La confianza de los empresarios alemanes se desploma y vuelve a niveles de pandemia

Sólo el 23% de las empresas tiene perspectivas positivas para el próximo año y los expertos hablan de «parálisis económica»

El Bundesbank, partidario ahora de flexibilizar el freno a la deuda

Alemania vuelve a asomarse a la recesión

Centro financiero de Fráncfort ABC

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

La última encuesta de confianza entre los empresarios alemanes muestra un gran pesimismo sobre la evolución de la economía en 2024. Los expertos del Instituto Económico Alemán (IW), que publica este estudio sobre más de 2.200 empresas, hablan de «parálisis económica». Sólo el ... 23% de las empresas tiene perspectivas positivas para el próximo año, mientras que el 35% tiene expectativas negativas.

La conclusión es que los empresarios cuentan con «una continuación de la parálisis económica en Alemania», dice el estudio. Las expectativas han vuelto a caer al nivel del otoño de 2022, apenas saliendo de la pandemia, que se caracterizó por las crisis de los precios de la energía, la elevada inflación y el riesgo de escasez de energía. «El fuerte aumento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania, el consiguiente aumento general de los precios, las incertidumbres geopolíticas y el importante descenso de la dinámica de la economía mundial explican el estancamiento económico en este país», explica el economista jefe del IW, Michael Grömling.

Este pesimismo tiene a su vez consecuencias para el empleo y las inversiones. Sólo una de cada cinco empresas espera tener más empleados el próximo año, mientras que el 35 por ciento espera menos. «Esto indica que el aumento a largo plazo del empleo en Alemania puede haber llegado a su fin por el momento», augura el estudio. Sólo el 27% planea mayores gastos de capital que en 2023, mientras que el 36% prevé presupuestos más bajos. «La debilidad de la inversión no se superará en 2024», concluye el IW, que constata la continuación de la crisis industrial y de la construcción.

Asimismo, sólo el 25% de las empresas industriales espera una mayor producción en 2024 y el 38% espera una disminución. Entre las empresas constructoras, el 54% disminuirá de la producción, mientras que sólo el 13% confía en un aumento. Las perspectivas comerciales de los proveedores de servicios, por el contrario, están casi equilibradas: el 26% es optimista y el 27% espera peores negocios.

Estas desmoralizadas respuestas fueron formuladas antes de que, a finales de noviembre, saltasen por los aires los presupuestos generales de 2023, a causa de una sentencia del Tribunal Constitucional alemana que los declaró ilegales.

El gobierno de Olaf Scholz ha decretado con efecto retroactivo la situación de emergencia desde principios de año para poder seguir emitiendo deuda con la que tapar el agujero presupuestario de 60.000 millones de euros, pero el Tribunal de Cuentas ha expresado ya sus dudas sobre este parche presupuestario y ha comunicado al gobierno que ve «riesgos legales». Incluso teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto suplementario y la declaración de emergencia, el presupuesto sigue siendo «extremadamente problemático desde el punto de vista constitucional», según un documento publicado por Handelsblatt.

Los presupuestos generales de 2024, por otra parte, siguen sin ser acordados por los tres partidos que forman el gobierno alemán y hoy martes es el último día hábil en que puede producirse ese acuerdo para que de tiempo al necesario trámite parlamentario antes de final de año. Esta crisis presupuestaria, la «policrisis» de la que ha hablado el ministro de Economía Robert Habeck, no hace sino sumar pesimismo entre los empresarios. Dado que el ministro de Finanzas, Christian Lindner (FDP), rechaza tanto el aumento de impuestos como una reforma del freno de la deuda, se impone un drástico ahorro presupuestario que muchos ministerios se niegan a asumir.

Si el gobierno federal recortara las inversiones previamente planificadas en industrias y empresas, esto tendría graves consecuencias para Alemania como sede de negocios. Según el BDI, los recortes en las inversiones podrían provocar pérdidas de al menos 150.000 millones de euros.

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