Las comunidades del PP fabrican un Plan Estatal de Vivienda paralelo al del Gobierno con beneficios fiscales y menos papeleo para construir

Los populares dicen que dan este paso «tras siete años de promesas incumplidas», en los que el Gobierno «sigue sin materializar el Plan Estatal de Vivienda que necesita España». «El lunes tuvo lugar la primera reunión de la comisión multilateral de vivienda para abordar uno de los grandes retos del país y la ministra Isabel Rodríguez, lejos de plantear soluciones, optó nuevamente por las vaguedades», señalan las comunidades del PP quienes también han enviado una carta a la titular de Vivienda firmada por todos los consejeros del ramo, en la que piden ser convocados a una nueva reunión técnica para discutir esta propuesta.

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Por ello, las comunidades del PP (Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) aseguran que el objetivo principal de su plan es el de «revertir la crisis de vivienda que padecemos hoy», en particular, «la escasez de oferta de viviendas disponibles y la inseguridad jurídica generada», dicen. Algo por lo que también piden más medidas orientadas a ese objetivo como la reducción de burocracia para agilizar la construcción de casas.

Son seis líneas maestras las que contienen la propuesta popular. La primera de ellas consiste en movilizar parcelas de titularidad pública, tanto patrimonial como de entidades públicas, «para fomentar la construcción de viviendas en propiedad a precios asumibles», apoyándose para ello en promotores privados. Además proponen la creación de un Portal del Suelo público -que sería responsabilidad del Gobierno- para consultar parcelas públicas disponibles, «con detalle de su ubicación, características, régimen de venta o concesión, a través de derechos de superficie o arrendamiento».

Con el mismo objetivo de movilizar vivienda pública, las comunidades del PP proponen a Rodríguez que abogue por el desarrollo de vivienda protegida para «atender a las necesidades de vivienda social de familias en riesgo de pobreza y exclusión, así como a las víctimas de violencia de género y terrorismo», mediante incentivos a promotores, constructores y cooperativas de vivienda, que creen que permitiría recuperar «el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 70, 80 y 90». En esa misma línea hablan de construir inmuebles en alquiler asequible a un precio hasta un 30% por debajo del mercado, mediante mecanismos de colaboración público-privada como la cesión de derechos de superficie o concesión administrativa sobre suelos públicos «para la gestión en alquiler durante un período determinado tras el que las viviendas reviertan de nuevo en el Patrimonio público o mediante promoción directa a través de las entidades públicas de vivienda de las CC.AA.».

La tercera de la líneas maestras habla de incentivar la rehabilitación de vivienda para su puesta en el mercado. «Es importante impulsar la rehabilitación de viviendas en un parque muy antiguo como el que tiene España, con el objetivo de poner en el mercado más viviendas», señalan en su proyecto. Como medidas concretas para ello proponen programas de apoyo a la industria de la rehabilitación, para modernizar y hacer más habitables, accesibles y eficientes energéticamente las viviendas o fomentar líneas de financiación competitivas para las comunidades de propietarios y empresas rehabilitadoras, «con periodos de carencia cuando exista subvención o en relación con el comienzo de la amortización por el ahorro energético alcanzado», aclaran. Asimismo se propone incentivar la rehabilitación de las viviendas vacías mediante «servicios de interconexión entre empresas rehabilitadoras y propietarios de viviendas a rehabilitar, facilitando asesoramiento jurídico y la contratación de seguros para dotar de mayor seguridad la operación».

Además hablan de crear la figura del Agente Rehabilitador como «agente responsable y capaz de liderar y gestionar un proyecto de rehabilitación integral en todos sus aspectos, mediante el modelo llave en mano».

Otro de los pilares del plan es el de «proteger a familias en riesgo de pobreza y facilitar el acceso a la financiación», con ayudas al alquiler para las familias que están en riesgo de pobreza. Para ello, el PP dice que dará preferencia a las familias que atiendan al pago del alquiler por encima de las que «en abuso de derecho» deciden dejar de abonar la mensualidad e inquiocupar la casa. Dentro de este apartado, también dicen que darán facilidades de acceso a la hipoteca a menores de 40 años para compra de primera vivienda y avales que faciliten el acceso a crédito de hasta el 100% del precio de la casa. «Se debe facilitar igualmente la financiación a la industria de producción de viviendas, tanto para construcción industrializada como tradicional, incluyendo todas las etapas del proceso generativo de nuevas viviendas», apuntan también.

Por su parte, la penúltima proposición habla de reducir la burocracia, centralizando la gestión de los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal y autonómica en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, «con el obejtivo de reducir a la tercera parte los tiempos de emisión de los informes», especifican.

Del mismo modo, con el fin de «restablecer» la seguridad jurídica, piden aprobar una ley que impida que se anule el planeamiento urbanístico completo por defectos de forma, «anulándose el inciso que parcialmente resulte antijurídico, pero sin que afecte al resto del planeamiento. De esta forma que el resto del planeamiento pueda seguir funcionando de forma autónoma mientras se subsana el defecto de forma». En el mismo punto hablan de modificar la ley de Vivienda para devolver al mercado «el necesario equilibrio en la relación entre inquilinos y propietarios para evitar abusos por ambas partes», restableciendo los umbrales de vulnerabilidad «a los niveles que realmente representan a las familias con problemas», además de eliminando las intervenciones de precios.

Por último, el PP propone en su proyecto alternativo de Plan Estatal de Vivienda una reforma fiscal que consecuentemente lleve a una rebaja de precios tanto en alquiler como en compra. En concreto hablan de reducir los impuestos de la vivienda protegida desde los procesos de creación, así como en las transmisiones o de impulsar las cuentas de ahorro destinadas a vivienda protegida que ofrezcan beneficios fiscales, como deducciones en el IRPF por las cantidades ahorradas, especialmente para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. «Se aplicarán incentivos fiscales para dinamizar el mercado, centrados sobre todo en colectivos diana: jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, nuevos modelos de familias unifamiliares (personas solas, de mediana edad o mayores que deben emprender nueva vida solas -divorciados, viudos, separados-) municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos, núcleos rurales, etc».

Asimismo, abogan por reducir el IVA de las rehabilitaciones de vivienda al 4% y posibilitar las deducciones fiscales en el IRPF para las ayudas a la rehabilitación de vivienda e incluir deducciones fiscales en el IBI cuando se realicen obras de rehabilitación sujetas a la conservación, eficiencia energética o accesibilidad del inmueble.

Esos beneficios fiscales también redundarían en las rehabilitaciones destinadas al alquiler de vivienda, que a partir del primer año que se genere rendimiento positivo sería de un 100%, un 90% el segundo año y un 80% el tercer año.