La cesión del 100% de los impuestos a Cataluña quebraría la solidaridad entre regiones

¿Qué implicaría esta cesión? En la práctica, supondría poner patas arriba el sistema de financiación autonómica y romper con el principio básico de solidaridad entre las regiones, además de que el Estado asumiría 15.000 millones de euros de deuda que tiene la comunidad autónoma. Un negocio redondo para la comunidad catalana si finalmente prosperan las negociaciones; en la región se recaudan anualmente en impuestos estatales algo menos de 50.000 millones de euros, según el Instituto de Estadística de Cataluña, de los cuales más de 21.000 millones corresponden a IRPF y más de 17.600 millones a IVA, con datos de 2022.

En el documento del acuerdo las partes se comprometen a emprender una negociación que daría prioridad a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para garantizar «una cláusula de excepción que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat». El objetivo final: «Facilitar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña» al gobierno autonómico.

De esta manera, de alcanzarse una cuerdo, se habría de rediseñar el sistema de financiación autonómica, estableciendo lo que sería una especie de cupo a la catalana, en referencia al régimen de financiación favorable del cupo vasco.

El sistema de financiación autonómica en España tiene como objetivo que todas las comunidades garanticen a sus ciudadanos los servicios públicos en las mismas condiciones. Para lograrlo, existen transferencias tanto del Estado a las regiones, como entre los territorios, donde los más ricos aportan más de lo que reciben y viceversa. Madrid, Cataluña y Baleares, con las mayores rentas per cápita, son las únicas aportadoras netas al sistema de solidaridad entre comunidades, con unos 9.000 millones en total, pero con grandes diferencias entre ellas. Mientras que la región de la capital contribuye con más de 6.300 millones al sistema, Cataluña lo hace con 2.168 millones y Baleares con 334 millones.

Así lo reflejaba un informe de la liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, realizado por el servicio de estudios Fedea y elaborado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente. El trabajo del instituto calcula que las comunidades receptoras recibieron recursos por encima de sus ingresos tributarios de 20.000 millones de euros. Y que más de la mitad de esta cifra, unos 11.000 millones, procede del Estado, y el resto -9.000 millones- de las autonomías con mayor renta per cápita: Madrid, Cataluña y Baleares. Todas las demás regiones reciben más fondos de los que aportan en ingresos tributarios cedidos con Andalucía a la cabeza, seguida de Canarias y de Galicia.

Los datos del último informe de Fedea explican que la aportaciones fueron alrededor del 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid. Por lo que respecto a los demás territorios beneficiarios netos, las cantidades recibidas supusieron más del 20% de los ingresos tributarios en diez casos -solo Valencia y Aragón se quedan por debajo de este porcentaje-. En Extremadura superan el 40% y son más de la mitad en Canarias.

De esta manera, la solidaridad entre las regiones quedaría quebrada, rota, ya que habría de recalcularse por completo; todo en función de lo que terminara acordándose sobre la financiación catalana, pero si uno de los aportantes netos salen del sistema de la caja común, otros serán -Estado o comunidades autónomas restantes- los que deban asumir ese agujero.

Los inspectores de Hacienda del Estado rechazan de forma «frontal y absoluta» los acuerdos para una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente y tachan de inconstitucional la exigencia de ceder a Cataluña el 100% de los tributos que se pagan en la comunidad autónoma.

En un comunicado remitido por la asociación profesional que aglutina a este colectivo, los inspectores de Hacienda subrayan que «se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera».

La asociación insiste en que en los acuerdos por una futura investidura «se exige al PSOE que adopte medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión actual del modelo de financiación» de dicha comunidad autónoma, «que se recoge actualmente en la Ley Orgánica de Financiación Autonómica». Y añaden que la exigencia catalana «podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la Agencia Tributaria en Cataluña». La amenaza de crear una Hacienda propia planea sobre la negociación que puedan emprender los socialistas y los partidos independentistas.

Por ultimo concluyen que «nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado», además de «otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos» de la Administración General del Estado.

Pero el pacto sellado entre el PSOE y Junts incluye no solo dejar de aportar recursos económicos para financiar a las regiones con menor renta, también reclama abrir una negociación para diseñar un plan para que las empresas que se fueron de Cataluña tras el referéndum independentistas del 1 de octubre de 2017 se animen a regresar a la comunidad autónoma.

Ambos partidos se han emplazado a «abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», en referencia a las casi 9.000 empresas que se mudaron a Madrid, Baleares o Comunidad Valenciana a raíz del desafío separatista de 2017; compañías que no han regresado.

Este es un asunto clave en el seno de la sociedad y política catalanas ya que no solo se marcharon pymes de la región sino también los emblemas empresariales de la autonomía. En este sentido, desde la Generalitat llevan años reclamando a las empresas que se fueron, que regresen sus sedes cuanto antes a la comunidad autónoma, algo que no se ha producido.

Asimmo, el movimiento independentista ha sido uno de las barreras de entrada del capital extranjero en Cataluña y expulsó al grueso del tejido empresarial. Caixabank decidió marcharse a Valencia; la Fundación 'la Caixa' puso rumbo a Baleares; Banco Sabadell se trasladó a Alicante; Allianz se mudó a Madrid; Abertis también optó por Madrid, igual que Cellnex; Naturgy también se marchó... La incertidumbre que se abrió con el pulso separatista fue un repelente eficaz contra el capital inversor.

Así las cosas, todavía está por ver en qué podría consistir ese plan del que hablan los socialistas en su acuerdo con Junts, pero en el mundo financiero dan por hecho que se tratarían de incentivos de tipo fiscal o similares que fomentaran tener la sede social y fiscal en una región como Cataluña.