El campo pide cambios en la Ley de Extranjería para agilizar la contratación de inmigrantes

En la actualidad, la reforma del Reglamento de Extranjería se encuentra en periodo de consulta pública hasta el 10 de septiembre. En el documento que ha presentado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los agricultores echan de menos algunos cambios. «El sector agrario es quien regulariza a la mayoría de inmigrantes», asegura Andrés Góngora, el responsable de Relaciones Laborales de COAG, y critica que «estos primeros pasos legislativos no resultan suficientes ni satisfactorios al no subsanar problemas latentes en torno a la inmigración ni las lagunas legales que se han generado a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral».

A esto, el secretario de Organización de Asaja, Juan José Álvarez, añade que «el campo necesita muchísima mano de obra y cada vez tiene más dificultad para encontrarla. La solución los últimos años ha sido la población inmigrante. Es de gran ayuda».

Pero, ¿qué cambios pide el campo? Según cuentan las asociaciones que representan a los agricultores, se necesita agilizar la regularización para poder contratar y, además, recuperar la contratación en origen. La dificultad, explican desde el sector, está en regularizar a los que ya están en España y no pueden trabajar por no tener 'papeles'.

«Pedimos reducir los trámites burocráticos y reducir los tiempos en el arraigo social de los inmigrantes ilegales», cuenta Álvarez. Ahora, la norma pide a los inmigrantes ilegales un mínimo de tres años en España para conseguir el arraigo social; para el laboral el periodo se reduce a dos años. «Pedimos que se reduzca a, como mucho, dos años», concreta Álvarez; mientras que Góngora pide lo mismo con otras palabras, «equiparar el arraigo social al laboral». Las declaraciones de UPA son algo menos concretas y simplemente apuntan que «hay que reforzar el arraigo».

Otra cuestión en la que inciden desde el campo es la duración de los contratos. Para el proceso de regularización, la norma pide un precontrato de doce meses –ya sea a través de un único contrato o la suma de varios–. «El problema es presentar los doce meses, no se dan las condiciones, incluso después de la reforma de los fijos-discontinuos. Pedimos que se quite el mínimo. Que se necesite contrato pero sin un mínimo de meses», explica Góngora. A lo que Álvarez añade que «no tiene sentido que exijan contratos laborales de un año cuando en el campo el trabajo es a través de campañas, es temporal y estacional. No son indefinidos ni fijos-discontinuos como ha pretendido el Gobierno con la reforma laboral».

Ante estas quejas, Migraciones cuenta a este periódico que el sistema de contratación de temporeros que se utiliza en el campo es el referido Gecco, que está especialmente concebido para cubrir esta necesidad.

En este sentido, otra cuestión que destacan desde el campo es la dificultad que existe a la hora de ejercer la contratación en origen. Según recuerda Góngora, el problema está en que, tal y como establece la Orden por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco), el Servicio Público de Empleo deberá certificar no disponer de candidatos para cubrir la oferta presentada.

«A principios de los 2000 había mucha contratación en origen, pero con la crisis de 2008, con el aumento del paro en España se dejó de hacer. Solo se hace en Huelva por la recolección de la fresa», asegura Góngora. Es por ello que, tanto COAG como Asaja piden que se vuelva a facilitar la utilización del sistema. «Funciona bien para los agricultores y para los inmigrantes», sostiene. «Desde Asaja proponemos un carnet de campañas para toda España», apunta Álvarez.

En relación a los reclamos del sector, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT protesta y recuerdan: «Siempre hemos reprochado a las patronales que hagan comentarios como que los trabajadores españoles no quieren trabajar en el campo. Hay 13.500 personas que se van a la vendimia en Francia, otros van a la recolección de fruta. El problema debe ser otro. Desde nuestro punto de vista, las condiciones».

Según los datos recogidos por UGT-FICA tras la publicación de la EPA del segundo trimestre, el empleo de personas de origen extranjero en España supera los 3,2 millones, es decir, un 15% del empleo total. El informe del sindicato también señala que la ocupación extranjera en el sector agrario supone un 24% del total.

Desde enero de 2024, han llegado 31.155 inmigrantes irregulares a nuestro país según el último informe de inmigración irregular en España del Ministerio de Interior. Unos datos que muestran un aumento del 66,2% en comparación con 2023.