El Congreso da luz verde a la reforma de pensiones de Escrivá que elevará las cotizaciones de empresas, autónomos y asalariados

El texto convalidado, no obstante, inicia ahora un camino incierto durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. El Ejecutivo abre esta posibilidad para permitir a los grupos que han apoyado el texto realizar aportaciones y contribuciones durante las próximas semanas. Una condición sine qua non para amarrar los votos afirmativos necesarios para sortear este primer examen en la Cámara Baja. No en vano, desde la oposición se criticó que este texto podría correr la misma suerte que otras normas que están bloqueadas en el Congreso precisamente en ese trámite de enmiendas.

Concretamente, el Pleno del Congreso convalidó el decreto ley que incluye la reforma del sistema de las pensiones, que finalmente ha contado con un amplio apoyo de 179 votos a favor, el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. Votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. De su lado, Vox, Junts y EH Bildu se han abstenido, mientras que el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG han votado en contra.

Durante su intervención en defensa de las medidas incluidas en el real decreto el ministro Escrivá se remangó para tratar de aplacar las duras críticas que ya ha recogido su plan de reforma para las pensiones desde diferentes servicios de estudios económicos, pero también de la propia Airef, la autoridad fiscal encargada de auditar las cuentas del Gobierno que prevé mayores gastos y más déficit público a costa de la política de pensiones aprobada por el Gobierno.

«Aportamos más equidad al sistema de pensiones», relataba el titular de la Seguridad Social asegurando que las medidas de ingresos introducidas en forma de subida de cotizaciones «robustecen la sostenibilidad» del sistema. En este sentido, Escrivá argumentaba que con estas medidas se evitan los recortes «extraordinarios» que se hubieran producido de seguir en vigor la reforma del PP aprobada en 2013.

Una de las posiciones más criticadas desde los partidos que han apoyado las medidas es el voto negativo de la primera fuerza de la oposición. El diputado popular Jaime de Olano trató de justificar el rechazo a las medidas argumentando que las medidas han sido consensuadas no solo a espaladas de los agentes sociales -cabe recordar que este segundo paquete de medidas fue comunicado a patronal y sindicatos como un paquete cerrado con un exiguo margen de negociación y que fue presentado en el Pacto de Toledo sobre hechos consumados-.

Aseguraban desde el PP que las medidas «rompen la contributividad del sistema» y que se pone en riesgo la sostenibilidad. «Tenemos dos meses para sentarnos en el Pacto de Toledo y hacer una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones», tendía la mano el popular.

Las críticas principales sobre el pliego de medidas aprobada que llegan desde los servicios de estudios económicos como Airef es sobre la incertidumbre o dudas sobre la viabilidad del escenario planteado. De entrada, cabe recordar que el Gobierno ha previsto subidas de cotizaciones por valor de 1,1 puntos del PIB de aquí a diez años, es decir, unos 13.000 millones de euros más. Pero esta cuantía saldrá tanto de las senda de destope de las bases máximas y la cuota de solidaridad aplicada a los sueldos que rebasen ese límite, y también de los 20,2 millones de afiliados a la Seguridad Social que ya pagan el 0,6% de su salario a costa del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y que se duplicará en los próximos seis años hasta el 1,2%.

Además de estas cotizaciones de nuevo cuño incluidas en el segundo paquete de reformas, ahora la Seguridad Social también ha estimado un mayor flujo de ingresos del inicialmente previsto por la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos que introduce los tramos y cuotas en función del nivel de rendimientos netos. Si en un principio se preveía un impacto fiscal neutro, ahora el Gobierno espera que en menos de diez años, el RETA esté ingresando entre 5.000 y 7.000 millones de euros más anuales, además de los más de 11.000 millones que ya aportan de media anualmente.