Bruselas prevé recaudar 44.000 millones anuales en nuevos impuestos

Este plan, que es un cambio de paradigma, pues históricamente la UE se había financiado principalmente a través de las aportaciones de los países –calculadas en función de su PIB–, se explica por la presión a la que se han visto sometidas las cuentas comunitarias por las deudas heredadas de la pandemia.

A partir de 2028, Bruselas tiene que empezar a devolver los más de 750.000 millones de euros que solicitó en los mercados allá por 2020 para desplegar el plan de recuperación implementado tras la Pandemia del Covid-19 –los fondos Next Generation–, con 2058 como la fecha límite en que la deuda y los intereses deben estar saldados. El problema es que cerca de la mitad de ese dinero corresponde a transferencias a fondo perdido en beneficio de los Estados miembro –en el caso de España, 80.000 millones hasta ahora– y que, por tanto, hay que devolver a través del presupuesto comunitario.

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Esto ha puesto a la Comisión en un aprieto, pues la histórica racanería de los países del norte –Alemania, Países Bajos, Suecia o Dinamarca– le garantiza que no podrá contar con mayores transferencias de los Estados. Esta tensión, precisamente, se ha evidenciado con el inicio de la negociación del próximo presupuesto de la UE –el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP), de 2028-2034 en este caso–, que ha arrancado con una propuesta de Bruselas que es conservadora en lo que refiere al gasto.

El MFP presentado el pasado 17 de julio está dotado con dos millones de euros, el equivalente a apenas un 1,26% de la renta nacional bruta de los Veintisiete. Con esto, Von der Leyen tendrá que financiar partidas clave como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión, que desde que se creó la UE han servido para que los países más pobres se acerquen a los ricos en niveles de renta. Y a la vez que hace eso, deberá aumentar la asignación para defensa y competitividad –como pedía el plan Dragui– y devolver a los mercados lo que le prestaron para financiar el programa Next Generation.

Como explica a ABC Mario Kölling, profesor de Ciencia Política en la UNED y experto en el presupuesto comunitario, nunca un presidente de la Comisión había tenido que hacer tanto con tan poco.

Como ya se ha avanzado, el principal problema son esos 400.000 millones más intereses a devolver por las deudas contraídas tras la pandemia. De hecho, si se descuenta el pago de esa partida, el presupuesto para 2028-2034 cae al 1,15% de la renta nacional bruta europea, sólo 0,02 puntos porcentuales más que en el presupuesto actual. Concretamente, el plan de la Comisión es que en los próximos siete años se devuelvan 169.000 millones de euros en concepto de deuda por los Next Generation, a razón de 25.000 millones anuales.

De ahí la importancia de recaudar nuevos impuestos, explica Kölling, pues los ingresos fiscales de Bruselas –principalmente, aduanas– no tienen margen de aumento. A partir de ahí, sigue el experto, está por ver qué consigue Von der Leyen, pues parte de los nuevos recursos propuestos han generado reticencias en algunas capitales dado el efecto sobre sus cuentas nacionales.

Entre los nuevos recursos propios que propone el equipo de Von der Leyen, el más cuantioso es el que afectará a residuos electrónicos no recogidos, una tasa que pagarán los Estados y con la que Bruselas prevé recaudar 15.000 millones anuales. Concretamente, la idea es 'castigar' a los gobiernos menos eficientes en el reciclaje de tabletas, teléfonos u ordenadores, y premiar a los más eficientes. El problema, y así lo ha denunciado la industria, es que probablemente la tasa se traducirá en mayor presión fiscal sobre las empresas. Sigue la modificación al alza del impuesto sobre el tabaco, una medida que en nuestro país podría elevar hasta en dos euros el precio por cajetilla y que redundará en ingresos por valor de 11.000 millones anuales para la UE.

Muy polémico también ha sido el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, que extiende al transporte por carretera y a los edificios e instalaciones industriales la obligación de comprar derechos por las emisiones, como ya ocurre en el transporte marítimo. Con esta medida, Bruselas estima que recaudará 9.600 millones al año, aunque en países como España, donde el transporte depende en un 96% del tráfico rodado, el precio a pagar podría ser una mayor inflación. En lo que refiere a las empresas, otro golpe llega por la vía del CORE, un nuevo gravamen que impondrá una contribución anual a las sociedades con un volumen de negocios neto superior a los 100 millones de euros. En este caso, la carga fiscal adicional para el tejido productivo de los Veintisiete ascenderá a 6.800 millones anuales.

Con 1.400 millones de recaudación prevista, cierra la lista el llamado 'Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono', que a partir del año próximo pondrá un precio al carbono emitido durante la producción de mercancías intensivas importadas a la UE.

Sea como fuere, si el plan presupuestario de Von der Leyen ha supuesto una verdadera revolución no es por estos recursos nuevos, sino por el hecho de que fusiona los fondos de la PAC, cohesión, migración, clima o seguridad en una partida conjunta que será transferida a los países para que gasten en lo que consideren más prioritario. Según explican expertos a ABC, se trata de una maniobra astuta por parte de la política alemana, pues le permitirá compartir la responsabilidad por un reparto de fondos que con toda seguridad dejará víctimas.

El caso es que este plan se ha topado con la oposición de la coalición europeísta en la Eurocámara, que lo considera una «renacionalización» de las cuentas. También genera críticas el mínimo blindado para las ayudas directas de la PAC, un total de 302.000 millones de euros que el campo considera un recorte encubierto, pues es un 20% menos que la asignación actual.

Esto ha obligado a la Comisión a presentar una propuesta alternativa para evitar un varapalo en Estrasburgo. La última oferta consiste en aumentar la parte blindada para el campo con un 10% más sobre el total de los fondos. Está por ver qué respuesta recibe Bruselas.

La modificación de la propuesta presupuestaria anunciada ayer por la Comisión Europea tras una reunión exprés el martes con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, no ha convencido a las organizaciones agrarias. En un comunicado muy duro, ayer Asaja consideró el aumento de fondos planteado por Ursula Von der Leyen (un 10% 'extra' sobre el total del presupuesto rural) como un ejercicio de «trilerismo».

Asaja considera que el MFP actual supone un recorte estructural del 17% (no ya el 20% inicial) en las ayudas directas y del 40% en los fondos de desarrollo rural, una partida que hasta ahora estaba blindada y al margen de las ayudas directas. Con todo, las organizaciones agrarias europeas mantienen la tractorada prevista para el 18 de noviembre en Bruselas, coincidiendo con la próxima reunión de jefes de Estado de la UE en la capital belga, una movilización que aseguran será «histórica»