El CES advierte de que la maquinaria de gasto social puede descarrilar la bajada de déficit que exige Bruselas

Desde el órgano independiente de evaluación de políticas públicas señalan sobre este nuevo marco fiscal una idea central que va en la dirección de flexibilizar las exigencias convergencia de los niveles de deuda y déficit, aunque continúa dificultando la política fiscal anticíclica de los Estados miembros. En este sentido, los expertos del CES señalan que si bien el nuevo sistema vuelve a la exigencia del rigor presupuestario que se levantó tras el golpe de la pandemia, sí que introduce más flexibilidad para acometer los procesos de consolidación fiscal y mantiene la exclusión del gasto cíclico en desempleo de la regla de gasto; en general, permite que los ajustes sean menos severos y más extendidos en el tiempo, dejando mayor margen fiscal a los Estados que el sistema anterior. Además, introduce las «cláusulas de escape nacional» permitiendo a un Estado miembro desviarse temporalmente de su senda de ajuste.

«Sin embargo, las salvaguardas imponen reducciones mínimas anuales de déficit y deuda que reducen esa flexibilidad individual y el principal objetivo sigue siendo propiciar procesos de consolidación fiscal nacionales hasta situar la deuda pública en el 60 por 100 del PIB, lo que resulta poco realista», señala el informe presentado este miércoles por el presidente del CES, Antón Costas, y Antonio Romero, consejero de la institución y responsable de pilotar la elaboración del documento.

En todo caso, el problema fundamental del nuevo marco de supervisión fiscal es que deja a los Estados más endeudados un margen fiscal muy estrecho para financiar la inversión transformadora. «Por lo que el CES considera aconsejable que, además, se creen mecanismos europeos permanentes de apoyo presupuestario y financiero a la inversión de los Estados, si se quiere evitar que en el seno de la UE aumenten las divergencias internas en el ritmo de transformación en los ámbitos ecológico y digital», señalan.

De hecho, esta es otra de las ideas centrales del informe: sin un paraguas financiero que se sostenga al menos sobre las tres aristas que componen el mecanismo SURE, los fondos Next Generation y los nuevos paquetes de financiación para necesidades específicas de los Estados miembro, será imposible cumplir con los objetivos referenciados.

Es en este punto donde Antonio Romero apuntaba durante la rueda de prensa de presentación de las conclusiones del estudio la necesidad, bajo este nuevo marco, de acompasar las inversiones, en gasto social principalmente, y evaluarlas de manera precisa y con proyecciones de impacto económico en el medio plazo para también aproximar estos objetivos. Señalan en este punto la necesidad de evaluar la conveniencia de según que inversiones que puedan comprometer el cumplimiento de la senda fiscal, un punto en que sin mencionar a España, nuestro país aparece como uno de los aludidos aunque no el único.

«La dimensión social constituye una parte integral de la nueva gobernanza económica y de los objetivos de crecimiento económico inclusivo para la región», señala el CES apuntando que pese al mantenimiento de los valores de referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento el nuevo marco «se flexibiliza para adaptarse a las circunstancias individuales de cada país, ofreciendo un mayor margen de ajuste y oportunidades para la convergencia social».

En todo caso, el CES considera conveniente dotar de mayor peso, en la fase de supervisión del Semestre Europeo, al Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, por su especialización en el ámbito de las políticas sociales comunitarias, y activar el diálogo social en esta materia, ya que puede mejorar la calidad de la supervisión de la convergencia social de la gobernanza. «Con todo, sigue habiendo dudas importantes en relación con las inversiones y reformas estratégicas de índole social, puesto que los criterios específicos para valorar su compatibilidad con las reglas fiscales y los planes de ajuste de la deuda están pendientes de concreción», apuntan.

Una de las propuestas que lanza el Consejo en esta materia es en consecuencia la necesidad de hacer una correcta evaluación, «sobre todo en ámbito social para que esa inversión mantenga el equilibrio con las reglas fiscales», señala Antonio Romero, concretando que debe haber una metodología transparente, que se elaboren de manera compartida y que no de espacio a dudas. «No hay que olvidar que el nuevo pacto trata de alinear ciertas inversiones de gasto a nivel europeo, y es por ello que la extensión a siete años del plazo para el cumplimiento de objetivos presupuestario».

«En concreto, el CES considera que los programas sociales que redunden en un aumento del capital humano europeo, como los dirigidos a fortalecer el sistema educativo y de activación del empleo, a reforzar los servicios públicos de salud y los sistemas de protección social y de cuidados, a impulsar la conciliación de la vida familiar y laboral o a propiciar la igualdad de género, deberían evaluarse a tenor de sus efectos presupuestarios, económicos y sociales a medio plazo«.