Bruselas ya tiene sobre la mesa las acusaciones de Puente a la competencia de Renfe

Son informaciones que pueden servir como prueba ante la Justicia europea, aunque las mismas fuentes no tienen confirmado si la Comisión las usará con ese fin. Pero lo cierto es que el ministro Puente ha decidido tensar la cuerda en un momento muy delicado por la importancia que puede tener la sentencia comunitaria en el futuro de su departamento. Puente ha hecho todas estas acusaciones escudándose en la protección de Renfe, al tratarse de una empresa pública que cuelga de su ministerio.

Lo ha dicho en el Congreso, y en multitud de ocasiones ante los medios de comunicación. E incluso se envalentonó en la red social X para amenazar a la operadora francesa Ouigo con subir los cánones ferroviarios. «Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que os rebajemos el canon que abonáis a Adif. Está claro, por la respuesta, que podéis pagarlo», dijo en marzo en referencia a las palabras del presidente de Ouigo España y director de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, que aseguró estar ante la primera ocasión «en la que nos reprochan tener precios bajos».

Puente ha hecho toda esta exhibición de poder, de manera contraproducente a la investigación europea. Porque precisamente de lo que acusa la Comisión a España es de dirigir las decisiones del gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif desde el ministerio.

«Cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes», dijo Bruselas en octubre al comunicar la demanda. Los cánones son los peajes que pagan los operadores ferroviarios a Adif por circular por las líneas de alta velocidad del Estado y por el uso de las estaciones, y tienen mucha importancia en el precio de los billetes. Por ejemplo, en el caso del corredor entre Madrid y Barcelona estos costes se elevan actualmente a unos 14 euros por pasajero.

No obstante, el procedimiento sancionador lleva abierto desde 2018, pero no fue hasta finales del año pasado cuando la Comisión se decidió a denunciarlo ante la Justicia comunitaria. En diciembre de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez notificó a la Comisión Europea que había traspuesto nuevas medidas, pero el análisis de la Comisión concluyó que no se habían abordado todos los puntos señalados en las mismas. En la investigación llevada a cabo desde entonces también han sido preguntados los competidores de Renfe, aunque en este momento se desconoce el contenido de las respuestas.

Fuentes del mercado consultadas por este medio apuntan que con el ministro Puente al mando tampoco se están tomando las medidas necesarias para cumplir las reglas del espacio ferroviario único europeo, que es al final lo que exige Bruselas. Por el momento, la Justicia comunitaria no ha hecho pronunciamiento alguno sobre la demanda.