Las comunidades del PP se rebelan contra la amenaza de la ministra de Vivienda: «Es un chantaje»

«Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley», dijo ayer Rodríguez durante una intervención en TVE, recordando que las regiones efectúan entre el 70% y el 75% de sus inversiones con dinero del Estado.

La ministra afirmó que «no puede tratar por igual» a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, «por atacar al Gobierno», se muestran «insumisas» con el cumplimiento de la normativa. «Y, por tanto, la propia Ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos», subrayó, a la vez que apuntó a que el problema de la vivienda «no va de pelearse con el Gobierno» dirigiéndose expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar, como ya acostumbra cada vez que un miembro del Gobierno de Pedro Sánchez le busca las cosquillas. «No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona (miren los datos), y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el Gobierno nos amenace. Gobierno que ya lleva 6 años, 0 viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid», dijo Díaz Ayuso en la red social X.

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«¿Será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes?»,reflejó la líder madrileña en la misma plataforma.

A Ayuso le acompañaron en su defensa las principales regiones lideradas por el PP. «Las manifestaciones de la ministra son inaceptables y la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda», dijo ayer la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, informa Javier Alonso.

Desde la Comunidad Valenciana también transmitieron su rechazo a la amenaza del Rodríguez. «No vamos a tolerar que el Gobierno se inmiscuya en las competencias autonómicas. En lugar de aportar y hacer propuestas para mejorar la situación crítica en la que nos encontramos, intenta desviar la atención atribuyéndose competencias impropias con fórmulas que, además, lo único que hacen es tensionar más el mercado», lamentaron fuentes de la Generalitat, informa José Luis Fernández. Por su parte, el Goobierno de Aragón asegura que ya cumple con la ley de Vivienda. «Tenemos ya un plan que contiene una inversión de 400 millones de euros con cuatro programas dotados por fondos propios», expresan fuentes de la consejería de Vivienda aragonesa.

«Con intención de entenderme con la ministra» y la esperanza de lograrlo. Así acudirá el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, a la reunión que tiene prevista la próxima semana con Isabel Rodríguez. Eso sí, «tiene que retirar esas palabras y rebajar el tono», ha advertido. Y es que, además de cuestionar que el modelo de la Ley de Vivienda del Gobierno «parece que donde se está aplicando no ha funcionado», Mañueco ya ha avanzado que aprovechará este encuentro «para decirle que el modelo no es atacar, no es amenazar a las Comunidades Autónomas». Si no que, ha añadido, «es precisamente sentarse» y «desde la discrepancia, llegar a acuerdos», como, ha añadido, los sellados este viernes por Junta, CEOE, CCOO y UGT en el seno del Diálogo Social, entre los que se encuentra un relativo a vivienda, informa Isabel Jimeno.

Rodríguez no aclaró qué puntos concretos de la ley son los que no están cumpliendo las autonomías. Para buena parte de la norma, y sobre todo en lo que se refiere a la limitación de los alquileres, la ley estipula que son las comunidades las que deben decidir, pero en ningún caso es obligatoria su aplicación. De hecho, hasta el momento, solo Cataluña ha abogado por poner un precio máximo a las rentas.

Por el momento, no se espera que a corto plazo otras comunidades opten por usar la norma para tratar de sostener las subidas de los precios de los alquileres. Desde la entrada en vigor de la ley de Vivienda a finales de mayo de 2023 , tan solo Navarra, País Vasco y Asturias se han interesado por intervenir el mercado, pero hasta el momento no hay nada efectuado. En el resto de comunidades, la mayoría en manos del PP, no existen señales de que se vaya a pedir al Ministerio de Vivienda la declaración de zona tensionada en alguno de sus territorios. Tampoco ha expresado esa intención el Gobierno de García-Page en Castilla-La mancha, una de las pocas regiones que permanece en manos del PSOE tras la debacle electoral en las elecciones autonómicas de 2023..