Competencia ya analiza si hay cambios de comportamiento comercial en la banca tras el impuestazo

La norma del impuesto deja claro que la banca no puede repercutirlo al consumidor. «El importe de la prestación y su pago anticipado no serán objeto de repercusión económica, directa o indirecta», señala la ley. Una redacción que entra en contradicción con las normas bancarias europeas, que recogen que sí se deben repercutir los costes impositivos a los usuarios, algo que recordó el Banco Central Europeo (BCE) en su dictamen al respecto. Sin embargo, ese punto no se ha aclarado hasta la fecha por las autoridades y Competencia se basa en las funciones que le atribuye la normativa española en este sentido.

«Tendrá la consideración de infracción muy grave el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe repercutido», afirma el texto legal, para añadir: «Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin perjuicio de las competencias del Banco de España y de la obligación de este de colaborar con la misma, la comprobación del cumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo primero así como, en su caso, la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la misma».

En este contexto, la CNMC debía vigilar desde la entrada en vigor del impuesto que las entidades financieras no le carguen el mismo a sus clientes incrementando el precio de sus productos y servicios que prestan. Una tarea para la que no se han recibido instrucciones estos meses por parte del Ejecutivo pero en la que ya trabaja la institución.

Fuentes de Competencia indican a este periódico que, en estos momentos, «la CNMC está colaborando con el Banco de España, como prevé el apartado 7 del artículo 2 que crea el gravamen, para identificar cambios de comportamiento en las entidades sujetas al gravamen en sus políticas de activo y pasivo a partir de la información de que dispone el Banco de España, así como toda otra información y análisis que pueda ser de utilidad para dicho cometido».

En este sentido, la institución está analizando ya si los bancos repercuten o no el impuesto a los consumidores; en caso afirmativo habrían de incoar el correspondiente expediente y la posterior sanción, si procediera en algún caso.

De momento están en la fase de análisis de la información de la que disponen. Y en este asunto tiene mucho que decir el Banco de España. El supervisor bancario es el que está proporcionando información comercial de los bancos a la CNMC para que pueda cumplir con la encomienda que le han dado. Uno pide y el otro le da.

Competencia ya cuenta con datos de las entidades sujetas al gravamen, pero se prevé que disponga de más cifras para poder evaluar la situación; de hecho, ya se ha solicitado más información al Banco de España para realizar ese análisis.

En todo caso, no se trata de una investigación formal ni hay ningún procedimiento abierto contra ninguna entidad financiera a este respecto, según ha podido saber este periódico. Por el momento el proceso de análisis está en una fase inicial y habrá que esperar todavía varios meses para empezar a tener algunos resultados.

Así las cosas, lo que está analizando la CNMC abarca tanto el activo como el pasivo de los bancos. Es decir, se trata de un escrutinio generalizado del negocio bancario que no se refiere solo, por ejemplo, al coste de los créditos o seguros que ofrecen, sino también a los depósitos, que entran dentro del llamado pasivo.

Precisamente los depósitos son un asunto que genera controversia entre los consumidores españoles ya que los bancos por el momento apenas están remunerándolos. Aquellos intereses que pagaban antaño las entidades de incluso el 5% por un depósito a plazo no volverán a verse en España, pero los usuarios sí que reclaman que los bancos den algo de rentabilidad al ahorro.

A cierre de febrero, la banca en España estaba pagando una media del 0,07% en nuevas operaciones de cuentas corrientes de los hogares. En el caso de los depósitos a plazo, el porcentaje quedó en el 0,86%, muy lejos del 5% de antes de la crisis de 2008 y muy por debajo de lo que se paga en otros países de Europa.

En el caso de los depósitos de las empresas las cifras son algo mayores pero continúan sin ser atractivas para el tejido productivo. Ante esta situación, compañías y familias están optando por retirar dinero de los depósitos bancarios para dedicarlo a otros productos que sí den algo de rentabilidad más jugosa. En concreto, entre enero y febrero de 2023 se ha producido una salida de depósitos de 41.000 millones de euros.

Ese dinero, sin embargo, no se ha ido a debajo del colchón sino que, por una parte, se está utilizando para hacer frente a la subida de precios generalizada por la inflación y, por otra, para dedicarlo a productos como los fondos de inversión o las Letras del Tesoro en el caso del inversor minorista.