La burocracia europea le cuesta a las empresas españolas más de un millón al año

La información ESG o no financiera en las empresas hace referencia a los aspectos usualmente incluidos en el concepto de Sostenibilidad (Environmental, Social and Governance – ESG), que son abordados en dos Directivas recientemente aprobadas, ninguna de las cuales ha sido aún transpuesta por España: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD).

La autora de la Nota Técnica estima que, para cumplir adecuadamente con lo dispuesto en las directivas CSRD y CSDDD, una empresa española de tamaño mediano a grande debería incurrir en gastos directos por importe de 1.190.914 € anuales.

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Asimismo, el cumplimiento de las directivas CSRD y CSDDD conllevaría costes indirectos para las empresas, derivados de diversos factores. Entre ellos, cabe destacar la posible pérdida de clientes, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la pérdida de competitividad frente a empresas de terceros países no sujetos a normativas tan exigentes.

También podría producirse la pérdida de proveedores que incumplan la legislación en materia de derechos humanos o medioambientales en algún punto de la cadena de suministro, así como la retirada de proveedores de terceros países que opten por abastecer otros mercados fuera de la UE para evitar las exigencias de estas normativas. A ello se suma el riesgo de una menor atracción de inversión extranjera directa, al percibirse el marco normativo europeo como excesivamente oneroso en materia ESG.

Consciente de estos riesgos, y en línea con las recomendaciones del informe Draghi sobre competitividad, la Comisión Europea presentó en febrero de 2025 un borrador de directiva «Stop-the-Clock», que propone aplazar un año la entrada en vigor de la CSDDD y dos años la de la CSRD. Este texto forma parte del paquete normativo «Ómnibus», que incluye además propuestas de reforma de ambas directivas con el objetivo de reducir en un 25 % las cargas administrativas para las empresas, y en al menos un 35 % en el caso de las pymes.

Según Silvia Iranzo, «la situación es insólita en la UE porque, sin estar todavía transpuesta una directiva europea, ya está en proceso de aprobación otra directiva que da marcha atrás en las obligaciones impuestas por la primera».

De aprobarse estas reformas, la Comisión Europea estima un ahorro anual de 6.300 millones de euros en costes administrativos en toda la UE. En España, este ahorro se traduciría en 693 millones de euros, lo que supondría una media de 126.000 euros por empresa obligada. Aplicando este ahorro a las estimaciones previas, el coste de cumplimiento por empresa se situaría en torno a los 1.064.914 euros, lo que representa una reducción del 10,58 %.

Aun así, Iranzo advierte: «El ahorro de costes empresariales por la entrada en vigor del paquete Ómnibus no es sustancial para las empresas de tamaño mediano, que son más vulnerables que las grandes en los mercados exteriores. Por ello, la normativa de reporte no financiero seguirá teniendo un impacto negativo sobre la competitividad de las empresas europeas. La UE y los Estados Miembros deben seguir ahondando en la simplificación de la información requerida».