Los claroscuros de la controvertida ley de restauración de la naturaleza

Mateo Salazar, socio de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, no tiene dudas de que la LRN a largo plazo tendrá un impacto positivo sobre la economía, «ya que busca asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales que necesitan todos los sectores». No obstante, considera inevitable que «algunas empresas se vean afectadas y otras beneficiadas en el corto plazo, pero eso sólo lo sabremos cuando esté escrita la letra pequeña de la ley en España, y tengamos visibilidad sobre los mecanismos que se decidan utilizar para implementarla», puntualiza.

A la hora de hablar de los sectores en los que esta ley puede tener más repercusión, Salazar señala el agrícola, porque «busca proteger la biodiversidad y aumentar los stocks de carbono orgánico en cultivos. Y esto podría reducir la capacidad de expansión de las tierras agrícolas. Pero, a largo plazo, podría tener un efecto beneficioso sobre la calidad del suelo y protección frente a efectos del clima». Otro sector a destacar es el marino, «por el objetivo de restaurar los lechos de pastos marinos y las poblaciones de especies marinas endémicas». También el forestal, «ya que busca revertir la pérdida de conectividad forestal, restaurar los bosques primarios y aumentar la abundancia de aves forestales y reservas de carbono orgánico» e incluso el de la construcción, porque «busca detener la pérdida neta de espacio urbano verde y cubierta arbórea».

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En cuanto a la implementación de esta ley, el socio de KPMG habla de cambios en los subsidios actuales, sobre todo en los sectores agro, pesquero y forestal, «orientándolos hacia actividades compatibles con la nueva legislación». Se generarán también incentivos, directos o indirectos, a través de financiadores, «para inversiones privadas en soluciones basadas en la naturaleza, como siembra de especies nativas con alto valor ecosistémico, implementación de agricultura regenerativa, entre otros». Se va a producir un crecimiento de áreas protegidas terrestres y marinas «en zonas donde actualmente se permite la actividad agrícola, forestal, minera, construcción o pesquera» y se espera la introducción de impuestos o regulación de actividades desalineadas con los objetivos de la normativa.

Mateo Salazar resalta las oportunidades que la LRN a las empresas. «Es crucial que las compañías evalúen y, si es posible, cuantifiquen sus impactos y dependencias de los recursos naturales», comienza por destacar. Porque este análisis «es la base para desarrollar estrategias robustas, y es una pieza clave para cumplir con los requerimientos de la Directiva de reporting de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de deforestación que también aplican o aplicarán pronto a empresas con operaciones en la Unión Europea», puntualiza.

Desde Valora Consultores están acompañando muy de cerca el cambio que va a suponer la implementación de la LRN. «Tendrá un impacto económico en varias dimensiones. A corto plazo sí va a suponer costes iniciales significativos para, por ejemplo, la adquisición de terrenos, capacitación y sensibilización», indica Alicia Fernández Vilas, socia y directora de Sostenibilidad Ambiental de esta consultora. Pero «compensa con todos los beneficios a largo plazo que van a tener, como puede ser el aumento de empleos verdes». Habla de informes en los que se apunta que se podrán generar 20 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido. Entre sus efectos destaca el hecho de poder funcionar como amortiguador de sequías e inundaciones y mejorar la calidad del agua y del aire y, todo ello «supone un ahorro económico muy importante». También destaca el impacto que va a tener el turismo en países como España, ya que «puede atraer turistas a zonas donde normalmente no van, generando ingresos para las economías locales».

Alicia Fernández Vilas resalta el impacto de la ley en sectores como la agricultura y ganadería, «donde se van a restaurar tierras degradadas»; el forestal y silvícola, donde la restauración de bosques «será un componente clave», la pesca y el energético. Dado el contacto próximo que desde Valora Consultores tienen con las empresas, «creemos que van a jugar un papel crucial liderando temas de inversión e innovación. Habrá nuevas oportunidades para desarrollar soluciones innovadoras», subraya.

No obstante, califica la ley de «muy ambiciosa» y cree que necesitará una adaptación progresiva. «Los ecosistemas –advierte– no se regeneran de un día a otro y los impactos positivos se verán a largo plazo».

Dentro del sector agropecuario han saltado las alarmas por esta ley y existen asociaciones que se oponen a ella y piden su total derogación. Es el caso de Asaja (Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores), desde donde recuerdan que la ley busca promover la conservación del medioambiente, pero carece de un enfoque equilibrado sin tener en cuenta las necesidades y realidades del sector agrícola. «En España, la aprobación de esta ley supondría que alrededor del 40% de la superficie total que está bajo la Red Natura 2000 quedase improductiva», afirma José María Castilla, director de la oficina Asaja en Bruselas. «No estamos en contra de restaurar la naturaleza sino de cómo lo quieren hacer. Esta ley ha salido sin consenso por parte del sector agrícola», subraya Castilla. Recuerda que la agricultura que aplicamos ya es más restrictiva y ahora «le dan un nuevo giro de tuerca y van a hacer que no sea rentable económicamente, cayendo el pilar económico y también el social porque se pierden empleos y solo se mantiene el medioambiental», matiza. En la parte de la sostenibilidad, ven que muchas empresas ya adoptan dentro de sus políticas de sostenibilidad todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. «Esta ley es una oportunidad para integrarla en sus áreas porque te puede ayudar a ser más competitivo», puntualiza.

Una de las cosas que más preocupa a José María Castilla es que «ninguna de estas normas que van a ser implementadas a nivel europeo se van a exigir a terceros países. Esto nos aleja de la libre competencia que hay». Por otro lado, recuerda que cada país debe hacer su plan estratégico que ha de ser consensuado pero no aprobado por los agricultores, lo cual va a llevar «a la distorsión». Desde Asaja están también preocupados por el hecho de ser «una ley no presupuestada y genera inseguridad en el campo que no sabe si invertir». Esta asociación recuerda que gracias al trabajo de varias asociaciones se ha conseguido evitar que la ley se financie con la PAC.