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COAG denunciará a los importadores de tomate marroquí por fraude fiscal de 71 millones de euros

En plena pugna con Mercosur, COAG vira su enfoque hacia el acuerdo con Marruecos, y afirma que el país africano ha excedido la cuota libre de aranceles

La despensa de Europa se va de España a Marruecos y Sudamérica por los recortes al trasvase Tajo-Segura y Mercosur

Según COAG, los importadores de tomate han defraudado 71 millones de euros EFE

Jaime Mejías

Madrid

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) emprenderá acciones legales por fraude fiscal contra los importadores de tomate marroquí. Así lo ha afirmado el responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, durante el webinar informativo sobre las implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos por incluir los territorios del Sáhara Occidental.

En plena pugna institucional entre la administración y las asociaciones agrarias por el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, COAG, una de las asociaciones protagonistas en la oposición al acuerdo ha dirigido sus protestas hacia otro de los acuerdos que suscribió España en materia de comercio, el de cooperación con Marruecos.

En un comunicado, la asociación expone que el análisis realizado por los Servicios Técnicos de COAG muestra claramente que las importaciones marroquís han superado con creces la cuota de 285.000 toneladas al año de tomate libre de impuestos, a un precio mínimo de 0,46 euros el kilo, que recoge el citado acuerdo. Desde 2019, Marruecos habría excedido en unas 230.000 toneladas al año el límite que está exento de tasas.

«Los cálculos de nuestra investigación muestran que las empresas que importan tomate de Marruecos tendrían que haber pagado 71,7 millones de euros a España en los últimos cinco años por el excedente de tomate que han introducido en el mercado europeo, en torno a los 14 millones de euros anuales», ha precisado Góngora.

Del mismo modo, añade que «las cuentas son lo más benevolentes posibles con Marruecos, ya que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos, lo que haría aumentar las cifras estimadas». En este sentido, el responsable de COAG ha señalado la complicidad de la UE como de los gobiernos español y francés.

Las instituciones «se pasan la pelota»

«Durante los últimos 10 años, COAG ha pedido de forma reiterada tanto a la Comisión Europea como a los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda, las cantidades liquidadas por las importaciones agrícolas de Marruecos en materia de tasas arancelarias y no ha recibido respuestas aclaratorias al respecto«.

«Hemos preguntado a la Comisión Europea por el asunto, pero la institución se remite a que es competencia de cada Estado Miembro controlar las tasas arancelarias. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos ha redirigido a los ministerios de Economía y Hacienda, que lo único que nos han dado es el silencio por respuesta», ha precisado.

Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ideal el acuerdo conde libre comercio con Marruecos, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG ha pedido que la aplicación de la misma sea inmediata, sin periodos de gracia. «Los agricultores y agricultoras europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del Acuerdo».

Góngora ha añadido que «si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo».

En este sentido, COAG también ha reclamado que el gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios, dado que son los más perjudicados por el acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos, y presione en la UE para la anulación del mismo y para eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones.

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