Los cazadores de fraude en las bajas laborales ahorraron casi 48 millones al Estado en 2021

Esta es una de las 3.000 investigaciones realizadas por detectives privados contratados por las mutuas el año pasado, un ejercicio en el que las bajas por enfermedad se dispararon un 50% y el gasto en absentismo rozó los 20.000 millones de euros, el equivalente a dos nóminas de pensiones, tal y como avanzó ABC. Un ejercicio en el que casi 1,3 millones de trabajadores no acudieron ni un solo día a su puesto de trabajo.

Lesiones en el hombro que no impiden hacer deporte con total normalidad, lumbalgias que se eternizan o casos de accidente laboral con propuesta de incapacidad permanente que permiten andar sin utilizar las muletas con las que se acude a la consulta. La picaresca y la sombra de los abusos se cierne sobre el alud de más de 15 millones de bajas iniciadas durante la pandemia, que ha dejado una huella imborrable en la economía española y cifras muy difíciles de digerir, como las relacionadas con el absentismo, el aumento de la duración de las bajas, las largas listas de espera en la sanidad pública, el coste que suponen tanto para la Seguridad Social como para las empresas y el impacto que todo ello está teniendo para la salud de los ciudadanos y en la competitividad de las empresas.

Las pesquisas de los investigadores privados permitieron ahorrar al Estado casi 48 millones de euros el pasado ejercicio. Pero... ¿en qué direcciones trabajan los detectives? Su hoja de ruta viene marcada por la mutuas, entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Comienzan sus pesquisas por sospechas ante casos de incapacidad permanente revisable, por supuesta simulación de lesiones, para reforzar los informes de alta del trabajador cuando son impugnadas, o cuando las mutuas tienen indicios de que el trabajador está de baja por enfermedad en situación fraudulenta.

Las dos vías que tienen las mutuas para contratar los servicios de detectives son los contratos públicos, la más extendida, y la contratación directa de los profesionales. Los trabajos realizados por ambas vías para detectar abusos se centraron el año pasado en 3.263 casos, cuyo coste medio fue de casi 644 euros por proceso, según los datos a los que ha tenido acceso este diario.

El número de contratos públicos en busca de detectives fue de 214 y el coste de los 3.031 servicios y los servicios realizados ascendieron a 1.914.299,70 con un ahorro estimado para el Estado de 43,7 millones. Las contrataciones directas en este caso fueron 232, el coste de los servicios 186.000 euros y el ahorro en prestaciones de casi 4,2 millones.

Esta escalada del gasto ha encendido todas las alarmas entre las empresas, que siguen tratando de recuperarse del golpe de la pandemia y de la fuerte huella que está dejando en sus balances, en un momento, además, en el que afrontan una espiral de costes por el aumento impositivo y el brote inflacionista, provocado, sobre todo, por la escalada de los precios de la energía.

Procesos abiertos al final de cada mes

con una duración mayor de 365 días

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Fuente: Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)/ ABC

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Fuente:

Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo

(AMAT)

ABC

A todo ello se une la factura del absentismo, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego Seguridad Social o mutua le paga al empresario. De esta forma, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cuotas a la Seguridad Social.

Con la escalada de gastos, las mutuas han vuelto a ofrecerse al Gobierno para recortar la factura para el Estado y las empresas, aunque sin ningún éxito. La propuesta al departamento que dirige José Luis Escrivá les llevaría a prestar asistencia sanitaria y dar altas al menos en patologías traumatológicas y osteoarticulares, del mismo modo que históricamente vienen haciéndolo para los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Defienden que con esta intervención habría un recorte en la duración de los procesos y, por lo tanto, una rebaja de las abultadas listas de espera en la sanidad pública.

Entre las medidas propuestas también figura que los médicos de las mutuas participen en la evaluación médica de los trabajadores con bajas de más de 365 días, cuyo control en la actualidad corresponde de manera exclusiva a la Seguridad Social. A cierre de 2021 había más de 80.000 procesos abiertos con más de un año de duración, lo que supone un 67% más que un año antes.

«Los costes del absentismo son un claro factor que afecta a la competitividad empresarial y condicionan en su medida la sostenibilidad de la Seguridad Social. Resulta obligado avanzar en medidas eficaces que contribuyan a la racionalización del gasto y suprimir los costes innecesarios, económicos y sociales, que están siendo asumidos por las empresas y los trabajadores que contribuyen a la Seguridad Social, y que en última instancia tiene efectos perniciosos sobre la competitividad empresarial, la creación de empleo y el crecimiento económico«, concluyen las mutuas.