La Comunidad Valenciana intensifica la ofensiva de los gobiernos del PP para bajar impuestos

El presidente del ejecutivo de coalición entre PP y Vox, Carlos Mazón, presentó ayer, acompañado por la consejera de Hacienda, Ruth Merino, un segundo paquete de rebajas de impuestos -en agosto ya presentó un anteproyecto de ley para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares de primer y segundo grado- que se incluirán dentro del proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2024 y que se dirigen sobre todo a los jóvenes y a las clases medias.

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Bruno Pérez

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En concreto, Mazón anunció media docena de nuevas deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aliviar el coste para las familias de un puñado de gastos comunes y un nuevo tipo superreducido en al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las operaciones de compra de vivienda de segunda mano realizadas por jóvenes u otros colectivos vulnerables. En conjunto, sumada la ya anunciada supresión de Sucesiones y Donaciones, el paquete de rebajas fiscales impulsado por el Gobierno valenciano este año supondrá un ahorro de 365 millones de euros para los valencianos, tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023 y será acumulable entre sí.

El presidente valenciano precisó que esta nueva remesa de rebajas fiscales se dirigirá a contribuyentes individuales con rentas de hasta 32.000 euros o a familias con declaraciones conjuntas que declaren hasta 48.000 euros de renta, a las que identificó como «las que más las necesitan porque son las que menos ganan» y que según sus estimaciones suponen el 87,5% de los contribuyentes.

La reforma fiscal valenciana explora un nuevo enfoque sobre la utilidad del Impuesto sobre la Renta para aligerar los gastos de las familias. Las cuentas de 2024 incorporarán seis nuevas deducciones en el impuesto que aspiraban a rebajar el coste de determinados gastos comunes para las familias. Mazón hizo especial hincapié en la nueva deducción del 30%, con un límite de 150 euros, sobre los gastos asociados a la práctica deportiva, en la que se incluye la mensualidad del gimnasio, que justificó en que «el deporte no es sólo ocio, sino bienestar. Debemos contemplarlo como parte de nuestra política sanitaria y la vida sana merece un incentivo fiscal».

Además el ordenamiento fiscal valenciano incorporará a través de los presupuestos de 2024, pero con efectividad retroactivo desde el pasado 1 de enero, otras deducciones similares del 30% en el IRPF sobre los gastos asociados a tratamientos bucodentales, con un tope máximo de 150 euros; sobre gafas graduadas y lentes de contacto, con un máximo de 100 euros; sobre el coste vinculado a la salud mental, también con un límite de 150 euros; sobre los tratamientos asociados a la atención de enfermedades raras o pacientes con enfermedades crónica o alzhéimer, hasta 100 euros; y finalmente con un tope de hasta 150 euros para los gastos extra asociados a las familias numerosas o monoparentales.

La segunda línea de alivio fiscal que propiciará el Gobierno de Mazón pasa por facilitar la adquisición de su primera residencia a los jóvenes menores de 35 años. Con ese objetivo, el Gobierno valenciano recortará del 8% al 6% el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicable a las transacciones inmobiliarias en las que el comprador sea un joven o la vivienda adquirida sea de protección oficial, siempre que su precio de adquisición sea inferior a 180.000 euros. Según los cálculos del Ejecutivo, en una vivienda de 170.000 euros el ahorro derivado de esta medida fiscal sería de 3.500 euros.

«Este es el primer gran paso de una reforma fiscal que irá a más», anunció Carlos Mazón, erigido de alguna manera en punta de lanza de la ofensiva que las comunidades autónomas del PP están lanzando para bajar impuesto allí donde gobiernan.

A día de hoy, los gobiernos dirigidos o apoyados por los populares han anunciado la eliminación de los impuestos a las herencias hacia familiares cercanos en Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, Baleares y Canarias, y también garantizan la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio en media España: Comunidad de Madrid, Andalucía, Región de Murcia, Galicia, Extremadura, Cantabria y La Rioja, y estará fuertemente bonificado en Aragón.

No se han quedado ahí. Extremadura también pretende bajar la carga fiscal del IRPF para las rentas por debajo de 22.000 euros, mejorar la deducción por alquiler de la vivienda habitual y reducir el impuesto de matriculación; Baleares también rebajará, como la Comunidad Valenciana, el impuesto de transmisiones patrimoniales para las compras de jóvenes; la nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a bajar «todos los impuestos; el nuevo Gobierno riojano se ha comprometido a convertir La Rioja en una de las regiones con menos impuestos de España; y Aragón bajará el IRPF a todas la rentas inferiores a 50.000 euros.