Sumar que exigía su implantación, pero salió adelante una del PSOE que planteaba elevar la cuestión a la Comisión Europea, que es donde seguramente deberá dirimirse la cuestión. Mas de un millón de ciudadanos declaran alquileres turísticos en el IRPF y podrían verse afectados por esta medida fiscal de aplicarse, algo que a corto plazo parece improbable.
Según las últimas informaciones, el PSOE exprimía sus opciones para tratar de convencer a sus socios parlamentarios de que estiraran unos días más la negociación, aprobando el dictamen del proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, en el que ayer la Comisión de Hacienda sí votó a favor de incluir algunas medidas con cierto poder recaudatorio y que podría llegar a pasar por una reforma fiscal en el momento de presentarlas a la UE.
Otras decayeron. Las socimis, que se han visto zarandeadas por una reacción de los mercados que les han hecho perder cientos de millones de euros por la caída de sus cotizaciones, se librarán de la supresión de su régimen fiscal que pretendía Sumar. La iniciativa de los socios del PSOE en el Gobierno no obtuvo el respaldo mayoritario del Parlamento, como se preveía después de que PNV y Junts hubieran avanzado su intención de no respaldar el golpe fiscal a un sector que tiene más de un centenar de empresas y desarrolla miles de millones de euros en inversiones inmobiliarias en España. Las amenazas de traslado de sus sedes a otros países no tendrán por qué concretarse, finalmente.
Banca y energéticas
El Gobierno llegó a la reunión clave de ayer en la Comisión de Hacienda con los deberes por hacer. Entre las cinco y las siete de la tarde los papeles circulaban desde las mesas de los diputados del Partido Socialista hacia las de los socios del llamado bloque de investidura en busca de un acuerdo de última hora sobre los aspectos que pudieran suscitar consensos a izquierda y derecha.
El ejercicio resultó en seis propuestas de transacción respecto a media docena de asuntos: la compatibilidad de las pensiones vitalicias por incapacidad permanente absoluta con cierto tipo de actividades lucrativas y no lucrativas, en línea con lo solicitado por Junts; la rebaja del tipo impositivo en Sociedades a las empresas que facturen menos de un millón de euros, también defendida por los separatistas catalanes; una subida extra del tipo del ahorro aplicable en el IRPF a los rendimientos por encima de los 300.000 euros, hasta el 30%; el impuesto a la banca; o las bonificaciones a la contratación de entrenadores por parte de clubes deportivos.
La maniobra se reveló inútil para sacar adelante el acuerdo con Junts para permitir la compatibilización de la prestación por incapacidad absoluta con otras rentas y también para salvar el impuesto a la banca, que cayó por las abstenciones de ERC, BNG y Bildu. El patinazo en este punto desencadenó el caos. El PSOE forzó un receso hasta las once de la noche y estuvo negociando durante horas para finalmente arrancar el apoyo de ERC, BNG y Bildu al menos a las medidas aprobadas por la Comisión, con el vago compromiso de impulsar un real decreto ley para prorrogar un año más el gravamen a las energéticas. PNV y Junts ya deslizaron que no lo apoyarán, lo que le augura una corta vida.
El Gobierno también tendrá el jueves en el pleno la posibilidad de sacar adelante el impuesto a la banca en última instancia, ahora que goza del respaldo de ERC, Bildu y BNG, aunque la posición de Podemos podría acabar con el impuesto en la cuneta.
El Gobierno necesita la reforma fiscal. No solo por los alrededor de 8.000 millones que metería en caja para afrontar el ajuste fiscal que le espera por delante sino porque comprometió con la Comisión la aprobación de una reforma fiscal.
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