Competencia pide un modelo único para gestionar los residuos de envases

Cabe señalar que los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada son aquellas compañías encargadas de la firma y pago a los Ayuntamientos u entidades locales responsables de organizar la recogida de basuras, actuando de intermediario entre estos organismos estatales y las empresas productoras cuya obligación descansa en la financiación de la recogida y tratamiento de los residuos derivados de los bienes envasados en vidrio, plástico, bricks o latas que producen.

La propuesta remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fundamenta su existencia en el artículo 33 del real decreto de envases y residuos de envases por el que se establecen los deberes de los sistemas de responsabilidad ampliada. Así, el precepto legal obliga al organismo intermediario a la firma de un convenio con la Administración Pública involucrada en la gestión de residuos. El convenio suscrito entre ambas entidades debe contener tres cláusulas esenciales: quién organiza la gestión de residuos, cómo se financia y el uso de espacios públicos y su regulación aneja.

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Tras pasar por el examen de la CNMC, el organismo público ha determinado que presenta una serie de vacíos regulatorios en «aspectos esenciales». Concretamente, señala la «falta de concreción» sobre cómo asignar los costes y responsabilidades entre los sistemas de responsabilidad ampliada, cuál será la forma de facturación y cómo y cuáles serán los mecanismos de coordinación entre actores.

Por ello, recomienda establecer organismos de coordinación y supervisión independientes para la prevención y resolución de conflictos entre los diferentes Scraps; así como emplear las cuotas de mercado de estos agentes intermediarios, calculadas por un ente público e imparcial, como criterio para asignarles responsabilidades.

Dada la histórica situación de monopolio en el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, Competencia aconseja que se garantice el acceso en condiciones «justas, razonables y no discriminatorias» de todos los Scraps a las herramientas clave, como la plataforma de facturación. En esta misma línea, pide que se garantice la «neutralidad competitiva», firmando los convenios que han de suscribirse con las instituciones estatales con todos los Scraps operativos, y no con unos pocos como Ecoembes o Ecovidrio.

Asimismo, el órgano insta a «consensuar a nivel nacional» el modelo de gestión de negocio aplicable al conjunto de Administraciones Públicas y, así, evitar la complejidad que reviste el modelo mixto de gestión -introduce variantes dependiendo de la administración-. Es decir, con el objetivo de evitar diferentes modelos según la comunidad o municipio, la CNMC recomienda la elaboración de un modelo único y claro a nivel nacional.

Así las cosas, el organismo que promueve y preserva el buen funcionamiento de los mercados critica la falta de claridad y neutralidad en el borrador del convenio marco para la gestión de residuos de los envases y propone establecer un modelo único, justo y supervisado por un organismo independiente que prevenga conflictos y asegure una competencia equitativa ante este nuevo panorama de multiplicidad de Scraps.

Finalmente, Competencia lanza una serie de sugerencias específicas sobre el texto del convenio: asesora emplear el arbitraje en caso de desacuerdo entre los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor para elegir a sus representantes en la Comisión de Seguimiento, anima a definir las situaciones que podrían adoptarse por mayoría cualificada en lugar de consenso y pide que se fije la institución que actuará como experto independiente para acudir al arbitraje en caso de desacuerdo.