Bruselas reprende a los Estados por no proteger al campo de las importaciones ilegales

Por si había alguna duda de que el recado iba dirigido a los Estados miembro, dado que es la Unión Europea la que pone las normas pero los respectivos cuerpos policiales nacionales los que las hacen cumplir, Hansen añadió que sabe que «en algunos puertos» las inspecciones no se realizan con el suficiente celo. «Y estoy siendo diplomático», dijo.

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Xavier Vilaltella

La paradoja de este tirón de orejas a los Estados es que, precisamente, emana de una Comisión que está en el foco de las protestas de los agricultores comunitarios por su política de comercio libre –vía reducciones o exenciones arancelarias– y la competencia desleal que para ellos supone. A pesar de que la UE ya es una de las economías más abiertas del mundo, con más de 40 acuerdos firmados con más de 70 países, el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha dejado claro que su estrategia pasa por seguir abriendo espacios comerciales. Ahí está el pacto con los países del bloque Mercosur, que pretende ratificar en los próximos meses, o la entente en ciernes con la India.

El caso es que cada negociación con terceros llevada a cabo por Bruselas ha sido tortuosa, y el mejor ejemplo de ello es el polémico caso de Mercosur, pues tuvieron que pasar veinte años de discusiones –con varias tractoradas en Bruselas– antes de que las dos partes pudieran consensuar un texto. Y aún tiene que ser ratificado por las capitales, cosa que se promete difícil por la oposición de Francia. Precisamente, para tratar de asegurarse el sí de París, a última hora la Comisión añadió un cambio al redactado para garantizar que las cláusulas de salvaguardia –el bloqueo de las importaciones cuando haya caída de precios en Europa– se activen de manera rápida. El objetivo es evitar que se repita lo sucedido, por ejemplo, con el mecanismo de salvaguardia previsto en el pacto con Camboya y Birmania, tan lento y farragoso que no ha evitado una invasión de arroz que, como ya explicó ABC, ha hundido al sector en España.

Por eso la Comisión se precia de que el acuerdo con Mercosur es cualitativamente superior a los pactos firmados hasta ahora, pues contiene un sinfín de disposiciones, cláusulas y anexos para proteger a los agricultores europeos. Sin embargo, ¿de qué sirve imponer unas normas tan finas si las autoridades nacionales no se aseguran de que se cumplen en los puertos?

El comisario Hansen no se refirió a ningún país en concreto, pero lo cierto es que los productores en España llevan tiempo quejándose. Un ejemplo paradójico es el Acuerdo Euromediterráneo con Marruecos, que establece que Rabat puede exportar a Europa 285.000 toneladas de tomate al año libres de arancel, pero solo si entra a más de 46 céntimos el kilogramo. Como ya explicó este diario, instituciones tan solventes como la Federación Española de Asociaciones de Productores de Hortalizas aseguran que esos contingentes no se respetan, y la prueba de ello es que en muchos mercados españoles el tomate marroquí se vende por debajo de 46 céntimos el kilo. Según la organización agraria COAG, en los últimos cinco años Marruecos ha dejado de pagar 71,7 millones de euros a las haciendas europeas por este fraude.

La otra pata de este problema está en la importación de productos que son ilegales en Europa, ya sea por el modo en que se han elaborado o por las sustancias que contienen. En una reciente carta abierta, el presidente de Asaja, Pedro Barato, puso como ejemplos el caso de la remolacha azucarera que llega de Ucrania, que contiene neonicotinoides –prohibidos en la UE– o el vacuno argentino, que no debería entrar en Europa si ha sido elaborado utilizando hormonas de crecimiento, y entra. Con todo, hay que recordar que las autoridades aduaneras europeas solo inspeccionan un 0,0082% de los lotes que pasan por sus puertos (datos de la Comisión), lo que según Asaja explica este descontrol.

Durante su conversación con periodistas españoles, Hansen se refirió específicamente al caso de las importaciones de vacuno: «Tenemos que ser más efectivos», dijo. Y sobre el tomate marroquí, aseguró que ya ha recibido quejas en varios países. Sea como fuere, lo que está claro es que Bruselas quiere que se refuerce la vigilancia de sus fronteras, posiblemente porque quizá esto ayude a apaciguar el malestar del campo para con su política comercial.

Dentro de esta estrategia se enmarca el proyecto para crear una Autoridad Aduanera de la UE, un organismo que centralizará la gestión de la inspección fronteriza, incluyendo la creación de una plataforma conjunta que utilizarán las policías de todos los países, para compartir información. Sin embargo, en Bruselas hay quien piensa que hay que ir más allá y crear un ente para supervisar específicamente el cumplimiento de los acuerdos comerciales, en lo que refiere a la cantidad y calidad de las importaciones. La eurodiputada del PP Carmen Crespo, defensora de la medida, lo llama la «Oficina Europea de importaciones».