La cláusula de la nueva Ley de Vivienda a la que los caseros podrían agarrarse para cobrar más
Los inquilinos podrían asumir algunos gastos que hasta ahora pagaban los arrendadores, aunque tendrá que estar todo por escrito
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La Ley de Vivienda pactada entre el Gobierno y sus socios incluye algunas novedades que han despertado las críticas tanto de la oposición como del sector inmobiliario, que interpretan en el texto que se pretende aprobar un aumento de la inseguridad jurídica. Entre esas novedades de la ley serán los propietarios quienes deban asumir los gastos de agencia, lo que ha planteado a su vez la pregunta de si los caseros aumentarán los precios de los alquileres o trasladarán a los inquilinos algunos gastos para que el impacto de la medida sea menor.
«Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario», establece el borrador de la nueva ley. Es decir, algunos de los gastos susceptibles de entrar en esta definición son, por ejemplo, el IBI o los gastos de comunidad que tradicionalmente siempre han asumido los propietarios.
Tal y como está el texto, ¿podrán los arrendadores introducir en el alquiler estos gastos y cobrar más? A efectos prácticos, la respuesta es sí porque la ley lo permite. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si bien que los propietarios asuman los gastos de agencia es una novedad, este aspecto no lo es.
José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), aclara sobre este punto de la nueva ley que ya era así hasta ahora de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. «Se debe indicar en el contrato y se puede hacer pero el 99%, de los caseros no lo hacen porque se salen del mercado y al final tiene consecuencias prácticas», explica.
La Ley de Vivienda también lo expresa así en el texto: «Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no afectará a la Administración».
Esperar la respuesta del mercado a la aprobación de la ley
Desde que se presentó el acuerdo ha quedado de manifiesto que el sector inmobiliario no está de acuerdo y alertan de las consecuencias que, a su parecer, tendrá la nueva ley. Entre ellas, generar «una demanda alta y una oferta baja que se puede traducir en precios más altos».
A pesar de que en la actualidad muy pocos caseros trasladan este tipo de gastos a los inquilinos, desde la Agencia Negociadora del Alquiler subrayan que habrá que esperar a ver cómo responde el mercado una vez aprobada la ley. «Si todo el mundo lo hace, sí se podrían empezar a incluir estos gastos en el contrato del alquiler. Todavía no sabemos las consecuencias, pero sí hemos detectado que en los últimos meses están aumentando las cláusulas por necesidad», advierte Zurdo.
Mecanismos de seguridad ante la Ley de Vivienda
No obstante, el director de la ANA destaca también que cree que los propietarios optarán por otros mecanismos para que la ley no les suponga un impacto negativo. En este sentido, el texto contempla también topes al alquiler del 3% en 2024 con un nuevo índice que calcule la actualización de la renta.
Serán por tanto, según José Ramón Zurdo, «mecanismos de seguridad» lo que implicará que «los arrendadores endurezcan de forma tremenda los requisitos» a la hora de alquilar sus casas. «Se fijarán más en la estabilidad de la persona a la que vayan a alquilar que en poder trasladar gastos, buscarán gente que se pueda endeudar al menos en un 25%, garantías complementarias o más avales para evitar impagos», indica.
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler estiman que la ley de vivienda podrá suponer la desaparición de inmobiliarias o el desplazamiento de las inversiones hacia otro lugar. Aseguran que los inquilinos también se verán perjudicados «sobre todo a los más vulnerables, porque debido a las enormes limitaciones que se van a imponer a los propietarios arrendadores».
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