Bruselas rebaja las exigencias medioambientales para aumentar la competitividad de las empresas

Supuestamente, la propuesta forma parte de las recomendaciones contenidas en el informe presentado en septiembre por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en el que advertía que si la UE no cambia de rumbo, no podrá convertirse en «un líder en nuevas tecnologías, un faro de responsabilidad climática y un actor independiente en el escenario mundial», sino que deberá resignarse a «una lenta agonía». La presidenta, Ursula Von der Leyen, había asumido este informe con interés y ha prometido que en los primeros cien días de su nuevo mandato presentaría el grueso de sus proposiciones legislativas, aunque sean —como en este caso— para corregir los excesos burocráticos de sus propios reglamentos.

Noticia Relacionada

Más de 20 empresas del sector nuclear piden al Gobierno, Iberdrola y Endesa que dialoguen para evitar el cierre

Raúl Masa

Las dos grandes eléctricas españolas presentan resultados esta semana, y será el momento para que se pronuncien

Ahora, para «simplificar» la regulación de la UE, la Comisión propone una serie de cambios legislativos que estén vigentes sobre información ecológica que deben proporcionar las empresas, con la esperanza de que no sigan siendo rémoras para su competitividad. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión y comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, considera que que «la agenda de simplificación no es desregulación», pero en ciertos casos lo parece.

El paquete de propuestas legislativas se refiere a al menos cinco herramientas obligatorias para las empresas y que les obligan a informar en sus relaciones comerciales de sus políticas medioambientales concretas. Ahora se reducirá significativamente la carga de presentación de informes y las empresas reevaluarán los riesgos cada cinco años en lugar de cada año.

En la misma reunión de la Comisión se ha aprobado otra iniciativa para flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y conceder incentivos fiscales para favorecer las inversiones en descarbonización y en tecnologías limpias, dentro del mismo objetivo de reactivar la industria comunitaria sin renunciar a sus objetivos climáticos. La ahora vicepresidenta de la Comisión, la española Teresa Ribera, ha tenido que dejar de lado su absoluto rechazo a la energía nuclear y ha tenido que asumir que las inversiones en esta tecnología también podrán ser apoyadas con dinero público, dentro del objetivo de electrificación de determinadas industrias y la reducción de emisiones de carbono.

«El Pacto de Industria Limpia es el plan empresarial de Europa para atajar la crisis climática, impulsar la competitividad, asegurar la resiliencia económica y retener talento», dijo Ribera en la presentación de la iniciativa que responde también a las exigencias de muchos inversores privados que esperaban cierta desregulación en este campo antes de inyectar sus capitales.

La Comisión calcula que se necesitarán 480.000 millones más en inversiones cada año lograr la transición a una economía de cero emisiones y en este sentido considera que las ayudas públicas y los incentivos fiscales jugarán un «papel crucial» para alcanzar este volumen, atrayendo además financiación privada. En este sentido recomienda a los países que aprueben «incentivos tributarios» para las energías renovables.