Europa pone fin a la «manga ancha»: los Estados tienen que volver a controlar el déficit público

La cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una desviación temporal de las obligaciones de control presupuestario se desactivará a finales de este año lo que en palabras de la propia Comisión significa «la reanudación de recomendaciones específicas de cada país sobre política fiscal».

En otras palabras, quiere decir que los países miembros deberán tener en cuenta la necesidad de controlar el déficit público a partir de los programas presupuestario que están obligados a enviar a Bruselas el mes que viene. Este año no habrá procedimientos de infracción en primavera, a pesar de que hay muchos países que superan el 3% de déficit, pero se anuncia que el año próximo se controlará el ejercicio actual a pesar de que las reglas aún están ahora mismo suspendidas. En estos momentos, el Gobierno prevé que el déficit público será del 3,9% este año, frente al 4% estimado anteriormente; que en 2024 estará en el 3,3%, y que en 2025 habrá descendido al 2,9% y estará fuera del área de las sanciones.

Este periodo de excepcionalidad ha servido para lanzar las discusiones sobre una revisión de las reglas, basadas en las líneas generales presentadas por la Comisión el año pasado, de modo que lo que aplicará el Ejecutivo comunitario en los dos próximos ejercicios será una especie de «puente» entre las viejas, que según el comisario «no tenía sentido seguir aplicando», y las nuevas que aún no existen.

El martes de la semana que viene se las presentarán a los ministros de Economía de toda la UE en el consejo Ecofín, y confían que el trabajo preparatorio que han llevado a cabo hasta ahora les permita avanzar en una convergencia de posiciones. Después, en el próximo Consejo Europeo, el día 23, los dirigentes de los países miembros discutirán esta versión que prevé más flexibilidad a la hora de acotar los límites de gasto (siempre que se justifique por ser inversiones en transición energética o revolución digital) pero también vuelve más automáticas las posibles sanciones.

Gentiloni explicó que no se trata de la vuelta de la época de austeridad, pero sí de la «sostenibilidad fiscal» de los países miembros. «Hay que salvar el crecimiento, porque sin crecimiento no puede haber reducción del déficit». Y los países deben concentrarse en bajar el gasto sin perjudicar las inversiones» como un medio que también sirve para disminuir la inflación. El primer consejo en este sentido es que se retiren las ayudas masivas por el precio de la energía.

Los países muy endeudados, como España o Italia, pueden utilizar los fondos de recuperación que se les han atribuido para mantener las inversiones y obtener cierto margen de maniobra en la política fiscal en un escenario donde «el camino es muy estrecho», pero para ello tendrán que reformar sus planes de recuperación y ser capaces de absorber los fondos europeos.

Algunos países han pedido que se incluyan los gastos militares en la zona donde se pueden hacer inversiones como las infraestructuras en generación de energía renovable. La Comisión no ha accedido todavía a aceptar este criterio.

Sin embargo, este y otros aspectos podrían cambiar en cualquier momento. Según Gentiloni, «estamos en una situación que evoluciona muy rápidamente. Tenemos que reconocer que el argumento de los precios de la energía es menos realista de lo que pensamos», mientras que «el nivel de inflación es demasiado alto y es una amenaza para la población».