El cava supera la tensión política pero no los choques entre las regiones productoras

Sí es cierto que en los últimos años, coincidiendo con esos episodios, se ha producido un importante incremento de la producción de cava en regiones de fuera de Cataluña, la comunidad que históricamente, y de forma casi monopolística, concentraba a los embotelladores. Esta mayor diversificación, con núcleos de producción no catalanes en la Comunidad Valenciana (trece millones de botellas al año en Requeña frente al total de 250 de la DO) o Extremadura (6,5 millones de botellas en Almendralejo), ha generado a la vez alguna tensión por la forma en la que el Consejo Regulador gestiona la DO Cava, aunque en ningún caso son tiranteces de tipo político. «Son tensiones normales entre formas distintas de gestionar la DO y ver la producción», apuntan fuentes del sector a ABC, aliviadas en todo caso por el hecho de que la DO, aunque peculiar por su diversidad geográfica, ya no está en el foco político.

La principal discrepancia entre los productores no catalanes, particularmente los extremeños, y el Consejo Regulador se produce por la limitación de nueva superficie de cultivo. Desde el Consejo ya hace años que se aboga de manera clara por priorizar calidad frente a volumen, una bandera que esta misma semana volvía a levantar el presidente de la DO, Javier Pagés y confirman desde el Consejo a ABC.

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La última escaramuza se produjo hace apenas dos semanas, cuando el Ministerio de Agricultura rechazaba el recurso de alzada presentado por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura contra la resolución del mismo departamento que limita a 0,1 hectáreas las nuevas plantaciones en la DO Cava para 2023, 2024 y 2025, restricción que se adoptaba tras la recomendación del Consejo Regulador. Para el sindicato agrario, la resolución «hipoteca el crecimiento de la producción de cava extremeño», y pide a la Junta de Extremadura que presente un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, recordando que en años anteriores ya se consiguió levantar judicialmente las limitaciones de nuevos cultivos. En su notificación rechazando el recurso, el ministerio recuerda la necesidad de evitar «un riego de devaluación significativa de la DO» y el hecho de que de las ocho comunidades con territorio en la zona geográfica cava, tan solo se recibió informe negativo de Extremadura.

Desde el Consejo se precisa a este diario que «los estudios técnicos independientes demuestran que la superficie de la DO ha crecido en los últimos años muy por encima de las ventas», y ello se manifiesta de forma muy destacada en los municipios de Almendralejo y Requena, «los cuales disponen de un potencial de producción acorde con su superficie muy por encima de sus botellas vendidas, no llegando ni a un 30% de su capacidad, con lo cual disponen de un potencial de crecimiento elevado no aprovechado». «Con este escenario, incrementar la superficie, conlleva un elevado riesgo de devaluación de la DO», añaden desde el Consejo.

Los productores de Requena tienen por otra parte otro litigio abierto con el organismo regulador, tras lograr, con aval judicial, que se les permita usar la denominación Cava de Requena. El Consejo ha anunciado por su parte que seguirá litigando para impedirlo, al entender que dicha denominación puede confundirse con otra DO de la zona, la de vinos Utiel-Requena.

No es el único conflicto que debe afrontar la DO. Más allá de los problemas con Extremadura y Valencia, el Consejo asiste incrédulo, y con mayor preocupación, a la posibilidad de que llegue a autorizarse, como se ha especulado, una nueva DO dentro de la propia DO, en este caso impulsada por productores catalanes ya escindidos de la original y que abogan aun por mayores restricciones y una apuesta por la gama alta de producto. Como se ve, el sector ha superado las turbulencias políticas, pero no las internas.