¿Compensa cobrar el subsidio para mayores de 52 años o trabajar por un sueldo bajo para la jubilación?

Ante esta coyuntura, el sustento con el que cuentan los mayores de 52 años es el subsidio por desempleo, un soporte –480 euros al mes– que no es comparable a ningún sueldo a tiempo completo, pero que esconde otra realidad: el SEPE les cotiza por un 125% de la base mínima del SMI. Es decir, el erario público aporta más por ellos (un 25% adicional a lo que cotiza un trabajador con SMI) que quienes están trabajando por el salario mínimo. Y la duda resulta hasta lógica. A efectos de la futura pensión... ¿compensa cobrar el subsidio hasta la jubilación en vez de aceptar un puesto de trabajo con un sueldo bajo? ¿Y a partir de qué momento y con qué salario es viable? Veamos unos cuantos cálculos.

La cuantía que perciben los beneficiarios del subsidio para mayores consta de los 480 euros que perciben cada mes más la cotización que asume el Estado. Esa cuota social se calcula sobre la base mínima del régimen general, que se encuentra actualmente en los 1.381 euros. Es decir, el SEPE asume una base de cotización de estos ciudadanos de 1.726 euros sobre la que se aplican las correspondientes cuotas, como a todos los trabajadores (tipos de casi el 30%), del que resultan unos 502 euros al mes. En total, cada perceptor del subsidio cuenta con 982 euros entre ayuda y cotizaciones.

La otra posibilidad pasa por aceptar un puesto de trabajo con el que consiga superar esa cuantía que obtendría en el subsidio de cara a la futura pensión. Para ello necesita cobrar un salario que, como mínimo sea de 1.165 euros al mes, prácticamente el mismo que el actual SMI, incluida la cotización por cuenta del trabajador y unos gastos mínimos estimados en 100 euros, como por ejemplo en transporte al trabajo.

El problema es que quien acepte un sueldo que se encuentre en el entorno del SMI va a acumular una pérdida de su futura pensión de un 5% frente a quien se quede cobrando el subsidio. Esta diferencia se explica por la cotización que conlleva la prestación, que supone una pérdida de unos 112 euros al mes al jubilarse, o de unos 27.000 euros si se toman como referencia 20 años de pensión.

Para romper esa brecha, hay un punto de inflexión en el salario a partir del cual compensa aceptar un trabajo en vez del subsidio. Son los sueldos de 1.450 euros al mes. Si un ciudadano con derecho a subsidio de más de 52 años consigue un empleo con un salario superior a esa cuantía, su pensión se verá reforzada, según el sistema actual. Si le ofrecen entre 1.350 y 1.450 euros, puede pensárselo porque es una decisión económicamente óptima. Y si el sueldo es inferior a 1.350 euros, la balanza se inclina a favor del subsidio, siempre pensando en la futura jubilación.

Con estas cifras sobre la mesa, el economista Manuel Álvarez, autor del libro ‘Pensiones: la promesa rota’ y colaborador de Ocopen, advierte de que el subsidio para mayores de 52 años «acaba desincentivando el regreso al trabajo». Según explica, el sistema está mal equilibrado: «la ayuda mensual es baja, pero el Estado cotiza por una base muy alta, lo que hace racional para muchos beneficiarios no aceptar empleos con salarios modestos». Álvarez propone reformarlo «aumentando ligeramente la ayuda y ajustando la cotización del 125 % al 100 % de la base mínima», de modo que se reduzcan los desincentivos y se mejore la sostenibilidad del sistema de pensiones.. Para Miguel Ángel García, de Fedea, no solo se está calculando el gasto de la prestación en sí misma «sino que también hay que tener en cuenta el peso que supone para el sistema de pensiones».

El caso de los autónomos es más sangrante por el riesgo que asumen. Por eso, Álvarez propone establecer un mecanismo de transición ordenada hacia el trabajo autónomo para los beneficiarios del subsidio. Este modelo permitiría compatibilizar temporalmente el subsidio con una actividad, aplicando bonificaciones progresivas en la cotización con derecho a reanudar la ayuda si fracasan.