Cataluña registra casi una de cada tres quiebras empresariales en España

La comunidad catalana es desde hace tiempo la que más insolvencias empresariales presenta y, en el último año, el avance ha sido del 40%. Por número, pero muy de lejos, le siguió la Comunidad Valenciana con 3.119, también muy contagiada por el efecto de los concursos exprés a los que se acogen en su mayoría las personas físicas. En esta región, el avance fue extraordinario, de más del 65%. El podio por número lo cerró Madrid, aunque con un crecimiento mucho más modesto: registró 2.984, un 20% más que en 2022.

La otra región que superó las 2.000 insolvencias, por lógica poblacional, fue Andalucía, con 2.172, un 50% más que en el año anterior.

Si distinguimos por tipo de figura concursada, Cataluña también lidera la tabla de sociedades que han solicitado el concurso de acreedores en los juzgados. De las 4.544 firmas que lo pidieron en 2023, 1.121 corresponden a la región, el 26,89%. Es un 35% más que las 800 que registró la Comunidad de Madrid, su principal competidor, que le arrebató en 2018 el título de región que más aporta al PIB en España, y no lo ha vuelto a soltar desde ese año, coincidiendo con el 'procés'. Un lustro negro para el histórico polo industrial de España, en el que más de 9.000 empresas se han mudado a otras comunidades y la inversión extranjera ha descendido en más de 4.000 millones de euros, como ha venido publicando este periódico.

Para los expertos, que Cataluña sea la comunidad con más concursos en España no es algo que impacte. «Podría ser que en los últimos tiempos hayan pesado factores políticos y económicos, pero no resulta novedoso el hecho de que en Cataluña haya más concursos que en otras regiones de España», explica a este diario Félix Salgado, abogado y socio del despacho PradaGayoso.

Para el experto en procesos concursales, la reforma de la norma, en vigor desde septiembre de 2022, está detrás del hecho de que se haya disparado de manera tan significativa el número de quiebras por el mecanismo de segunda oportunidad para las personas físicas, pero también pone en valor otras habilitaciones de la ley, como las que incentivan los planes de reestructuración preventiva. «Ahora las empresas pueden sentarse a negociar con sus acreedores al margen del juzgado y con una antelación de hasta dos años con respecto al momento en que prevean que podrían llegar a una situación de impago generalizado», expone Salgado.

En este sentido, el letrado califica de «revelador» que del total de empresas que se declararon en concurso el año pasado, tan sólo cuatro de ellas tenían una facturación de 10 millones de euros o más. «Las empresas más pequeñas siguen acudiendo al concurso, pero las empresas de un cierto tamaño están recurriendo sin duda a los planes de reestructuración. Es muy positivo que las empresas intenten superar sus problemas de insolvencia de forma extrajudicial y, a ser posible, con la máxima anticipación», subraya.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, no encuentra explicación a que las sociedades concursadas en 2023 hayan sido menores a las de 2022. «Hay un embalsamiento. Los préstamos ICO facilitados durante la pandemia han dado patada tras patada hacia delante con los plazos de devolución (se pueden reintegrar hasta 2030). Hay 140.000 millones prestados y el día que haya que devolverlos habrá problemas», señala el administrador concursal.

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Rosalía Sánchez

Comendador también pone en valor la habilitación de las reestructuraciones empresariales como medida preconcursal en la nueva ley, pero desecha la flexibilización otorgada a autónomos y micropymes con la 'segunda oportunidad', a la que tienen permitido acogerse si disponen de menos de 350.000 de euros de facturación y un número de trabajadores inferior a diez. «Cualquiera puede presentar en el juzgado un concurso alegando que no tiene masa (sin activos ni liquidez para pagar a los acreedores); bajo este procedimiento especial, el juez da un plazo 15 días a los acreedores para que puedan proponer un administrador concursal, que tienen que costearse ellos mismos, y si nadie lo propone, el concurso se archiva y al particular se le exonera de pasivo», detalla el economista, que fue designado administrador concursal de Martinsa-Fadesa, la mayor quiebra de la historia empresarial española, de la que asomó una deuda de más de 7.000 millones de euros.

Comendador explica que la posibilidad de presentar el concurso sin masa (en 2023 se duplicaron estos procesos hasta los 14.939) fomenta que las empresas se vacíen antes y presenten el concurso después y cree que la forma en la que se aplica el procedimiento perjudica al acreedor.

«Dejar al libre albedrío de un deudor la liquidación de su patrimonio, menoscaba las garantías del procedimiento. No le puedes pedir a un acreedor que haga un esfuerzo superior a la de recuperar su dinero. Tiene que existir una tutela judicial», concluye el administrador concursal.