Calviño ignoró 15 días el plan de ayuda de la banca para las hipotecas
La vicepresidenta dice que no habrá un paquete de medidas de apoyo contra la subida del euríbor hasta 2023, cuatro meses después de anunciar la preparación de un decreto
Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos
Los hipotecados tendrán que esperar a enero para, en caso de verse en apuros, poder acogerse al 'rescate' que promete el Gobierno desde septiembre. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció el martes que las medidas de ayuda para ... hacer frente a la escalada del euríbor no entrarán en vigor hasta el comienzo del año que viene. Todo ello en el contexto de urgencia que vende el Gobierno que hay en estos momentos, y tras haber metido en un cajón 15 días la propuesta de la banca.
Esto supone dejar sin ayudas a millones de consumidores durante cuatro meses. ¿Por qué? Porque el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España se desbocó por completo en septiembre. En aquel mes terminó en el 2,33%, un valor no visto desde enero de 2009, y su ascenso no ha parado hasta ubicarse ya por encima del 2,8% en la media mensual de este noviembre hasta el día 16.
La actualización de las cuotas hipotecarias habitualmente se produce de manera anual. Es decir, de septiembre a septiembre, de octubre a octubre y así sucesivamente. El año pasado el euríbor ahondó en sus mínimos históricos en el entorno negativo del -0,5%. De esta manera el incremento del interés ya en septiembre suponía sumar 2,8 puntos porcentuales de carga financiera y ahora supera ya los 3 puntos.
Ese alza del interés aplicable a la hipoteca se traduce en una asfixia para las familias. Tomando como referencia una hipoteca media de 150.000 euros, a un plazo de 15 años y con interés de euríbor + diferencial del 1%, la cuota mensual media se incrementó en septiembre alrededor de 200 euros para el que le tocara revisión en ese mes; para el que le toque revisión en noviembre, el incremento rondará los 250 euros al mes. La tendencia es que en diciembre el euríbor siga al alza y se acerque al 3%, con lo que la presión para quienes les toque revisión en ese mes será todavía mayor.
En este sentido, habrá consumidores que soporten durante cuatro meses una escalada desbocada del euríbor, sin poder acogerse a las medidas del 'Gobierno de la gente', como se vende el Ejecutivo. Cuatro meses que podrían ampliarse a cinco si se tiene en cuenta que en agosto la subida del índice ya lo situó en el 1,2%. Así las cosas, para aquellos que se les revisara la cuota en septiembre sufrirán un incremento de sus costes hipotecarios, en total hasta diciembre, de unos 800 euros en una hipoteca media.
Las negociaciones
En septiembre, el Gobierno ya anunció que iba a negociar con la banca una serie de medidas para tratar de aliviar el golpe del euríbor sobre los hipotecados más vulnerables. Empezaban ahí las conversaciones.
Dos meses después, los avances no han fructificado de momento en un pacto con ayudas a los hipotecados. Lo único que se ha plasmado sobre el papel en un borrador de decreto es una medida de apoyo: la ampliación del plazo del préstamo. «La aplicación de las medidas de alivio dará como resultado la reducción del importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés de acuerdo con lo pactado en el contrato mediante el alargamiento del plazo de amortización del préstamo hasta un periodo máximo de cinco años», señala el documento. Se trataría de extender hasta cinco años el plazo de amortización, con matices: siempre que el periodo resultante no sea superior a 40 años y que la cuota tras la novación del préstamo no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo aplicable.
El Gobierno dio el martes un ultimátum a la banca para alcanzar un acuerdo: finales de esta semana
Aquel borrador ha quedado en papel mojado porque el Gobierno lo ha rechazado. Pero son importantes en este caso los tiempos. A mediados de octubre la banca remitió su propuesta, que se plasmó en un borrador... y entonces el Ejecutivo, concretamente el Ministerio de Asuntos Económicos, pasó medio mes sin dar respuesta al sector sobre qué opinaba.
La banca estuvo esperando más de dos semanas a obtener la respuesta del Gobierno, mientras el propio Gobierno pedía más esfuerzos en público pero no se decidía en privado sobre qué contestar al gremio financiero. Ahora ya han rechazado aquel borrador y esperan alcanzar un acuerdo con una batería de medidas de ayuda estos próximos días.
Asimismo, el Ejecutivo ha impuesto que se amplíe el perímetro de beneficiarios de las medidas que salgan adelante. En un primer momento se planteaba todo para los hipotecados vulnerables -bajo unos requisitos-, pero ahora el Gobierno quiere extenderlo también a toda la clase media en riesgo de convertirse en vulnerable.
Fuentes financieras confirman que no hay una nueva versión de borrador y que son varias las medidas que hay sobre la mesa. Entre ellas está facilitar el cambio de hipoteca variable a fija para blindarse de la subida del euríbor y la ya dicha de alargar el plazo de amortización, unido a un periodo de carencia de 12 meses.
Con todo, la incertidumbre es grande sobre cómo será el documento final, y también sobre si será acordado con la banca o no. Porque el ultimátum del Gobierno de esta semana como plazo límite es una realidad.
En este sentido, la única opción que le queda en estos momentos a los hipotecados con problemas es la de acudir a su banco a buscar una renegociación voluntaria, lo cual las entidades ya están ofreciendo, pero sin la fuerza de estar plasmado en un texto legal.
Banco de España
Aparte de todo ello, en las conversaciones entre el sector financiero y Economía aparece también el Banco de España. El supervisor, precisamente por ser supervisor, debe estar enterado de todas las medidas que haya sobre la mesa. Conoce al detalle todo lo que está en negociación, indican fuentes conocedoras, y en su función, asimismo, está el vigilar que las medidas de ayuda no sean contrarias a la normativa bancaria.
Pese a todo, el gobernador Pablo Hernández de Cos difiere con el Gobierno en un asunto capital: los beneficiarios. El Ejecutivo quiere que se pueda aplicar el apoyo público-privado a consumidores vulnerables y a otros que estén en riesgo. El gobernador, en cambio, abogó ayer por focalizarlo todo en los usuarios vulnerables, sin matices y con una definición clara de lo que se considera como tal.