Los caseros presentan 2.000 reclamaciones al Gobierno por el límite del 2% a la subida del alquiler

Así lo ha comunicado la organización en un comunicado, al tiempo que recuerda que Asval solo actúa como canalizadora para estos pequeños propietarios que están defendiendo sus derechos. En este sentido, la asociación recuerda que la medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 de manera temporal y que aún sigue en vigor y de hecho se ha ampliado hasta el final de 2023.

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Mayte Amorós

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Asval denuncia que hay más de dos millones de pequeños propietarios afectados por la medida, mientras «el Gobierno sí ha fijado subsidios para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los carburantes». Asimismo, la organización sostiene que el tope del 2% es contrario a la Ley de Arrendamientos Urbanos al vetar la actualización de las rentas conforme al IPC.

«Esta actualización ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión. Además, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios. No obstante, estos propietarios se han mostrado siempre sensibles a la situación de sus inquilinos ante el actual contexto económico, y en algunos casos ya han negociado soluciones», recoge el comunicado.

Poniendo cifras al problema que denuncian los caseros, Asval calcula que entre 2022 y 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada. «Más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas», destaca María Andreu, directora general de la Asociación. «Con esta reclamación, los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración», explica Andreu.

Así las cosas, la asociación advierte de que con límites con este lo que se genera es inseguridad jurídica y que se reduzca la inversión en vivienda de alquiler, lo que termina por derivar en que los caseros retiren esos inmuebles del mercado. «Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda», añade Andreu.

Más allá de ello, Asval también alerta de que el número de reclamaciones se elevará en caso de que se termine aprobando la ley de vivienda, que actualmente está en negociación en el Gobierno y con los socios parlamentarios. Una norma para la que aún no han llegado a ningún acuerdo en el seno del Ejecutivo ni con sus socios, como comunicaron ayer desde Unidas Podemos y ERC, pese a que el PSOE había trasladado que sí había ya entendimiento.