La Comisión Europea mantiene abierto el expediente contra el Gobierno por su injerencia en la opa

En una primera reacción, el portavoz de la Comisión Europea Olof Gill ha señalado que en Bruselas no tienen por costumbre «hacer comentarios sobre operaciones comerciales concretas y no lo vamos a hacer ahora», lo que significa que el hecho de que la opa se haya dado por fracasada no interviene en su posición. «Es un procedimiento en curso y lo esencial es que cuando la Comisión inicia un procedimiento de infracción entendemos que concierne a ciertas disposiciones del derecho español que en nuestra opinión violan la legislación bancaria europea y restringen el libre establecimiento y la libertad de circulación de capitales», por lo que ese expediente sigue su propio trámite.

Tanto el regulador bancario, el Banco Central Europeo, que aprobó esa opa, como la propia Comisión, son favorables a las fusiones entre entidades financieras como paso previo a la creación de la unión bancaria, que desembocará en un mercado en el que desaparezcan las fronteras nacionales, por lo que se necesitan operadores de mayor tamaño. En su explicación, Gill recordó que desde el ejecutivo comunitario «creemos que la consolidación de las fusiones bancarias a nivel nacional e internacional podría contribuir a mejorar la eficacia y la rentabilidad de los bancos y mejorar la economía europea, lo que podría por tanto beneficiar a los consumidores en general»

En cuanto al hecho de si esa legislación ahora denunciada hubiera podido contribuir de alguna manera al fracaso de la fusión, la Comisión insiste en que «no tenemos ninguna observación sobre la operación concreta».

La Comisión envió el pasado 17 de julio una carta al Gobierno como primer paso de un procedimiento sancionador porque considera que ciertas disposiciones de la legislación española otorgan al Gobierno facultades ilimitadas para intervenir en fusiones y adquisiciones bancarias, lo que podría vulnerar competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales. En concreto se cuestionan normas españolas relativas a la Ley de Defensa de la Competencia (2007) y la Ley de Solvencia Financiera (2014) cuyas disposiciones no estarían alineadas con el Derecho de la Unión.