Bruselas ordenó una auditoría sobre el sistema español de control de los fondos europeos tras detectar debilidades

Según ha podido saber ABC, el pasado 26 de septiembre un grupo de funcionarios de la Unidad de Control y Evaluación del departamento de asuntos económicos de la Comisión aterrizó en España para realizar lo que en jerga comunitaria se denomina una auditoría combinada, con el doble objetivo de, por una parte, fiscalizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión desarrollado por España para recopilar, almacenar, verificar y certificar de forma fiable los datos sobre la ejecución de los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas por el Reino de España, y, por otra, verificar el cumplimiento efectivo de media docena de estos hitos.

Los recelos de la Comisión explican que Pedro Sánchez no haya pedido aún el tercer desembolso de los fondos –6.800 millones–, que estaba previsto solicitar en septiembre. El temor en el Gobierno es doble, informan las fuentes de toda solvencia consultadas por ABC: «por una parte, que no le den el tercer desembolso completo, porque pueden descontar una parte por lo que no ha cumplido; por otra, que cuando lo presente y la Comisión vea que los hitos no se han cumplido, no pague o solo pague una parte».

El riesgo es real, ya que, según indican estas fuentes, «existen líneas rojas de incumplimientos serios en varios hitos», entre los que se destaca el hito 173, el que exige el desarrollo de un sistema integrado de gestión e información de los fondos, el llamado sistema Coffee. Se trata de la herramienta informática donde tienen que volcarse todos los datos sobre la ejecución de los proyectos, los organismos responsables de su tramitación y los beneficiarios de los fondos.

El Gobierno se comprometió con la Comisión a tener operativo el sistema antes del cierre de 2021 y de hecho era uno de los hitos que España debía cumplir para recibir el primer desembolso de fondos europeos. No lo consiguió, pero la Comisión dio el hito por cumplido porque el diseño de base de la herramienta respondía a los requisitos exigidos y porque España se comprometió a acelerar su plena operatividad. A día de hoy todavía hay dudas en torno a su correcto funcionamiento. Hacienda asegura que la aplicación ya opera con normalidad, pero como ha venido informando ABC un puñado de comunidades autónomas continúan sin poder volcar la información recabada sobre la ejecución de los programas que les corresponden en el sistema Coffee e incluso dudan de que vayan a poder hacerlo algún día.

La auditoría realizada el pasado mes de septiembre evidencia que la Comisión no las tienes todas consigo en cuanto a la diligencia del Gobierno en este asunto. Desde el Ministerio de Hacienda se enmarca el ejercicio, que se ha ejecutado sin luz ni taquígrafos, con la más absoluta discreción, en el funcionamiento normal «del programa de auditorías de la Comisión para todos los Estados miembro que han recibido fondos» y se añade que el Gobierno trabaja ya para solicitar el tercer desembolso de los fondos.

Es cierto que España no es el único país al que Bruselas ha exigido mejoras en sus sistemas de control, también lo ha hecho con Francia, Italia o Bélgica, pero también lo es que hay países como Alemania a los que no se ha requerido información adicional al respecto y que Bruselas ha restringido su supervisión a los países en los que no ha visto avances significativos. Desde la Comisión también se ha dejado claro a los países que cumplir sus requerimientos respecto a los sistemas de control será una condición necesaria para recibir los desembolsos del fondo.

En el Gobierno son conscientes de la situación. Días antes de la llegada de los auditores de la Comisión, el Gobierno aceleró 'in extremis' los contactos con la Agencia Tributaria y los colegios de registradores y notarios para obtener ayuda en el volcado de datos de los beneficiarios reales de los fondos, según confirman las fuentes consultadas. Sin éxito. El objetivo era tener una baza para atenuar la desconfianza de Bruselas y ofrecer un sistema fiable de cruce de datos para prevenir conflictos de interés en los destinatarios de los fondos, el gran temor de la Comisión.

«España tiene los antecedentes que tiene y estamos en el punto de mira. Quieren comprobar que si en un concurso gana una empresa, no esté sujeta a conflictos de intereses porque reciba fondos de otros sitios o tenga interés directo con quien le está dando los fondos, que no sea el amigo, ni el padre ni el hijo», advierten las fuentes consultadas.

La auditoría realizada en septiembre ha fiscalizado el cumplimiento de media docena de hitos como la mejora de plantilla de la Agencia Tributaria o la identificación de contribuyentes extranjeros con bienes y derechos con trascendencia fiscal en España.