La CEOE denuncia la vulneración de la Constitución en casi 30 normas laborales

Un dardo que, sin nombrarla, apunta directamente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyo departamento ha sido el responsable de las modificaciones de la norma laboral realizadas de espaldas al diálogo social, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar todas las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de estas modificaciones.

Los empresarios han contado hasta casi una treintena de normas, «con enorme repercusión en las relaciones laborales». Explica la patronal que «omitido el mandato constitucional de obligada consulta a los interlocutores sociales», el Ejecutivo ha configurado un marco jurídico disperso e inseguro, con un claro desplazamiento de la autonomía de los interlocutores sociales y permanentes intromisiones en la negociación colectiva. «Un marco jurídico -explican- intervenido, con palmaria vulneración de la Constitución».

El 'modus operandi' ha consistido en realizar una lluvia fina de 'enmiendas' en el Estatuto de los Trabajadores durante los últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del 'solo sí es sí', en la que se incluyó batería de derechos para las víctimas de violencia sexual, como la nulidad del despido, relativos a la flexibilidad horaria, funcional y geográfica.

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La misma operación se produjo con la 'ley trans', en la que se recogió la obligación de las empresas de más de 50 trabajadores de contar con un protocolo para la igualdad LGTBI. La ley de Familias también se aprovechó, en este caso para incluir una batería de permisos. Todo ello al margen de la negociación con empresarios y sindicatos, como se hizo en diciembre de 2022, año en el que tras un pacto entre el PSOE y Podemos con EH Bildu se permitió a la Inspección pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE.

Otra modificación llegó en diciembre de 2023, cuando la vicepresidenta segunda cedió a la pretensión histórica del PNV de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales. Decayó con la reforma del paro ese año, después de que la tumbara Podemos, pero se recuperó e hizo efectivo un año después. Se han producido cambios al margen del diálogo social en el sistema RED y así hasta 30. Y ahora se busca hacer lo mismo en el recorte de jornada con una norma.

Entiende la CEOE que en la reducción de la semana laboral se mantuvieron 11 meses de «reuniones ficticias, al servicio de los intereses mediáticos del Ministerio de Trabajo sin que haya sido posible desarrollar una negociación que respete los principios constitucionales». Añade que se ha despreciado a las instituciones y se ha producido «el desplazamiento del control democrático en beneficio del control político».

Reitera la patronal en su informe que las empresas defienden la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva y avisa de que sólo de esta forma «se puede garantizar su adecuación a las realidades sectoriales y territoriales, por otro lado, tan heterogéneas». Y recuerdan que la negociación colectiva ha permitido reducir la jornada máxima, alcanzando acuerdos que oscilan entre las 37,5 horas y las 39,5 semanales, en función de las necesidades productivas y organizativas de empresas y trabajadores.