La ponencia de la ley de alquileres de temporada aprueba su informe, con la prohibición de cobrar al inquilino un seguro por el impago de la renta

La aprobación de la norma amenaza con producir un nuevo terremoto en el sector residencial, porque aspira a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), para que solo se pueda considerar como alquiler temporal de vivienda a los arrendamientos de menos de un año de duración y siempre que vengan acompañados de una justificación de esa temporalidad. A la proposición de ley se le han sumado hoy 19 enmiendas transaccionales que introducen parte de la propuesta para esta materia lanzada por el Ministerio de Vivienda el año pasado, e incorpora otras grandes novedades como la prohibición de exigir contratar al inquilino un seguro por impago de la renta, algo que afectaría a todas las modalidades de alquileres.

A pesar de la ruptura de Junts con el PSOE, la norma tiene garantizada en principio su aprobación en el Congreso sin necesidad de que pase por el Pleno porque ningún grupo había reclamado su avocación hasta este martes, cuando lo ha hecho el Grupo Parlamentario Popular. La Junta de Portavoces ha aprobado el debate de la avocación, incluida ya en el orden del día de la próxima semana, pero fuentes de la ponencia consultadas por ABC aseguran que la intención ahora es convocar la Comisión de Vivienda, con competencia legislativa plena, antes de que se reúna el Pleno para avocar la iniciativa.

El artículo 149 del Reglamento de la Cámara Baja faculta al Pleno a reclamar para sí la aprobación final de cualquier proyecto o proposición de ley, pero «antes de iniciarse el debate en comisión», algo que se ha producido este martes al discutirse y aprobarse el informe de la ponencia nombrada por la Comisión de Vivienda. Según las fuentes consultadas, si la Comisión de Vivienda se reúne antes que el Pleno y aprueba la ley, esta pasaría ya al Senado y dejaría sin efecto la avocación pedida ahora por el PP.

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En la Comisión de Vivienda, donde el representante del Grupo Mixto es Podemos, uno de los autores de la iniciativa, los partidarios de la ley pueden sacarla adelante aun en el hipotético caso de que Junts se posicione en contra. Si PP, Vox o Junts hubiesen reclamado antes la avocación de la norma por parte del Pleno, sus 177 diputados habrían sido suficientes para impedir su aprobación. Pero en el órgano que discute esta iniciativa, los tres se quedan en dieciocho parlamentarios por los diecinueve que suman PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos.

Así las cosas, la Comisión de Vivienda podría convocar una sesión para aprobar el dictamen de la ley y debatir las enmiendas que hayan quedado vivas en la ponencia, antes del Pleno, con lo que en principio se garantizaría su remisión al Senado sin que pase por el conjunto de sus señorías. En la Cámara Alta, los populares podrían enmendar la norma porque cuentan con mayoría absoluta en ella y entonces el Pleno del Congreso sí debería pronunciarse, pero solo sobre los cambios introducidos por los senadores. Ahí sí podría haber una alianza entre PP, Vox y Junts para descafeinar la iniciativa, pero por ahora el bloque que apoya al Ejecutivo se apunta una victoria. Fuentes de la ponencia, eso sí, reconocen cierto temor ante la posibilidad de que la derecha desvirtúe el espíritu de la proposición.

En septiembre del año pasado, Junts se posicionó en contra de una ley de Sumar que ya buscaba esta regulación y la iniciativa decayó. Pero en diciembre Sumar, ERC, Bildu y Podemos volvieron a la carga y en esa ocasión la derecha separatista se posicionó a favor de la toma en consideración, reservándose su postura definitiva a la tramitación de la norma. Ahora, haga lo que haga en comisión, y si los partidarios de la ley cumplen su hoja de ruta, no deberá pasar por el Pleno, donde el voto de los neoconvergentes sí habría sido decisivo.

El texto, en cuya elaboración también ha participado el Sindicato de Inquilinas, aspira a igualar la regulación del alquiler de temporada con la de los arrendamientos tradicionales. Aunque, por ejemplo, el tope para exigir al inquilino las mensualidades de fianza será incluso menor, y solo se podrá requerir un mes de garantía además del mes de fianza (en el de larga estancia el máximo es un mes de fianza más otros dos de garantía). Además en las zonas tensionadas, estos alquileres también estarán expuestos al índice de precios del Ministerio de Vivienda, y las agencias inmobiliarias no podrán pedir honorarios por intermediación.

En esencia, solo se considerará alquiler temporal a aquel que dure un mínimo de 31 días y un máximo de 12 meses siempre que esté justificada la causa (por motivo de estudio, por ejemplo), según se ha fijado en una de las enmiendas transaccionales aprobadas este martes. Si el motivo se considera injustificado o se encadenan varios contratos temporales con los mismos inquilinos, el contrato pasaría automáticamente a tener la misma duración que uno tradicional, es decir, entre cinco o siete años (en este último caso cuando el casero es empresa jurídica).

Además del alquiler de temporada, la propuesta de los socios del Gobierno también regulará los alquileres de habitaciones para que estos también estén referenciados a los límites de precios del Gobierno (la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para los pisos) y los arrendatarios tengan las mismas garantías que ofrece un contrato de alquiler tradicional por un piso completo. Otra importante novedad es que quedaría prohibido el cobro del IBI al inquilino en todos los casos.